Niega la Iglesia asilo a líderes de la APPO; turna solicitud a SG.
Con el argumento de que no tiene «recursos ni infraestructura para garantizar la seguridad física de las personas, que es responsabilidad del gobierno», el arzobispado de Antequera-Oaxaca negó oficialmente el refugio y la protección que le habían solicitado los líderes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), ante la posibilidad de que sean aprehendidos o secuestrados.
Asimismo, en el segundo día de trabajos del congreso constitutivo, la asamblea popular consideró insuficiente la prevista restructuración de funcionarios y mandos policiacos en la administración de Ulises Ruiz Ortiz, y repudió el plazo que Bucareli dio al Ejecutivo estatal para poner en marcha un plan de gobernabilidad. Flavio Sosa Villavicencio, ex integrante de la dirección provisional de la APPO, consideró que la nueva postura de la Secretaría de Gobernación (SG) refleja su incapacidad para resolver el conflicto.
«¿Para qué le van a dar más tiempo? ¿Para matar, encarcelar líderes y descomponer más el tejido social, y llevarnos a una masacre como Acteal? Ulises Ruiz ya tuvo suficiente tiempo, no pudo gobernar y agravó más la crisis», señaló. Y, a pesar de la postura del arzobispo José Luis Chávez Botello y del obispo auxiliar, Oscar Campos Contreras, que turnaron la solicitud de protección para los líderes de la APPO a Gobernación, la cúpula del movimiento social consideró que «implícitamente nos dicen que no nos niegan el espacio y que a lo mejor no tienen las condiciones para garantizar la seguridad».
Prelados descartan tomar partido
La posición de los prelados se derivó de un comunicado, que leyeron ayer en la sede del arzobispado, y al concluir no permitieron preguntas. En su postura, primero defendieron la solidaridad e intervención de la Iglesia católica oaxaqueña como facilitadora del diálogo y mediadora para la liberación de detenidos sin delitos, a localizar desaparecidos y «a evitar enfrentamientos y sangre». Agregaron: «por fidelidad a su misión, la Iglesia nunca tomará partido a favor de alguna de las partes en conflicto.
Somos conscientes de que sólo así nuestro servicio de facilitadores será confiable y efectivo. Seguiremos abonando todo lo que signifique acercarse, dialogar, disminuir la violencia y optar por una solución pacífica y responsable para bien de toda la sociedad y no sólo de grupos». Más tarde, en conferencia de prensa, Zenén Bravo, otro de los ex líderes provisionales de la asamblea, consideró que la respuesta del arzobispado no les niega el uso de un espacio en instalaciones eclesiásticas, como la Pastoral Social, sino la protección. «Entendemos que, ante la agresividad de Ulises Ruiz Ortiz y sus sicarios, el arzobispado no tendría el personal, o el armamento a lo mejor, para hacerle frente.
En el último de los casos, una comisión nuestra dialogará con el arzobispo y la jerarquía para que sea más explícito y si, en todo caso, tienen algún impedimento legal o moral, pues también nosotros lo tendremos que asumir y valorar de manera respetuosa. Queremos una definición; si nos va a seguir apoyando o es una negativa total», declaró. Sin embargo, consideró que como fundamento cristiano está la preservación de la vida, y si existe un acto gubernamental de represión contra el movimiento que afecte la integridad de cualquier oaxaqueño «entendemos que la Iglesia tiene que ser muy contundente y solidaria»
¿Seguirán quedándose en Pastoral Social? En tanto no nos lo nieguen explícitamente, creo que sí. Vamos a ir y, en caso de que se nos niegue (el acceso), veremos qué hacer. A su juicio, Chávez Botello asumió esta postura, a pesar de estar por defender la vida de cualquier ser humano, «quizá por haber sido objeto de presiones para tener un papel neutral y no de confrontación con el poder». Respecto de los puntos que deberá resolver el congreso, dijo que aún no se discute el eventual retiro de las barricadas de Radio Universidad y en el crucero de Cinco Señores, «pues ante las agresiones y provocaciones de Ulises Ruiz, bien se pueden quitar o extender».
La SG, agregó, plantea el diálogo, «pero Ulises Ruiz permanentemente agrede con grupos paramilitares para romper esa posibilidad e incluso provocando para que la Policía Federal Preventiva (PFP) tenga enfrentamientos con el pueblo». Mientras, el congreso de la APPO recibió el informe político de la dirección colectiva provisional, en el que reconoce errores en la conducción e insta a las bases a «avanzar en las transformaciones profundas que necesita nuestro pueblo», para que éstas no se limiten a la exigencia de la salida de Ulises Ruiz.
