Las reuniones constantes que han sostenido los dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oxaca (APPO) con el arzobispado y con representantes de Servicios de Asesoría para la Paz (Serapaz), instancia coadyuvante que realiza funciones de acercamiento con la Secretaría de Gobernación (SG), no han dado resultados. En estos contactos, que se mantienen desde hace dos semanas, a partir del momento en el que la APPO desconoció la interlocución de Bucareli, no se han abordado los temas de fondo de la negociación política y el estancamiento no se logra superar.
Fuentes cercanas al arzobispo José Luis Chávez Botello reconocieron que el »atorón» en el que se encuentra el diálogo implica riesgos de mayor encono, ya que el gobierno estatal capitaliza la parálisis y pretende mantener el estado de cosas actual con »componendas superficiales». Desde el otro bando, este impasse también puede ser interpretado como vía cerrada y alentar el argumento de ciertos sectores radicales de que no hay más alternativa que la lucha armada. Estos son dos »riesgos muy presentes», asegura el sacerdote Wilfredo Mayrén, comisionado de Paz y Justicia y también asesor legal del arzobispado.
Consideró que a pesar de la voluntad »real y honesta» de la SG de resolver la crisis con un tratamiento integral, de fondo, »y no sólo administrar una aspirina para un problema grave», la administración foxista va a entregar el poder sin haber podido dejar algún avance en la mesa de negociación. En tanto, el vacío de una interlocución directa entre el gobierno federal y la APPO es subsanado con la acción »de péndulo» que realiza Serapaz, en su calidad de coadyuvante. Sus participantes van y vienen de Oaxaca al Distrito Federal, intentando acercar las posiciones antagónicas de las partes. De momento, ante la imposibilidad de abordar los temas sustantivos de una solución, se mantiene el contacto para dialogar sobre una agenda local.
Pero también en esta gestión son mínimas las señales positivas, reconocieron fuentes de esta instancia. En los encuentros de APPO con estos interlocutores, que se realizan en el arzobispado y con frecuencia concluyen bien entrada la noche, solamente se ha abordado el asunto de la situación jurídica de los detenidos del movimiento. No se ha entrado en materia en el tema de la lista de arrestados que aún no son presentados por el Ministerio Público y que los organismos de derechos humanos reportan como desaparecidos. El arzobispado, a través de Mayrén, es la vía de comunicación con Gobernación y también con el alto mando de la Policía Federal Preventiva (PFP) en Oaxaca.
En esta mesa se planteó una lista de temas a abordar: detenidos, desaparecidos, las bandas de pistoleros al servicio del gobierno estatal que, según denuncian líderes del movimiento popular, amenazan con entrar en acción; el levantamiento de las barricadas que mantienen cerrado un perímetro de avenidas aledañas a la Ciudad Universitaria, y el contenido de las transmisiones de Radio Ciudadana, desde donde se alienta el clima de linchamiento contra los dirigentes populares. El apoderado del arzobispado afirma que el caso de la radioemisora »que además es ilegal, porque transmite sin los permisos correspondientes» demuestra que el ofrecimiento del gobernador Ulises Ruiz de un »plan de reconciliación» no fue puesto sobre la mesa con la intención real de recomponer la situación.
Ulises Ruiz »no sólo debe presentar un plan, sino hacerlo realidad», considera. Y agrega que un primer paso para hacerlo es reconocer la representatividad de la APPO y dar señales inequívocas de que su gobierno tiene intención y capacidad de controlar a los grupos priístas más recalcitrantes, que están vinculados con pistoleros y han amenazado a varios dirigentes populares. También debe haber un compromiso de sacar del aire la emisora Radio Ciudadana. El padre Mayrén admite que, a diferencia de lo que hacen los grupos universitarios que ocupan Radio Universidad, que invitan a la lucha y a no deponer la movilización popular, en la radio pro gubernamental »se incita abiertamente al linchamiento y al ataque de personas, y eso representa un delito grave.
Si el gobernador no demuestra que puede controlar esos excesos, pone en duda el primer punto de su plan de gobernabilidad, que es la reconciliación». Por otra parte, dirigentes de la APPO reconocieron que el levantamiento de las barricadas de avenida Universidad y el crucero de Cinco Señores, sí forma parte del paquete integral de negociación. »Pero nosotros no les podemos pedir a los compañeros que simplemente se retiren de sus barricadas, que han convertido en su espacio de lucha, sin ofrecerles nada a cambio.
Tiene que haber soluciones también para la problemática que ellos viven, en especial los niños de los cruceros. Estamos pensando en una casa hogar para ellos», explicó Juan Sosa, de la dirección colectiva de la Asamblea Popular. Hoy mismo experimentó la dificultad de esa propuesta de levantar las barricadas remanentes del movimiento popular, cuando en el congreso constituyente de la Asamblea Popular presentó el punto a discusión. El abucheo fue tan intenso que no pudo siquiera terminar su intervención.
Fuente: Blanche Petrich, La Jornada en Internet,
http://www.jornada.unam.mx/2006/11/13/index.php?section=politica&article=007n1pol 11/01/2012