TEPIC, NAY., 2 de diciembre (proceso). Poco después de las tres de la tarde del domingo 26 de noviembre, las autoridades del penal de Miahuatlán, Oaxaca, informaron a los familiares de los internos detenidos el día anterior, en el choque de policías y manifestantes en el centro histórico de esa ciudad, que se suspendía la hora de visita porque los reclusos iban a comer. Todavía estaban en las inmediaciones del penal decenas de visitantes cuando dos helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública federal descendieron y los presos fueron obligados a abordar.
Reyna Ruiz, esposa del detenido Roberto Morales Hernández, relata: «Los llevaban en fila, con esposas en las manos y mirando hacia el piso; había mujeres y hombres con la ropa o los cabellos manchados de sangre y a otros se les veían moretones en distintas partes del cuerpo; los trataban de una manera terrible, como si de veras fueran criminales». En la fila, la mujer reconoció a Esmeralda Velásquez, estudiante del Tecnológico de Oaxaca, a quien un policía le golpeó la cabeza por levantar la mirada cuando unas amigas lanzaron gritos para apoyarla. Igual castigo sufrió Javier Alavez Ramírez al voltear a ver a su amigo José Juárez Hernández.
De acuerdo con éste, entre los presos trasladados había adolescentes de 14 o 15 años; incluso, «un elemento de la PFP empujaba a un muchacho y lo iba golpeando mientras avanzaban rumbo al helicóptero». Un operativo similar se realizó en la cárcel de Tlacolula. En la madrugada del lunes 27 de noviembre, 141 personas fueron traídas a Tepic desde centros de reclusión oaxaqueños y encerradas, bajo extremas medidas de seguridad, en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4 Noroeste, a 15 kilómetros de la capital nayarita. Así los nuevos prisioneros 107 hombres y 34 mujeres, algunas mayores de 50 años o adolescentes se convirtieron en compañeros de prisión de famosos reos como el que fuera zar antidrogas, Jesús Gutiérrez Rebollo, quien purga una condena por narcotráfico en ese penal federal.
El engaño
Sin conocer el destino de los detenidos, sus familiares empezaron su búsqueda por distintas cárceles de Oaxaca. Reyna Ruiz insiste: «Nos engañaron y anduvimos de penal en penal. Primero dijeron que se los habían llevado a Tlacolula y, cuando llegamos, nos dijeron que no estaban ahí; entonces nos mandaron a Cimatlán y tampoco; cuando regresamos a Miahuatlán había un cerco de policías y pensamos que sólo los habían sacado a pasear, porque sabemos que los torturan así: amenazándolos de que los van a tirar de los helicópteros».
Sin embargo, a las 22:30 horas del 26 de noviembre los policías obligaron a medio centenar de familiares a retirarse de los alrededores del penal de Miahuatlán, encañonándolos con sus armas y con advertencias altisonantes. José Juárez Hernández refiere que el penal de Tlacolula fue desalojado de igual manera a las 3:00 horas del 27 de noviembre, cuando un grupo de personas exigía ver a los detenidos. «No van a poder hablar con nadie… más les vale retirarse, tienen 10 minutos para hacerlo», les dijo un jefe policiaco. Los familiares se enteraron ese lunes, o incluso hasta el martes, del paradero de los detenidos, y eso en los periódicos y sitios de internet.
Fabián Juárez Martínez, hermano de la aprehendida Silvia Brígida Juárez Martínez, de 43 años, explica que «había versiones de que se los habían llevado a Tehuantepec, a Puebla, al Estado de México o a Nayarit». Él fue uno de los primeros familiares de presos que llegó a Tepic, el martes 28 de noviembre por la noche. Al día siguiente, desde las 8:30 horas intentó ingresar al Cefereso a visitar a Silvia, pero ni siquiera pudo acercarse al edificio: dos kilómetros antes, agentes de la PFP le cerraron el paso en un retén. Entonces se regresó a promover un amparo en Tepic contra la incomunicación de su hermana (registrado con el número 03730/2006 en el Juzgado Segundo de Distrito de esta ciudad).
Y pese a que le fue informado de que a las 16:00 horas había sido realizada la notificación, se le volvió a impedir la entrada. Para entonces, alrededor de 25 familiares de presos ya se encontraban en el acceso, pero tampoco pudieron entrar al penal. Desde el lunes, diputados, organizaciones de derechos humanos, abogados y reporteros habían intentado ver a los reclusos, sin éxito. De hecho el miércoles 29 al mediodía los abogados Jesús Juárez Cortés y Norman Leyva Benítez, integrantes de la Asociación Mexicana de Asesores en Derechos Humanos (AMADH), iniciaron un juicio de amparo para que se les permitiera el ingreso, pero el jueves 30 todavía no obtenían respuesta favorable del Juzgado Segundo de Distrito.
Casi al anochecer del miércoles 29, los custodios de la PFP informaron que sólo habría acceso para los familiares, pero dieron a conocer una lista de 18 requisitos: documentos notariados, cartas de recomendación, comprobantes de domicilio, actas de nacimiento, actas de matrimonio y otros más para corroborar el parentesco y buena conducta. En ese momento sólo lograron entrar tres personas, quienes al salir confirmaron los temores de todos: la mayoría de los detenidos estaban golpeados y habían sufrido tortura física y psicológica.
