El régimen autoritario dejo una estela de asesinatos a lo largo de los seis años de gobierno de Ulises Ruiz (solamente en el 2006 fueron más de veinte), cientos de presos y torturados en cárceles de Oaxaca, Nayarit, el Estado de México, Tamaulipas y Veracruz, con testigos amañados y procesos llenos de irregularidades.
El régimen autoritario sometió a los otros poderes del estado hasta la ignominia. Burló la supuesta independencia de los órganos autónomos y utilizó el poder judicial para perseguir a sus opositores. Como secuelas de este régimen tenemos viudas, huérfanos, personas afectadas en sus capacidades físicas, traumas psicológicos.
Las personas perseguidas fueron criminalizadas, muchas aun tienen órdenes de aprehensión vigentes, otras siguen sin gozar de sus derechos políticos plenos por los expedientes que les abrieron en los juzgados penales; no han podido votar en los procesos electorales recientes.
La justicia transicional puede ser un paliativo al sufrimiento infligido. Un bálsamo al dolor de la humillación y la vesania. Quienes han planteado el tema identifican al menos cinco aspectos básicos de la justicia transicional: Conocer la verdad; reparar el daño; reformar la ley; implementar medidas simbólicas con el propósito de garantizar que no se repetirán hechos de lesa humanidad; transformar las instituciones. Sobre los acontecimientos ocurridos en Oaxaca tenemos entre otros informes el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En estos documentos se mencionan responsables. Aun con ello, es conveniente evaluar la necesidad de instaurar una Comisión de la Verdad que ayude a la tarea de la sanación colectiva; el tejido social aun está muy lastimado. Para la reparación del daño es importante construir con las victimas un programa que les apoye a soliviantar las pérdidas que sufrieron y los mantiene en condiciones de vulnerabilidad. Para garantizar la no repetición de hechos tan lamentables, algunas de las víctimas han sugerido la creación, entre otras cosas, de un Museo de la Memoria.
Es necesario también implementar un conjunto de reformas a la ley que eviten abusos de poder como el ejercicio sin límites de la fuerza pública, la actuación de jueces de consigna, la realización de prácticas amañadas en los tribunales. El rediseño de las instituciones públicas con miras al respeto irrestricto a los derechos humanos, el apego a la legalidad, etc. son otras medidas imprescindibles en la justicia transicional. La creación de la Oficina de la Comisionada para la Atención a los Derechos Humanos; de la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social; la propuesta de Ley para Regular el Uso de la Fuerza por los Integrantes de los Cuerpos de Seguridad Pública; la atención a medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como es el caso de los 135 desplazados de San Juan Copala; la reunión que el gobernador Gabino Cue Monteagudo tuvo con víctimas del 2006, abogados y organismos defensores de derechos humanos hace apenas unos días, muestran la voluntad del nuevo gobierno de caminar por la ruta de la justicia transicional.
Sin Autor, http://www.noticiasnet.mx/portal/principal/justicia-transicional 25/09/2012