La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) informó que este miércoles se hará llegar al gobierno federal, a través del arzobispado, una propuesta para que sean destituidos el secretario de Gobierno, Heliodoro Díaz Escárraga; la procuradora de Justicia, Lizbeth Caña Cadeza; el titular de la Secretaría de Protección Ciudadana, Lino Celaya Luría, y otros mandos, »para que con ello se puedan establecer condiciones de diálogo».
La demanda del movimiento social se da en momentos en que se fortaleció, en esta capital, la versión de que Díaz Escárraga estaría por ser destituido, al igual que funcionarios de primer nivel de la administración de Ruiz Ortiz, como muestra de distensión y de apertura al diálogo. A pesar de que hoy venció el plazo que le había dado al presidente Vicente Fox para convocar a una mesa de diálogo, decidió ampliar la fecha hasta el jueves. Ante la oposición de la vocería presidencial de un encuentro entre el mandatario y la APPO, ésta consideró la opción de que las conversaciones se realicen con el secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, pero que esté presente Fox.
En conferencia de prensa rechazó también la opción que planteó el titular de Gobernación al gobernador de que logre un pacto que demuestre la gobernabilidad en el estado o solicite licencia. »Es una falsa disyuntiva; la única salida es la licencia de Ulises Ruiz», declaró Roberto García Lucero, integrante de la dirección provisional de la APPO. A su vez, el vocero del movimiento, Florentino López, afirmó que »el señor Ulises Ruiz es incapaz de sostenerse en la gubernatura y, por tanto, de generar gobernabilidad». También el PRI convocó a una conferencia de prensa para expresar »su profundo malestar» por las afirmaciones de Abascal.
El vocero priísta, Carlos Flores Rico, aseguró que la posición del funcionario foxista se trata de una »intromisión abusiva», por lo que exigió una »explicación puntual porque no contribuye a la distensión ni al diálogo». Asimismo, la APPO trató hoy de enviar una señal de distensión, al iniciar una consulta entre la comunidad estudiantil y los vecinos de las colonias aledañas a Ciudad Universitaria, para definir si es viable levantar la barricada de Cinco Señores y la avenida Universidad, aunque por la noche se generó un ambiente de tensión por ese ejercicio, sobre todo porque mientras se realizaba transitaron tres tanquetas con destino a la Plaza del Valle, donde esta madrugada fue incendiado un restaurante de comida rápida.
Los estudiantes, que mantienen cerradas las instalaciones, rechazaron entregar ese punto emblemático, sobre todo porque apenas el 2 de noviembre se libró una refriega de siete horas para evitar que la PFP lo recuperara. A su vez, en un último intento por demostrar respaldo social al gobernador, su administración y la dirigencia del PRI, así como sus organizaciones de campesinos y tianguistas realizaron una marcha. Con el soporte de las organizaciones de transportistas y de taxistas afiliados al tricolor se logró convocar a decenas de miles de personas, indígenas, campesinos y funcionarios públicos, en las principales calles de esta capital.
Inclusive, la coordinación de la caminata estuvo a cargo del director de tránsito municipal y ex diputado priísta, José Guzmán, y casi al final de la movilización, que concluyó en el Cerro del Fortín, se sumaron el dirigente estatal del PRI, Héctor Pablo Ramírez; el presidente del Congreso, Bulmaro Rito Salinas, así como el vocero del comité nacional priísta y asesor en imagen de Ulises Ruiz, Carlos Flores Rico. Como la movilización de la semana pasada, la de hoy se caracterizó por una campaña de odio en contra de la ciudadanía y los maestros que reclaman la salida de Ulises Ruiz, y de rechazo a la presunta participación en el movimiento de ciudadanos extranjeros, a quienes se les exigió »irse a Nicaragua o a El Salvador».
Además, la jornada de hoy se caracterizó por distintos actos de violencia, como el incendio provocado por encapuchados vestidos de negro, que en la madrugada lanzaron bombas molotov contra el restaurante de comida rápida Burger King, en Plaza del Valle. A las 5 de la tarde, en otro hecho, presuntos policías ministeriales detuvieron a tres brigadistas de la APPO, uno mientras caminaba por el parque El Llano, y dos más en la calle Niños Héroes, mientras que el abogado Gilberto Hernández, de la comisión jurídica de la asamblea, reportó que su casa fue agredida. Una hora después, la Policía Federal Preventiva reprimió con agua a presión, lanzada desde una tanqueta, y canicas disparadas con resortera, a mujeres vestidas de negro que marcharon por el centro histórico con veladoras encendidas.
