En su afán de aparentar que con su gobierno llegaron la ley y el orden, Felipe Calderón está enviando el mensaje equivocado en Oaxaca. Por una parte –dice un cura local que está amenazado de muerte– le cierra el cauce político a la inconformidad generada por el gobernador Ulises Ruiz, y por la otra alienta la actividad terrorista de fuerzas federales, estatales y grupos parapoliciacos que se unen a la “cacería” de integrantes de la APPO, pisoteando los derechos elementales de la población.
OAXACA, OAX.- Apenas entró en funciones presidenciales Felipe Calderón, diversos organismos de derechos humanos, sacerdotes y abogados reportan que el conflicto en el estado arroja ya un saldo de más de 200 personas detenidas arbitrariamente, 17 muertos, allanamientos a escuelas y casas, balazos a instalaciones universitarias e iglesias, así como una escalada de actos ilegales como espionaje, represión, persecución política y 40 desapariciones. No obstante, el gobernador Ulises Ruiz, respaldado por su partido, el PRI, se ufana de que ha regresado la “tranquilidad” y anuncia que se “aplicará la ley” contra los miembros de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) que participaron en las movilizaciones, sobre todo la del 25 de noviembre, cuando fueron incendiados edificios públicos y negocios turísticos. En actos relámpago a los que no invita a la prensa y a los que llega fuertemente escoltado, Ulises Ruiz rechaza la propuesta de una Ley de Amnistía que planteó el pintor Francisco Toledo, pues reitera que el conflicto ha terminado y que “la ley no se negocia”. En tanto, en la capital oaxaqueña no sólo temen los simpatizantes del movimiento popular, sino también las familias de quienes fueron aprehendidos y trasladados a cárceles de máxima seguridad con cargos de secuestro, robo, lesiones o despojo, aunque no hayan participado en las marchas ni en los enfrentamientos. Pero 30% de esas personas no tienen ninguna relación con el movimiento popular, según el cuerpo de abogados de la APPO. La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca registró, a su vez, otros siete casos de detenciones a inocentes. La violencia de las policías federal y estatal bajo el mando del jefe del Estado Mayor de la PFP, Ardelio Vargas, es secundada por grupos de “parapolicías” o de sicarios vestidos de civil que han disparado contra iglesias y escuelas. Se transportan en autos con placas de otros estados, siempre con armas. El pasado 26 de noviembre, la iglesia de los Siete Príncipes, a cargo del padre Carlos Franco Pérez Méndez, que apoyó la instalación de una brigada médica en su parroquia, fue baleada desde un vehículo. También el auto del párroco recibió impactos y, después de eso, el padre Franco ha sido amenazado de muerte. Otro sacerdote, Wilfrido Mayén Peláez, fundador del Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briceño, A.C., en la Sierra Sur de Oaxaca, ha registrado desde octubre varios incidentes que ponen en riesgo su vida. Por ejemplo, el 19 de octubre recibió dos llamadas telefónicas a su celular. Desde un “número privado” le dijeron: “Te vamos a matar, te vamos a partir tu madre, te va a llevar la (________)…”. Al día siguiente, se repitió el mensaje. A partir de entonces, hombres armados lo vigilan afuera de la sede del arzobispado, en pleno centro de la ciudad, e incluso han preguntado por él. Al mismo tiempo, algunos medios locales mantienen una campaña en contra de Mayén: lo llaman “padre guerrillero” e invitan a la gente a no acudir a sus misas. Es la sombra del “terrorismo del Esta-do”, denuncia el párroco de San Pablo Huixtepec, coordinador de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz y apoderado legal de esa arquidiócesis, quien participó en la Comisión de Intermediación junto con el obispo Arturo Lona Reyes y el pintor Francisco Toledo, en la primera etapa del conflicto. Parte de ese fenómeno son las acusaciones a defensores de derechos humanos que tienen órdenes de aprehensión, como Aline Castellanos, integrante de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) y Omar Olivar, colaborador de ONG. Igualmente han sido objeto de espionaje algunos medios de comunicación. Apenas el miércoles 6, la locutora Adela Micha dio a conocer grabaciones de charlas telefónicas del dueño del diario Noticias, Ericel Gómez Nucamendi, con algunos de sus reporteros y directivos, con las que se le pretende involucrar con la APPO.
