La APPO constituye su consejo estatal y anuncia que reactivará las barricadas.
En las primeras horas de hoy la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) definió su nuevo plan de acción, que será la base para mantener su lucha por la salida del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, y anticipó la reanudación de actividades de presión, como el levantamiento de más barricadas y el reinicio de las brigadas móviles. Asimismo constituyó el denominado consejo estatal en el que participarán 260 líderes de organizaciones, colonias y comunidades, como forma de sujetar a un colectivo más amplio las negociaciones que realice el movimiento con el gobierno federal.
De esta manera, los diálogos que lleven a cabo líderes como Flavio Sosa Castellanos y Zenén Bravo Castellanos que repitieron en la dirigencia definitiva dependerán, para su aprobación, del filtro del consejo estatal, al que se integraron personajes como el ex líder de la sección 22 del SNTE, Erangelio Mendoza, y el ex líder del Procup-PDLP, Felipe Martínez Soriano. La APPO anunció que el próximo 20 de noviembre una representación viajará a la ciudad de México para participar en la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, pero sólo como una expresión de la lucha por la democracia, y ratificó su postura de impedir que Felipe Calderón rinda protesta si antes del primero de diciembre Ulises Ruiz no renuncia a la gubernatura o pide licencia.
Zenén Bravo explicó, en conferencia de prensa previa a una marcha que partió de la Procuraduría General de Justicia a la Plaza de Santo Domingo, que una de las conclusiones del congreso fue buscar esquemas que permitan a los pueblos y comunidades pugnar por el poder público. «Hay dos visiones: seguir usando las vías institucionales, a través de los procesos electorales, o bien en el ejercicio tradicional de las comunidades para nombrar a sus autoridades.» Ante el anuncio de la APPO de nuevas movilizaciones, el secretario general de Gobierno, Heliodoro Díaz Escárraga, confió en que la presencia de la Policía Federal Preventiva (PFP) «continuará garantizando la seguridad de los oaxaqueños, para que puedan desarrollar sus actividades cotidianas sin contratiempos ni temores».
Clases parciales
Por otra parte, esta mañana antes de las siete fueron reabiertas las puertas de la ciudad universitaria por el rector Francisco Martínez Neri, aunque sólo recibieron clases cuatro grupos de la Facultad de Idiomas y uno o dos más del resto de las carreras. La dirigencia estudiantil de la APPO advirtió que, a partir de una balacera ocurrida anoche, no hay condiciones para el reinicio de clases, por lo que este martes podrían volver a cerrar las instalaciones de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).
Una de las principales preocupaciones en la reapertura del campus fue la protección a Radio Universidad. Cuauhtémoc Pérez, de la coordinación estudiantil de la asamblea popular, denunció que si bien el reinicio parcial de clases se hizo «de la mejor forma, el gobierno mandó a sus porros, a sus observadores a tomar fotos». Ante esa situación, se decidió tender un cordón de seguridad para que los alumnos y personas extrañas «se abstengan de acercarse mucho» a la estación. Refirió que aproximadamente a las nueve de la noche del domingo un grupo de presuntos sicarios que viajaban en camionetas blancas hizo disparos.
Esa situación, dijo, configura un escenario «de riesgo, por lo que no existen condiciones de seguridad para que los alumnos asistan a clases». El propio representante estudiantil de la APPO volvió a colocar los candados en las rejas de acceso al campus, pero más tarde el rector Martínez Neri volvió a reabrir y confirmó que las cátedras se realizarían con las normas de seguridad pactadas con la Secretaría de Gobernación. Padres de familia preguntaron al rector si, a pesar de que grupos de golpeadores habían rondado la universidad, él garantizaba la seguridad de los alumnos. «Sí, me hago responsable de la seguridad, y de que todo marche bien. Cualquier contingencia la atenderé personalmente», respondió.
Integración de la asamblea
Para la integración del consejo estatal de la APPO se tomó como base la siguiente fórmula: 10 hombres y mujeres por cada una de las siete regiones, a excepción de Valles Centrales, que estará representada por 20, así como una representación de tres a cinco personas por cada uno de los siguientes sectores sociales: colonias y barrios, barricadas, mujeres, organismos civiles, pueblos indígenas, sindicatos, autoridades municipales, jóvenes y estudiantes, comunicadores, campesinos y productores, religiosos, empresarios y comerciantes, académicos e intelectuales, transportistas, sector cultural y artístico.