Cuando la caminata llegó a la esquina de 20 de noviembre y Valerio Trujano, algunas de ellas arrojaron los vasos de cristal hacia los policías, y éstos retrocedieron unos pasos para dejar libre la vía a la tanqueta. Ahí resultó herida, por una piedra en la nariz, la maestra de educación indígena Josefa Bravo Higinio. Roberto García Lucero, también de la dirección colectiva de la APPO, expresó el deslinde del movimiento del ataque al Burger King y responsabilizó de esa agresión, así como la explosión de bombas en la ciudad de México, a la administración estatal. »Ha sido una práctica del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz este tipo de actos. Por ejemplo, el asesinato de Bradley Will permitió, aceleró y justificó la entrada de la fuerza federal. Este ambiente de miedo ha sido provocado por el gobierno federal».
Un día después de los bombazos en diferentes lugares de la ciudad de México, el restaurante de comida rápida Burger King, ubicado en Plaza del Valle, fue incendiado a las tres de la mañana por encapuchados vestidos de negro, que lanzaron bombas molotov. El fuego afectó una parte del comedor y de la barra de servicio, y destruyó en su totalidad la zona de juegos infantiles. De acuerdo con empleados, los autores de los hechos rompieron los vidrios de las ventanas con piedras o algún objeto pesado para ingresar y arrojar las bombas incendiarias. Aunque según versión de un agente de inteligencia los desconocidos también detonaron 32 petardos y armas de fuego de diferente calibre, »eso fue lo que se encontró durante una inspección», señaló.
En los vidrios se aprecian varios orificios que podrían haber sido causados por disparos o por piedras. Mientras que en las paredes del restaurante fueron escritas consignas con pintura en aerosol para demandar la salida del gobernador: »URO fuera de Oax. El pueblo no te quiere». Y en otro cristal dejaron el siguiente mensaje: »Multinazional asesina». El encargado de la sucursal, que omitió su identidad, dijo que el restaurante cerrará temporalmente porque los daños »son cuantiosos» ante las afectaciones en la mayor parte de las instalaciones. Trabajadores de otras empresas ubicadas también en Plaza del Valle, principalmente de distribuidoras de automóviles, manifestaron su extrañeza con el suceso porque la zona comercial está vigilada por agentes de corporaciones policiacas locales. El jefe del Cuerpo de Bomberos, Manuel Maza Sánchez, dijo que el incendio fue reportado vía telefónica »por ciudadanos».
La estación se encuentra a unos 200 metros del centro comercial y, tras corroborar la conflagración, se comisionó a un vehículo ligero con elementos provistos de extintores, »para evitar alguna agresión a las unidades grandes, porque nos reportaron la presencia de personas encapuchadas alrededor del lugar». En el interior del restaurante, señaló, se encontraron los restos de varias botellas con residuos de gasolina que se utilizaron para provocar el incendio. Hace menos de dos meses, un supuesto grupo guerrillero que se identificó como Organización Revolucionaria Armada del Pueblo de Oaxaca (ORAPO) detonó explosivos. De acuerdo con las primeras investigaciones de la Policía Ministerial, los autores de los hechos en el restaurante viajaban en varios vehículos y al arribar realizaron más de 15 disparos contra los cristales.
La corporación descartó que este suceso tenga relación con los bombazos en la ciudad de México. Por su parte, comunicadores independientes enviados a cubrir el conflicto en el estado denunciaron que en las últimas semanas han recibido »toda clase de hostigamientos y amenazas por parte de los grupos paramilitares» y la denominada Radio Ciudadana, que opera »con la venia del señor Ulises Ruiz Ortiz, y ahora también por mandos de la PFP». En carta dirigida al presidente Vicente Fox y al ombudsman José Luis Soberanes, señalaron que la muerte del periodista estadunidense Bradley Roland Will es un ejemplo de ese clima, »aunque el escándalo que se desató alrededor de este hecho ha empeorado la precaria situación en la que nos encontramos laborando como organizaciones, colectivos y periodistas de medios libres».
Fuente: Gustavo Castillo, Enrique Méndez, Octavio Vélez, La Jornada en Internet,
http://www.jornada.unam.mx/2006/11/08/index.php?section=politica&article=007n1pol 10/01/2012