Tensado al máximo el conflicto social que erosiona a Oaxaca -uno de los principales focos de ingobernabilidad en el país y donde el jueves último fue asesinado un manifestante-, la Secretaría de Gobernación envió a esa entidad -tardíamente- a un grupo de apagafuegos. Incapaz de dar cauce a las demandas magisteriales que se convirtieron en movimiento ciudadano, el gobernador priista, Ulises Ruiz, se aferra al cargo, en tanto que la llamada asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca no da visos de ceder.
OAXACA, OAX.- La larga hilera de manifestantes -compuesta por unas 20 mil personas- marchaba con lentitud por la calle Niños Héroes de esta ciudad, cuando de pronto les empezaron a disparar. Las balas dispersaron a la muchedumbre. Había llanto y gritos. Algunos manifestantes comprobaron que los disparos salían de la azotea de la casa marcada con el número 130, por lo que se lanzaron contra el inmueble y le prendieron fuego. Uno de los marchistas, José Jiménez Colmenares, resultó muerto de un balazo que se le incrustó en el corazón.
Para las autoridades oaxaqueñas, sin embargo, los disparos salieron del propio contingente que desfilaba. Era la noche del pasado 10 de agosto y las llamas del incendio lanzaban una espesa humareda negra. La esposa del occiso, la profesora Florina Jiménez Lucas, cuenta sollozando: «Yo venía con mi marido en la marcha. Él se me adelantó un poco. Después se oyeron muchos disparos y vi cómo un compañero traía cargando a mi esposo. Su muerte es obra del gobernador Ulises Ruiz.»
La procuradora del estado, Lizbeth Caña Cadeza, en una conferencia de prensa realizada el viernes 11, deslindó al gobierno oaxaqueño de los hechos, señalando que el tiroteo fue producto de una «riña» que se dio en la calle por donde pasaba la manifestación: «Se da una riña y se desenlazan todos los acontecimientos… No podemos establecer todavía quiénes realizaron los disparos». Lo cierto es que, de esta manera, cayó el primer muerto en un tiroteo público, producto de la ya prolongada confrontación que sostiene el gobierno de Ulises Ruiz desde el pasado mes de mayo con los maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes insisten en la renuncia del mandatario y son apoyados por las organizaciones agrupadas en la llamada Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO).
Alerta en Gobernación
Y es que Oaxaca representa uno de los principales focos rojos en el país debido a la ingobernabilidad manifiesta en la entidad. Las acciones de los maestros de la Sección 22 y de la APPO cobran dimensión nacional, sobre todo en esta coyuntura en que la coalición Por el Bien de Todos mantiene sus jornadas de resistencia civil en la Ciudad de México, además de movilizar a sus seguidores en varios estados. Así lo reconoció la Secretaría de Gobernación, por lo que el viernes 11 emitió un comunicado en el que conmina a todas las partes en conflicto a transitar por la vía del diálogo y la conciliación.
Renuente a encarar la problemática que envuelve a Ulises Ruiz a pesar de los constantes exhortos del mandatario, finalmente Gobernación envió a un grupo negociador encabezado por Francisco Yáñez Centeno, director general adjunto de la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales de la dependencia, según el comunicado, en el que la dependencia «reitera su convicción de que la solución a la problemática que hoy vive el estado de Oaxaca debe pasar necesariamente por el camino del diálogo y la conciliación…, la situación que hoy vive el estado de Oaxaca es reflejo de una problemática que desde hace algunos años se ha ido complicando y que tiene múltiples aristas».
El pasado 6 de agosto, cuatro días antes del tiroteo, el gobernador oaxaqueño envió una desesperada misiva al procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, en la que le pide su intervención. Este es el texto de la carta: Con motivo de los acontecimientos derivados del movimiento magisterial en el Estado de Oaxaca, con el presente hago de su conocimiento que la llamada Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) ha anunciado públicamente y a través de los diversos medios de comunicación, que a partir del día de mañana lunes 7 de los corrientes, en el marco de sus movilizaciones, va a bloquear y con ello impedir el libre tránsito de las personas y vehículos en las principales carreteras federales existentes en el Estado de Oaxaca, lo que hago de su conocimiento a efecto de que se tomen las providencias necesarias para que, en caso de que cumplan con esta amenaza, la Procuraduría General de la República a su cargo conozca de los hechos por la probable comisión de ilícitos de carácter federal, fincando la responsabilidad legal correspondiente y solicitando el debido ejercicio de la acción penal, con el propósito de salvaguardar la libertad, el tránsito y la integridad física de los ciudadanos mexicanos.
