De superar las expectativas populares, Emilio Álvarez Icaza afirmó que se alcanzaría la plena transición democrática, la cual se truncó con el desencanto generado por el ex presidente Vicente Fox.
El jurista Emilio Álvarez Icaza, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, demandó al gobernador electo de Oaxaca, Gabino Cué, a hacer valer la justicia transicional y un nuevo pacto social para reparar el tejido social dañado durante la administración de Ulises Ruiz.
De no castigar a los responsables de las acciones autoritarias, Cué corre el riesgo de perder su legitimidad y credibilidad que obtuvo al triunfar en los comicios del pasado 4 de julio, mencionó. “Urge empatar expectativas con realidad en muy corto plazo, porque la distancia que hay entre la expectativa y la realidad, puede ser el tamaño del desencanto”, advirtió.
En su opinión, no basta forjar leyes, sino dotar de contenido a la transición democrática que urge y reclama el pueblo oaxaqueño. Dijo que en Oaxaca hay violaciones a los derechos humanos por acción y omisión que hacen pedazos los principios de igualdad de cualquier ciudadano ante la ley. Y se palpa en las cifras socioeconómicas, donde el estado se ubica en los últimos niveles de desarrollo, educación y salud, además de seguridad y alimentación. Estos rezagos tienen que cambiar y esta en manos del gobernador electo darle un giro a estas variantes, argumentó.
De lograr superar las expectativas populares, Oaxaca se convertiría en un laboratorio social y democrático, que logre constitucionalizar los derechos humanos para alcanzar la plena transición democrática que anhela México y que se truncó con el desencanto generado por el ex presidente Vicente Fox, explicó. Por ello planteó al gobernador electo construir como objetivos fundamentales, un pacto social basado en ritos y mitos democráticos y novedosos, y evitar el autoritarismo. Mientras que el ámbito de la justicia transicional, el ex ombudsman capitalino demandó garantizar la igualdad ante la ley y generar procesos estructurales de paz y gobernabilidad. “Si no hay sanción contra responsables de actos de corrupción y delitos graves como homicidios o desapariciones forzadas, el nuevo régimen se puede volver cómplice por omisión, ya que se permite la reproducción de la impunidad”. Como opción llamó a promover la conformación de una comisión de la verdad y reconciliación como se logró en Perú.
Óscar Rodríguez, http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/f093ccf4edf26d1cdb9c4181ba0c71f3 25/09/2012