Se dejó para el próximo 19 de noviembre la elección de los representantes de la Sierra Norte, que se efectuará ese día en Guelatao, y en tanto se realiza fueron nombrados como enlaces provisionales Aldo González, Joel Aquino y Adelfo Regino. De los ayuntamientos populares, se integraron los ediles Esteban Abel Sánchez, de San Antonino Castillo Velasco; Manuel Coronel López, de Zaachila; Manuel Eleazar Pérez Velasco, de Xococotlán; Procopio Julián Caballero, de San Antonio Huitepec, y Jorge Sosa Campos, de San Bartolo Coyotepec.
Por su parte, y cuestionado respecto del respaldo que ayer dio el PRD al movimiento magisterial y popular, Zenén Bravo Castellanos dijo que para la APPO «cualquier apoyo de organización social y partido político es recibido con beneplácito». Incluso del PRI, dijo, «con tal que se vaya Ulises Ruiz de inmediato». «Si los senadores priístas respaldan la desaparición de poderes, bienvenido sea ese apoyo», recalcó. A su vez, Flavio Sosa Villavicencio, ahora miembro del consejo estatal de la APPO, subrayó que el gobernador Ruiz Ortiz «está llevando a Oaxaca a la guerra civil por su necedad y actitud obcecada de mantenerse en el poder». «En forma irresponsable y criminal, está enfrentando a los priístas con el pueblo; a los oaxaqueños, entre hermanos», asentó.
Ante el segundo informe de gobierno, que eventualmente se rendirá pasado mañana, consideró que Ruiz Ortiz, «en vez de tratar de engañar al pueblo, porque un desgobierno no tiene nada por comunicar, debería mejor informar dónde están los matones de José Jiménez Colmenares, Lorenzo San Pablo Cervantes, Alejandro García Hernández y de otros tantos oaxaqueños» muertos durante el movimiento magisterial y popular. Lo que quiere el pueblo de Oaxaca, dijo, «es una Navidad sin Ulises Ruiz, una Navidad con los criminales en la cárcel y una Navidad con diálogo para trabajar en la reconciliación».
En tanto, ante las críticas de diferentes sectores, inclusive de la feligresía por la negativa del arzobispo José Luis Chávez Botello a dar asilo a miembros de la APPO, el coordinador de la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca, Romualdo Wilfrido Mayrén Peláez, indicó que la Iglesia católica «no ha caído ni caerá en la provocación ni en la confrontación con nadie en particular; tampoco responderemos ninguna agresión, porque nos queda claro que no somos parte del conflicto, sino que hemos intentado ser parte de la solución». Desde el principio, agregó, «nos caracterizamos por una posición humanitaria en favor de los sectores vulnerables, independientemente de su posición ideológica. Aunque, como Iglesia, no hemos asumido una postura en favor o en contra de los actores principales del conflicto.
Con toda seriedad y responsabilidad hemos reconocido que hay causas legítimas y auténticas que deben resolverse, y señalado acciones que violentan los derechos de terceros». Sin embargo, reconoció que muchos sectores de la Iglesia católica «se han pronunciado y han actuado en consecuencia de su conciencia y compromiso. Todas las expresiones de nuestra Iglesia son importantes, porque nacen de la búsqueda sincera de soluciones auténticas, pero como arquidiócesis decidimos ser responsables y respetuosos, por eso no hemos querido asumir posiciones polarizadas, pero cuando ha sido necesario hemos denunciado enérgicamente hechos injustos y deplorables», señaló.
Llamó «a dejar atrás la guerra sucia de críticas agrias, sospechas infundadas y prejuicios obsoletos, para reforzar e impulsar una nueva actitud social, grupal y gubernamental marcada por la esperanza, la visión de conjunto y la vivencia testimonial de la generosidad y la unidad. «No se trata de diluir, destruir, criticar o traicionar nuestra identidad y misión, nuestros principios y convicciones, sino que a partir de ellas podremos responder mejor a los retos y demandas que el proceso nos irá requiriendo crecientemente en la etapa de reconciliación y reconstrucción del tejido social», concluyó.
Fuente: Enrique Méndez, Octavio Vélez, La Jornada en Internet,
http://www.jornada.unam.mx/2006/11/14/index.php?section=politica&article=008n1pol 11/01/2012