El clímax de la revuelta
El asesinato de Jiménez Colmenares -un mecánico de 50 años de edad- es el episodio más reciente de una cadena de hechos violentos que están llevando a Oaxaca a la ingobernabilidad, entre los que se encuentran el frustrado operativo policiaco, del pasado 14 de junio, con el que se intentó desalojar a los maestros paristas que ocupan el centro de la ciudad; la quema del auditorio de la Guelaguetza; la incursión armada de unos desconocidos al periódico Noticias o el asesinato de tres indígenas miembros de la APPO. A través de spots radiofónicos y televisivos que fueron pasados al aire el lunes 17 de julio, un Ulises derrotado anunciaba así la suspensión de la Guelaguetza: «La fiesta máxima de los oaxaqueños será pospuesta hasta nuevo aviso, para evitar el riesgo de que grupos radicales agredan a los participantes, a los turistas o a los propios oaxaqueños.»
El obispo emérito de Tehuantepec, Arturo Lona, quien era miembro de la hoy extinta comisión de intermediación que intentaba conciliar a las partes, comenta que él y los otros dos miembros de la comisión -el pintor Francisco Toledo y el sacerdote Wilfrido Miaren- le sugirieron a Ulises Ruiz suspender la festividad: «El gobernador estaba muy nervioso y muy tenso por el incendio, pero empeñado en realizar la Guelaguetza. Nos decía: ‘Voy a realizar los festejos, como cada año, cueste lo que cueste’. Y nosotros le decíamos: ‘No le conviene, porque hay grupos radicales que lo están boicoteando y lo que quieren es que haya violencia. Le están tendiendo una trampa’. Finalmente, el gobernador decidió hacernos caso», comenta el obispo. Y señala que fue un error del gobierno oaxaqueño implementar el operativo policiaco mediante el que intentó desalojar a las decenas de miles de maestros que tienen tomado el centro de la ciudad: «A partir del operativo del 14 de junio, el conflicto se polarizó todavía más. Surgió la APPO, a la que se integraron grupos de vándalos que intentan crear mártires.»
La noche del 22 de julio, un grupo de hombres que vestían de negro y llevaban armas de alto poder, tiroteó las instalaciones de Radio Universidad. Días después, el 7 de agosto, una «brigada móvil» del magisterio y de la APPO fue atacada a balazos y con gases lacrimógenos por un comando de la Policía Municipal. El pasado 9 de agosto, dos desconocidos con armas de fuego irrumpieron en las oficinas del periódico Noticias. Las accionaron y provocaron heridas a tres voceadores y a un distribuidor del diario. Ese mismo día, fueron acribillados tres indígenas integrantes de la APPO, Andrés Santiago Cruz, Pedro Martínez Martínez y Octavio Martínez, en una emboscada en la carretera que va de Putla de Guerrero a Santiago Juxtlahuaca, en la región mixteca. Fueron éstos los principales actos violentos que precedieron a la balacera en la que murió Jiménez Colmenares.
Inconformidad acumulada
Para el sacerdote Wilfrido Mayrén, coordinador de la comisión de Justicia y Paz de la arquidiócesis de Oaxaca, el escenario que se está dando en el estado puede expandirse a otros puntos del país, dado el actual conflicto poselectoral de dimensión nacional. Y recuerda que en 2004, cuando Ulises Ruiz y Gabino Cué se disputaron la gubernatura de Oaxaca, también tuvo que intervenir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debido a las protestas y a lo cerrado de las votaciones, situación que ahora se repite en el ámbito nacional entre los candidatos presidenciales Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. «México necesita certidumbre y confianza en sus comicios federales, para que no se repita el escenario que estamos viviendo en Oaxaca, donde además se está dando un terrorismo psicológico -como los rumores acerca de lanzar bombas molotov- para generar miedo y enardecer los ánimos», dice Mayrén. Enrique Rueda Pacheco, líder de la Sección 22, reitera: «Nuestra demanda fundamental sigue siendo la salida de Ulises.
Desconocemos totalmente a su gobierno. No podemos negociar con él porque, sencillamente, para nosotros ya no existe ese gobierno. Si Ulises renuncia, se resuelve el problema». E indica que los representantes federales que enviaba la Secretaría de Gobernación para dialogar, sólo le «daban largas al conflicto», puesto que le apostaban al «desgaste de nuestro movimiento». Agrega: «Pero día con día nuestro movimiento sigue creciendo. Mientras que los poderes estatales ya dejaron de funcionar. Hay ingobernabilidad en Oaxaca. Eso es público y notorio. Aquí se refleja más claramente la crisis estructural que se vive en el país.» Pero Ulises Ruiz sigue aferrado al cargo.
Y con la intención de aplacar las protestas, el pasado 10 de julio realizó cuatro cambios en su gabinete. Sin embargo, esto le granjeó más impugnaciones al gobernador, contra quien, desde el 27 de junio, se presentó ante el Congreso local una solicitud formal para que se le haga «juicio político y revocación de mandato». En el documento presentado por la APPO y la Sección 22 del SNTE se expone que en su administración «persiste un clima de violaciones flagrantes y sistemáticas a los derechos humanos… que colocan en serio riesgo la convivencia pacífica, el estado de derecho, la gobernabilidad y el orden institucional en Oaxaca». En tanto, el magisterio y la APPO siguen organizando jornadas de «desobediencia civil y pacífica» que consisten en desconocer a todas las autoridades impuestas por Ulises.
