El gobernador Ulises Ruiz Ortiz prepara una «restructuración a fondo» de su equipo de trabajo y en los siguientes días anunciará, como parte de un acuerdo con la Secretaría de Gobernación, una segunda purga de funcionarios de primer nivel en menos de cinco meses, que pasará por el retiro del secretario general de Gobierno, Heliodoro Díaz, los principales mandos policiacos y el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Emilio Mendoza Kaplan, quien sería sustituido por Abel Trejo, director del Colegio de Bachilleres de Oaxaca.
Aun así, Heliodoro Díaz ex presidente de la Cámara de Diputados y quien no forma parte del grupo compacto del gobernador aseguró esta noche que «en absoluto» piensa dejar el cargo y que Ruiz Ortiz no le ha pedido su renuncia todavía. «Es pura especulación», abundó. No obstante, hoy se manejó con insistencia la versión de que sería suplido por Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ex vocero de la actual administración.
A su vez, en el ánimo de mantener los cambios en reserva hasta que los anuncie Ruiz Ortiz, Ramírez Puga Leyva expresó que no ha recibido invitación del gobernador para hacerse cargo de la Secretaría de Gobierno, aunque en su equipo ya se prepara el relevo institucional. Además trascendió que entre los ajustes se incluiría la destitución de la procuradora de Justicia del estado, Lizbeth Caña Cadeza; del titular de la Secretaría de Protección Ciudadana (Seproci), Lino Celaya Luría, y del director de la policía ministerial, Manuel Moreno, quien fue escolta del ex gobernador José Murat. Apenas en julio pasado, como secuela del fallido desalojo del 14 de junio del plantón permanente de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores (SNTE), Ulises Ruiz destituyó a su primer secretario de Gobierno, Jorge Franco, y al titular de la Seproci, Juan José González Davar.
Inicia APPO asamblea constitutiva
Mientras, con un retraso de casi ocho horas, esta tarde comenzó el congreso constitutivo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), donde se declaró disuelta la dirección provisional para dar paso a una definitiva, electa por los delegados, y arrancó el proceso para dotar al movimiento social de estatutos y declaración de principios. En el arranque de los trabajos, el vocero de la APPO, Florentino López, rechazó la declaración de la procuradora Caña Cadeza de que el movimiento es terrorista.
«Si defender nuestros derechos, si exigir que estos ladrones se quiten del poder, si decir la verdad y llamarlos ladrones es terrorismo, entonces somos terroristas, pero no los queremos en el poder», exclamó ante los delegados reunidos en el auditorio del Hotel del Magisterio, sector que si bien facilitó sus instalaciones, se aisló del congreso. Más tarde, en breve conferencia de prensa, declaró que el gobierno estatal ha tratado de vincular al movimiento social con grupos radicales como estrategia para desprestigiarlo. «Pero esta lucha es civil, pacífica y es de todo el pueblo de Oaxaca.»
Aseguró que si bien han obtenido refugio temporal en el Centro de Pastoral donde despacha el sacerdote Wilfrido Mayrén, Padre Uvi, no han recibido una confirmación oficial del arzobispado de Antequera-Oaxaca que les conceda asilo definitivo y formal. Respecto de la propuesta de Gobernación de que la Policía Federal Preventiva pasaría de un operativo de contención a otro de vigilancia, a cambio del retiro de barricadas, como la del crucero de Cinco Señores, el vocero de la APPO expresó que ese será tema de discusión de la plenaria del congreso, en la cual mañana se dará lectura al informe político. Hasta el momento, agregó, las iniciativas de Gobernación son insuficientes para determinar si deciden sumarse a una reanudación del diálogo con la administración de Vicente Fox.
Previo a la elección de los integrantes de la mesa de debates, Marcos Leyva, integrante de la ex dirección provisional de la APPO, definió que «en Oaxaca se gesta la revolución desarmada y la primera rebelión de los excluidos». El pueblo oaxaqueño, abundó, «ha demostrado que puede luchar en la calle, en las barricadas, con las fuerzas federales, pero también con pensamientos, propuestas y un ideario político». Asistieron al congreso, entre otros, el ex líder de la sección 22 Erangelio Mendoza, y Felipe Martínez Soriano, ex líder del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo-Partido de los Pobres.