Sin defensa confiable
Juventino Orozco Moreno, que sí pudo ingresar al Cefereso a ver a su hermano Abel, narró el jueves que éste tiene una sutura de tres puntos en la cabeza, hematomas en ambos pómulos y en los muslos, así como dolor en las costillas. «Además de los golpes físicos, los torturaron psicológicamente. Cuando los traían en el avión les decían que ya se los había llevado la chingada, les preguntaban en qué lugar querían caer, que nadie los iba a encontrar nunca, que se olvidaran de sus familiares», cuenta Juventino Orozco en una conferencia de prensa que ofreció frente al Palacio de Gobierno de Nayarit.
Abel Orozco fue aprehendido al salir de la imprenta donde trabajaba y, dice su hermano, «le robaron un discman, discos compactos y mil 400 pesos, su salario de la semana». De acuerdo con distintos testimonios, varios presos no pertenecen a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) ni acudieron a la manifestación del sábado 25, sino que habían salido de sus trabajos o se ocupaban de asuntos personales cuando fueron detenidos.
Es el caso de Silvia Brígida Juárez Martínez, quien según su hermano Fabián fue detenida cuando iba de compras para surtir su papelería. Y Javier Sosa Martínez, presidente municipal de San Juan Yae, fue aprehendido cuando fue a recoger a su hija a la salida de sus clases de danza, cuenta su hermano Saúl. A su vez, Blanca Mendoza Ramírez, de 53 años de edad, realizaba en Oaxaca un trabajo de investigación sobre ciencias políticas cuando fue detenida, asegura su hermano Cuauhtémoc.
A decir del abogado Andrés del Campo Ortega, miembro de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), 213 personas detenidas en Oaxaca fueron trasladadas a diferentes penales del país; 141 están en Tepic. Del Campo Ortega, quien llegó a esta ciudad el martes pasado para coordinar la defensa jurídica de los presos oaxaqueños, lamenta que no se haya permitido a los abogados y defensores de los derechos humanos ingresar al Cefereso. Hasta ahora, únicamente han ingresado visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quienes según el representante de la Limeddh reportaron que los internos presentaban lesiones no graves.
No obstante, dice Del Campo, «supimos que un compañero llamado Raúl trae dos costuras de 15 centímetros, el hombro probablemente dislocado y posible fractura de costillas: si eso son lesiones menores, no sé qué podremos encontrar cuando la CNDH empiece a señalar que hay lesiones graves». Entre el lunes y el miércoles pasados, período en que los internos estuvieron no pudieron ver a nadie, se les tomó dentro del Cefereso la declaración preparatoria.
El abogado Norman Leyva, de la AMADH, señala que hasta el jueves 30 de noviembre no se había logrado que los presos oaxaqueños tuvieran una defensa independiente del gobierno, pues sólo se permitió el acceso a los defensores de oficio de Nayarit. ¿La intención fue que los detenidos no contaran con una defensa de su confianza durante su declaración preparatoria? Nosotros suponemos eso, porque no nos han permitido participar en su defensa. Como la violación de los derechos humanos ha sido de parte del Estado, la maquinaria del Estado está operando en ese sentido. Creemos que es para fabricarles delitos. Fortino Santiago Reyes, jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social, está preocupado por la situación de cinco familiares suyos, indígenas mixtecos.
En particular, teme por la situación de su hermana Aurelia Santiago, de 51 años de edad, quien no habla, lee ni escribe castellano. «No sé cómo le hayan tomado su declaración, posiblemente diga sí a muchas cosas que no entiende y la pueden culpar de cosas que no cometió; el problema es que no hay traductores para indígenas y no me dejan pasar para estar con ella», denuncia. Tras la instalación de un campamento del Comité de Familiares y Amigos de Desaparecidos, Asesinados y Presos del Pueblo de Oaxaca (Cofadappo) frente al Palacio de Gobierno de Nayarit, la Limeddh hizo el jueves pasado un llamado a Amnistía Internacional y a la Organización de las Naciones Unidas para que envíen visitadores a Nayarit a fin de velar por la seguridad de los «presos políticos».
Del Campo considera que en los últimos días del sexenio de Fox el gobierno federal enseñó «el brazo faccioso, el uso excesivo de la represión en contra de los oaxaqueños». Y añade: «Tememos que se incremente este tipo de acciones con el inicio del nuevo gobierno». La llegada de los detenidos oaxaqueños a Nayarit provocó que el gobernador Ney González manifestara su preocupación por la estabilidad social de la entidad y que el Congreso del estado aprobara un punto de acuerdo en el que se exhortó al Ejecutivo federal a reubicar a los internos. Y los empresarios, aglutinados en torno al Consejo Empresarial, cámaras y clubes de servicio de la entidad, publicaron un desplegado en la prensa local: «Rechazamos que los reos de Oaxaca estén recluidos en Nayarit… Nayarit no es el resumidero social de otros estados».
Fuente: “Incomunicados y torturados”, Pedro Zamora Briseño. Proceso No. 1570, 3 de diciembre de 2006