Ahora «debemos iniciar un proceso serio y profundo de discusión con la participación de todos los sectores del pueblo para elaborar el programa de lucha y de gobierno que habrá de recoger las aspiraciones de las grandes masas con el fin de conquistar el poder para ponerlo al servicio de todos», afirmó Zenén Bravo, presidente de la mesa de los debates, al dar a conocer el informe político. Es importante destacar, subrayó, que el proceso de desarrollo y construcción de la APPO ha sido «sobre la base de la movilización permanente, y eso ha ayudado a que este proceso sea muy rápido, y la conformación de las asambleas se dé alrededor de la preparación de las ulteriores movilizaciones o alrededor de las barricadas».
Sin embargo, reconoció que como el movimiento se ha mantenido en una defensa permanente, sus estructuras «han tenido poca oportunidad para discutir los objetivos estratégicos y profundizar más sobre el tipo de organización, así como su táctica y estrategia, que ayudará a elevar aún más la conciencia de nuestro pueblo». Admitió que la disuelta dirección colectiva provisional «no ha cumplido completamente» sus funciones y tareas, «a veces por las circunstancias propias del proceso de la lucha y otras por las limitaciones personales de todos y cada uno de los integrantes».
Por su parte, Felipe Canseco Ruiz, miembro de la comisión organizadora del congreso constitutivo, expuso que, a pesar del clima de represión sobre el movimiento popular, «es necesario no detenerse y seguir avanzando en la consecución de los objetivos y la solución de las demandas del pueblo oaxaqueño». A su vez, en el mismo encuentro, el catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y articulista de La Jornada Carlos Fazio, al dictar la conferencia magistral La ultraderecha en México, subrayó que en Oaxaca «existe un virtual estado de guerra interna promovido por Ulises Ruiz, gobernador surgido de un fraude electoral, y por tanto ilegítimo. Desde su asunción, se ha manejado como un sátrapa, con un amplio sentido patrimonialista del poder».
Métodos gansteriles
Resaltó que en los meses recientes, a partir de las demandas gremiales de la sección 22 del SNTE, Ruiz Ortiz recurrió «a los viejos usos gansteriles de dominación priísta, combinándolos con tácticas contrainsurgentes típicas del terrorismo de Estado, al aplicar la violencia institucional a través de los aparatos represivos locales, legales e ilegales, públicos o clandestinos, entre escuadrones de la muerte, sicarios y matones a sueldo, con la intención de destruir a una incipiente alianza opositora, que ha devenido en amplio espacio de unidad y participación ciudadana».
Consideró que, a pesar de su corto tiempo de gestación, «y merced a su ejemplo de sacrificio, compromiso y tenacidad, iniciativa y creatividad», la APPO «ha contribuido a elevar los grados de conciencia, organización y métodos de dirección de miles de oaxaqueños, que hasta ahora no habían recorrido los senderos de la participación y la resistencia civil activa» y por ello «la clase dominante quiere destruirla». En rigor, agregó, la asamblea popular «prendió focos rojos en el bloque dominante, al ver desafiados su hegemonía e intereses».
Resaltó que con su torpe decisión de optar por el uso de la fuerza, Vicente Fox dio un virtual apoyo a Ruiz Ortiz y sus aliados del PRI, y de paso identificó a la resistencia civil pacífica, protagonizada por amplios sectores sociales oaxaqueños, como el enemigo a vencer. Mientras, nueve de las 140 personas detenidas por la PFP en las dos semanas recientes aún permanecen en prisión, mientras 30 están reportadas desaparecidas.
Mariedna Vásquez, integrante de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, informó que entre los presos acusados de sedición, asociación delictuosa, resistencia de particulares y ataques a las vías generales de comunicación están Humberto Jiménez Ríos, Jaime Guerrero, Gerardo Martínez, Héctor Guzmán Acosta, Joaquín Benjamín López Castillo, Marcos García Martínez, Miguel Angel García, Valentín Pérez Hernández y Víctor Hugo Martínez Toledo, quienes se encuentran internados en los penales de Tlacolula de Matamoros, Cuicatlán y Ejutla.
Fuente: Enrique Méndez, Octavio Vélez, La Jornada en Internet,
http://www.jornada.unam.mx/2006/11/12/index.php?section=politica&article=003n1pol 11/01/2012