Mensaje equivocado
Entrevistado por Proceso, el padre Wilfredo Mayén Peláez, conocido como el Padre Uvi, señala que Felipe Calderón tiene en sus manos la oportunidad de no sólo resolver el conflicto, sino de truncar a tiempo la gestación de un “gran movimiento armado”. Argumenta: “Mucha gente siente que hay terrorismo de Estado, principalmente los líderes y simpatizantes de la APPO, porque se les está persiguiendo por sus ideales, es una persecución política como hace muchos años no se veía. Esa persecución política los mete a ellos en la dinámica de decir: bueno, mi único delito es porque haya libertad, justicia y democracia en Oaxaca. Entonces no nos extrañe que al rato haya, como una consecuencia lógica a un terrorismo de Estado, un terrorismo popular. No nos extrañe que al rato en Oaxaca la gente haga justicia por su propia mano, sabiendo que no hay una aplicación honesta y auténtica de la ley”. – ¿Sería la creación de grupos de autodefensa?–Sí, tendríamos efectivamente una reacción de autodefensa del movimiento social si el gobierno cancela las libertades conquistadas, la libertad de pensamiento, de expresión, de manifestación. El mensaje que le está mandando al movimiento social es equivocado: ya no puedes transitar por esta vía, elige otra. – ¿A qué vía los están mandado? –A la clandestinidad, al cerro, a las armas. – ¿Ese es el mensaje que está mandando Calderón? –Si no corrige, que no nos extrañe. No soy profeta ni visionario, pero el sentido común de cualquier persona sensata es que esto puede pasar en una semana, un mes o un año. Pero lo que vamos a tener después es un movimiento armado de grandes dimensiones. Creo que estamos invitados a aprender de la historia, ahí tenemos a las FARC en Colombia: ¿cuántas vidas, cuánta sangre ha costado, y para qué? ¿Qué se logra? Mayén sostiene que la violencia no resuelve los problemas. “Por eso Gandhi dijo: ojo por ojo y el mundo acabará ciego. Lo que se obtiene con violencia sólo puede mantenerse con violencia. El ‘orden’ y la ‘tranquilidad’ que vivimos, no existen, mucha gente se está escondiendo, están horrorizados, es gente de la calle, del barrio, de la colonia, de a pie”. – ¿Cómo definiría lo que está pasando en Oaxaca? –Hay que reconocer que hubo errores de parte del movimiento social, por ejemplo la cancelación de algunos derechos como el de libre tránsito, el derecho al trabajo, pero aún así no se puede aplicar la ley del garrote. Este conflicto tiene causas auténticas, legítimas, profundas, porque Oaxaca necesita una transformación estructural, reformas, constitucionales, electorales, administrativas, que nos hagan vivir en un estado distinto.
El padre Mayén Peláez vivió 11 años y medio en la sierra sur oaxaqueña, una zona de conflictos agrarios y una de las más pobres del país. Ahí vio cómo el gobierno estatal trataba de paliar la pobreza con bultos de cemento en un programa muy similar al que acaba de iniciar el presidente Felipe Calderón en Tlacoachistlahuaca, llamado “piso firme”, y que se extenderá a los 100 municipios más pobres del país. “Para la gente lo más importante es el trato que se le dé. No sirve de nada que a la gente le des un bulto de cemento, y que la trates como animal. Si la tratas como persona, igual le das un bulto de cemento, pero entiende que el sentido es otro, que no sólo le quieres comprar el voto o la conciencia, sino que estás buscando resolverle un problema real.” –Se piensa que el movimiento popular de la APPO se va a terminar con la detención de los dirigentes… –Están rotundamente equivocados. Ciertamente la correlación de fuerzas cambia, eso no hay que ignorarlo, pero que se termine el movimiento… Están sembrando más convicción en el corazón de la gente, porque muchos de ellos que no tenían incluso nada que ver con el movimiento, ahora simpatizan porque les tocó vivir en carne propia lo que han vivido otros. Por eso digo que hay un problema de visión y de percepción. Si este asunto no cambia, va a tener que cambiar todo el país, no sólo Oaxaca. Que no nos extrañe que esta tradición centenaria se vaya a repetir: 1810, 1910, 2010…
La escalada represiva