Estudiantes relatan secuestro
En Ciudad Universitaria, los tres jóvenes que fueron detenidos sin orden de aprehensión el martes y liberados ayer ofrecieron detalles de la aprehensión. Jesús René Trujillo Martínez, uno de los miembros del sector estudiantil de la APPO, denunció que su arresto se realizó a dos calles de donde pasaba la marcha convocada por organizaciones priístas en respaldo del gobernador. «Acababa de bajarme de un taxi con mis compañeros (Benito Pereda Fernández y Mauricio Marmolejo Rivera) para ir a mi domicilio y nos topamos con la marcha.
En eso salieron unos nueve sujetos que, al vernos, desenfundaron sus pistolas; nosotros corrimos y logramos meternos (a la vivienda), pero eso no les importó y nos sacaron violentamente ante la presencia de mucha gente», narró. Los presuntos agentes de la Policía Bancaria e Industrial que hicieron la detención, añadió, amagaron al conductor de una camioneta del servicio de alquiler, a la que subieron a los estudiantes por la parte trasera y les cubrieron la cara con su propia ropa.
Contó que la camioneta se dirigió rumbo al aeropuerto internacional Benito Juárez, donde después de ser subidos a otra unidad, fueron introducidos en una casa de seguridad del rumbo. «Ahí un comandante nos hizo varias preguntas: qué hacíamos, quiénes participan en el movimiento, dónde podían encontrar a nuestros compañeros de Radio Universidad Herzaín, Miguel Angel, Cuauhtémoc, Fernando y a la doctora Bertha. Pero como nos resistimos, fuimos golpeados y torturados; incluso a uno de nosotros lo amenazaron con violarlo si no decía nada», agregó.
Aseveró que sus captores pretendían involucrarlos con los bombazos en Burger King y en la retención de los dos militares en las inmediaciones de una barricada instalada alrededor de Ciudad Universitaria. Los estudiantes fueron puestos a disposición de la delegación de la Procuraduría General de la República, acusados de portación ilegal de armas de fuego, con las que presuntamente agrederían a los participantes en la marcha oficial.
Vuelo en helicóptero de la PFP
A algunos de los detenidos en el operativo del 2 de noviembre para liberar el crucero de Cinco Señores, los trasladaron en helicópteros de la Policía Federal Preventiva (PFP), se informó. «Uno de los policías de la PFP que nos custodiaba en el helicóptero amenazó con lanzarnos al vacío. Luego sujetó a un joven del cinturón para exponer media parte de su cuerpo en las alturas, amenazándolo con que lo iba a arrojar, pero por fortuna lo metió, entre risas e insultos.
El chavo se orinó del miedo», recuerda Hugo Jarquín, presidente del comité municipal perredista en Oaxaca de Juárez, quien recientemente fue liberado. Jarquín estuvo preso en el penal de Cuicatlán, en la región de la Cañada, y culpó de su detención a «delatores» del PRI custodiados por los cuerpos federales. Afirmó que fue detenido en el estacionamiento de un supermercado que se ubica en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, en los momentos en que se enfrentaban las fuerzas federales y universitarios simpatizantes de la APPO.
«Los clientes fuimos desalojados de la tienda pese a las súplicas de que nos albergaran mientras pasaba la tensión. Junto con mi esposa e hija, nos dirigimos al automóvil, cuando vi que los federales detenían a personas señaladas por policías de civil. Antes de arrancar (el vehículo), uno de ellos me señaló y dijo que yo era parte de la APPO», describió. Jarquín añadió que después fue llevado a la base aérea militar de San Juan Bautista La Raya (cerca del aeropuerto internacional), donde encontró a otras 33 personas detenidas, para después ser subido nuevamente a un helicóptero, en el que lo trasladaron al penal de Cuicatlán, acusado de sedición y portación de petardos. Obtuvo su libertad al igual que otros detenidos después de cubrir una fianza de 4 mil pesos.
Fuente: Enrique Méndez, Gustavo castillo, Octavio Vélez, La Jornada en Internet,
http://www.jornada.unam.mx/2006/11/11/index.php?section=politica&article=005n1pol 11/01/2012