En un comunicado de la APPO, del 11 de julio, se señalan algunas acciones de desobediencia: «No pagar los impuestos y servicios al gobierno del estado, boicot al consumismo contra las grandes tiendas de autoservicio, desobedecer a las autoridades de tránsito municipal y estatal, a los ministerios públicos y jueces, y desarrollar todas aquellas acciones que contribuyan a evidenciar la falta de autoridad en Oaxaca». Para Porfirio Santibáñez, del Instituto de Investigaciones en Humanidades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), «el movimiento magisterial abrió la puerta para que saliera toda la inconformidad social que estaba acumulada y que ahora, por fin, se está expresando». Agrega que Ulises Ruiz, debido a su falta de sensibilidad, intentó cambiarle «el rostro y el alma a una entidad que tiene símbolos culturales muy importantes. Empezó a destruir parques y jardines, a tumbar árboles, a destruir el hábitat de la gente. No escuchó los reclamos de la sociedad agraviada. Vino la ruptura. Ahora irrumpe el descontento acumulado».
El PRI, a la baja
-¿Influyó esto en la baja votación que, en los pasados comicios, obtuvo el PRI? -se le pregunta a Santibáñez. -Obviamente que se dio un voto de castigo en Oaxaca, que se acentuó todavía más a raíz del frustrado operativo de desalojo del pasado 14 de junio. A esto se le suma la tendencia a la baja que ya venía arrastrando el PRI a nivel nacional. De esta manera, quedó totalmente borrado el millón de votos que le prometió Ulises al candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo. Nunca antes ese partido había perdido en Oaxaca una elección federal. En la entidad, Madrazo sólo obtuvo 428 mil 26 votos -menos de la mitad de los que le había prometido el gobernador-.
Mientras que el candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, se colocó en primer lugar, con 620 mil 62 votos. Y de las 11 diputaciones federales en disputa, el PRI sólo ganó dos. Hasta en la casilla en la que votó Ulises Ruiz el día de los comicios -ubicada en la colonia Reforma de la ciudad de Oaxaca- perdió Roberto Madrazo. Aparte de la baja votación priista en Oaxaca, una de las razones del distanciamiento es que Ulises le pidió a Madrazo que reconociera el triunfo del PAN. «Hay que reconocer el triunfo de Felipe Calderón», le propuso el oaxaqueño. Y Madrazo contestó molestísimo: «No voy a ser el Zedillo de 2006». Pero lo peor es que, ahora, el gobernador de Oaxaca vive prácticamente recluido. Las protestas en su contra le impiden incluso realizar actos públicos.
La casa de gobierno ha sido tomada varias veces por el magisterio. Se dice que, de manera casi clandestina, despacha ocasionalmente en el hotel Los Laureles. Comenta Porfirio Santibáñez: «Estos son otros síntomas de la ingobernabilidad que empieza a imperar en Oaxaca. Por ejemplo, en Río Grande, Ulises tuvo que salir huyendo por las protestas que generó. En Jamiltepec, iba a colocar la primera piedra de un mercado y no se lo permitieron. En Teotitlán, iba a hacer entrega de unos documentos, pero le avisaron que se organizaba una manifestación en su contra y prefirió no ir. Ha cancelado giras por el Istmo debido a los mismos motivos…, así no se puede gobernar. «Anteriormente, con el viejo régimen priista, cayeron tres mandatarios estatales que no aseguraban la gobernabilidad.
El presidente de la República se alarmaba y quitaba al gobernador. Le daba otra responsabilidad y así resolvía la crisis. Ahorita, por lo menos, el Senado ya debería de haber mandado una comisión para que investigara si hay o no ingobernabilidad.» -¿Qué es lo que sostiene al gobernador Ulises Ruiz? -Hay intereses políticos que le impiden al Senado cumplir con su papel. Si en este momento tuvieran que desaparecer los poderes en Oaxaca y se quitara a Ulises, se tendría que convocar a nuevas elecciones para nombrar a un gobernador provisional. Y lo que se quiere es justamente impedir que los oaxaqueños elijan a un nuevo gobernador, que pertenecería obviamente a un grupo político muy distinto al del actual mandatario.
«Se quiere prolongar este conflicto hasta diciembre próximo, que es cuando Ulises cumple dos años de gobierno y, de acuerdo con la Constitución local, entonces el Congreso oaxaqueño, en poder del PRI, puede nombrar un gobernador interino sin necesidad de elecciones. Así se designaría a otro priista que siga teniendo el control del estado.» -Pero todavía faltan cuatro meses para diciembre. -Sí, será muy riesgoso mantener el conflicto durante tanto tiempo. Las cosas se irán descomponiendo. En diciembre también tomará posesión el nuevo presidente de la República. En fin, el fantasma de la ingobernabilidad se asoma en todo el país.
Fuente: “Oaxaca indolencia foxista” Pedro Matías, Rodrigo Vera. Proceso No. 1554, 13 de agosto de 2006