El clima de persecución política que se incrementó desde el 25 de noviembre ha obligado a los dirigentes de la APPO a salir clandestinamente de la entidad, sólo para ser detenidos en el Distrito Federal bajo cargos fincados desde el gobierno de Ulises Ruiz: robo, despojo, secuestro y daño a bienes del Estado. A partir de entonces, la ciudad de Oaxaca es patrullada por policías federales y estatales armados con rifles de asalto, a bordo de camionetas descubiertas. Así mismo, los “parapolicías” vestidos de civil han realizado operativos en busca de simpatizantes de la APPO en calles, casas y escuelas, e incluso en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), cuya fachada recibio al menos 15 balazos la noche del 25 de noviembre. Aquel día fueron detenidas 147 personas, y al siguiente, 26 de noviembre, los presos fueron trasladados a los penales de alta seguridad de Nayarit y Matamoros, sin que se les permitieran ver a familiares, abogados o a representantes de organismos de derechos humanos. Otro de esos casos es el del arquitecto Porfirio Domínguez, quien la tarde del sábado 25 de noviembre fue golpeado por policías federales que le fracturaron la cara al confundir el tubo de planos que llevaba con una “bazuca casera”. Después de dos días sin atención médica, Domínguez fue internado en el Hospital Civil y, tras ser operado, lo declararon formalmente preso. También fueron detenidos el día 25, en los alrededores de la plaza de Santo Domingo, Lamberto Miguel Cruz Cruz, su hermano Juan Manuel, Isaín Cruz Martínez y el pintor Gerardo Alberto Bonilla, quienes fueron trasladados al penal de Nayarit bajo la acusación de haber participado en la quema del edificio del Tribunal Judicial. Con los golpes, Lamberto sufrió un ataque diabético y aún así permanece recluido. Gerardo Alberto fue detenido cuando salía de la galería Los Cuiles, y se dirigía a buscar a su esposa. Días después de las detenciones, la familia Cruz ha recibido amenazas de muerte por parte de policías. El grupo de abogados defensores de los presos, encabezados por Ángel Sebastián Reyes, Juventino Orozco y Luis Mejía, advierten que no sólo hay irregularidades en la detención de los inocentes, sino en todo el grupo que fue traslado a Nayarit, principalmente porque no se han entregado los expedientes a la defensa y las denuncias fueron hechas por particulares, no por parte del Tribunal Judicial del Estado ni del Congreso local, a pesar de que fueron sus instalaciones las que sufrieron los daños el 25 de noviembre. En consecuencia, “no hay señalamientos directos, no hay pruebas contundentes para atribuirles la responsabilidad a determinadas personas, sino que se hizo de manera general; además, todos los detenidos presentan huellas de tortura”, indica Reyes. Juventino Orozco Moreno añade: “Se nos hace imposible una defensa porque no pudimos ver a los detenidos, nunca pudimos intervenir en los expedientes, como hasta ahora, están en total incomunicación legal. No hay acceso a los medios de defensa, prácticamente los detenidos están aislados de sus derechos”. Además, duda que entre los presos que defiende se encuentren los autores del incendio del tribunal: “Falta un peritaje serio que determine cómo se dieron los hechos, porque los verdaderos culpables sabían a qué iban. Durante el tiempo que duró el enfrentamiento, esos hechos no ocurrieron. Si algún grupo mantuvo en su poder el tribunal en su momento, si la intención era destruir, lo hubieran destruido. Esa situación no se llevó a cabo. ¿Por qué, casualmente en un último momento, cuando era una marcha pacífica se da esto? Hay situaciones políticas que influyen en el aspecto jurídico de que no se vea con claridad por qué la detención de los compañeros”. Debido a ello, los abogados estudian la posibilidad de llevar los casos ante la Su-prema Corte de Justicia de la Nación. Para ello, solicitarán a los legisladores del Frente Amplio Progresista que se apruebe un punto de acuerdo, tomando en cuenta el antecedente de la matanza de Aguas Blancas, cuando la Suprema Corte intervino de oficio al determinarse que las autoridades guerrerenses violentaron los derechos humanos.
Fuente: “Terrorismo de Estado” José Gil Olmos, Pedro Matías. Proceso No. 1571, 10 de diciembre de 2006
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