El “caso Oaxaca” llegó al Parlamento Europeo. Diversos grupos de eurodiputados -los Verdes, Izquierda Unitaria, Liberales- manifiestan su preocupación por las “graves violaciones a los derechos humanos” cometidas por policías federales y locales en ese estado. Por ello solicitaron a la Comisión Europea analizar un paquete de medidas contra el gobierno de México, entre ellas exigir “la creación de una comisión de investigación que aclare los arrestos arbitrarios y las ejecuciones sumarias, y que enjuicie a los culpables”.
BRUSELAS.- A raíz de las “graves violaciones a los derechos humanos” cometidas por las autoridades mexicanas durante el conflicto de Oaxaca, el Parlamento Europeo analiza solicitar sanciones contra el gobierno de México. El pasado 21 de noviembre, el Grupo de los Verdes propuso la aplicación de un paquete de medidas concretas contra México, cuya viabilidad evalúa en este momento la Comisión Europea, la responsable de las relaciones con el país.
Las medidas propuestas, que fueron enviadas por escrito a dicha comisión, consisten en “reclamar de forma oficial al gobierno mexicano una solución pacífica al conflicto (de Oaxaca)”, “invocar la cláusula democrática del acuerdo de asociación”, “demandar (a las autoridades mexicanas) la creación de una comisión de investigación que aclare los arrestos arbitrarios y las ejecuciones sumarias, y que enjuicie a los culpables”, así como “prohibir toda exportación de armas europeas a México, ya que pueden ser utilizadas contra la población civil”.
En esa misma ocasión, el Grupo de los Verdes expuso en una carta los motivos de su demanda: “Desde mayo de 2006 -señala el documento en poder de Proceso-, el estado de Oaxaca atraviesa una situación de violencia extrema que ha producido arrestos arbitrarios, así como ejecuciones extrajudiciales”. Y explica: “Al movimiento de huelga del magisterio estatal siguió una amplia movilización social. Esta protesta pacífica fue violentamente reprimida (…) por órdenes del gobernador de Oaxaca (Ulises Ruiz Ortiz), cuando las fuerzas del orden intentaron recuperar el control del centro de la ciudad capital del estado. Unos 3 mil 500 policías desplazados por el gobierno mexicano (el 29 de octubre), reforzados por paramilitares, también han atacado y asesinado a más de 10 manifestantes desde el comienzo de estas operaciones represivas”.
El pasado 1 de diciembre, el Grupo de la Izquierda Unitaria del Parlamento Europeo envió una misiva a Felipe Calderón y al gobernador Ulises Ruiz. En tono duro, esta fuerza política expresó su más “enérgica protesta contra la violencia por parte del gobierno mexicano y oaxaqueño”, durante la “carga” policiaca del 25 de noviembre en Oaxaca, en la que varias personas perdieron la vida. El texto da por hecho la existencia de “personas detenidas y privadas arbitrariamente de su libertad” y la actuación de “fuerzas paramilitares para reprimir a los movimientos sociales”; por tanto, el Grupo de Izquierda Unitaria demanda a Calderón el cumplimiento de obligaciones básicas en un estado de derecho, como “garantizar la integridad física y psicológica de los detenidos” y “permitirles ponerse en contacto con sus familiares”. Desde 2001, eurodiputados de los grupos Verde, Socialista, Popular e Izquierda Unitaria han transmitido a la comisaria de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE), Benita Ferrero-Waldner, no menos de 10 comunicaciones por escrito sobre diversos casos de vejaciones a los derechos humanos en México.
Propuesta de sanciones
El caso de Oaxaca expuso en Europa la ineficiencia de las autoridades mexicanas para resolver ese conflicto por la vía del diálogo. Semanas antes del operativo policíaco de finales de octubre, organizaciones internacionales y europarlamentarios habían manifestado su oposición a una solución de fuerza en Oaxaca: advertían de un altísimo riesgo de propiciar graves faltas a los derechos humanos.
El pasado 6 de octubre –dos días después de que la UE reconociera, por primera vez en su informe anual, que México debía “afrontar todavía importantes retos” en materia de derechos humanos–, una carta electrónica de la Coordinadora Alemana por los Derechos Humanos en México fue enviada al entonces presidente Fox, a los diputados alemanes, y al embajador alemán en México, Roland Michael Wegener, cuyo país ostentará la presidencia de la UE durante el primer semestre de 2007. En la mencionada carta, esa influyente red de 12 organizaciones no gubernamentales, entre éstas la sección alemana de Amnistía Internacional, recordó a Fox que la solución del conflicto “no se logrará con el uso excesivo de la fuerza, reprimiendo, persiguiendo o intimidando…”.
La Policía Federal Preventiva entró a Oaxaca el 29 de octubre, cinco días después de que la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), con sede en París, presentó un informe del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington. Al día siguiente del operativo, la Iniciativa de Copenhague para América Central y México, una ONG de cabildeo con sede en la capital belga, condenó “la utilización de la violencia” por parte del gobierno mexicano y, a través de un documento enviado por internet, invitó “a las autoridades europeas a protestar por este uso indebido de la fuerza”.
El pasado 8 de noviembre, la violencia en Oaxaca fue objeto de análisis en el Parlamento Europeo. Ese día, durante una reunión de “coordinadores”, el Grupo de los Verdes y la Izquierda Unitaria, con el apoyo del Grupo Liberal, consideraron necesario incluir el “expediente Oaxaca”, por su gravedad, en la agenda de “asuntos urgentes” que debían debatir en la sesión plenaria los 732 miembros del Parlamento Europeo. Pero no fue posible: el Grupo Socialista y el Popular se opusieron, por lo que no se alcanzó el consenso necesario para abordar el tema en esa ocasión. Un día después, en el marco de la Asamblea Eurolatinoamericana, la eurodiputada austriaca Eva Lichtenberger acordó con la diputada perredista Silvia Oliva promover la idea de bloquear el comercio de armas europeas a México.
Como era de esperarse, el panista Gerardo Buganza ni siquiera quiso hablar del tema cuando se lo planteó Lichtenberger, según comentó ella misma. El pasado 21 de noviembre, el conflicto de Oaxaca escaló en importancia al convertirse en uno de los puntos de debate en la prestigiosa Subcomisión de Derechos Humanos. Su presidenta, la francesa Hélène Flautre, manifestó su apoyo a las sanciones contra el gobierno de México. El hecho es inédito: nunca antes un presidente de la subcomisión había cuestionado a este país.
Incumplimiento
El pasado 18 de diciembre, el presidente del flamante Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el mexicano Luis Alfonso de Alba, fue el “invitado especial” en la reunión mensual del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Ahí, en la sala casi llena –había un centenar de personas, entre legisladores, asesores, periodistas y activistas de ONG–, el eurodiputado español Raúl Romeva encaró a De Alba. Le dijo: “El problema de fondo al que nos enfrentamos, en todo el mundo, es la falta de credibilidad y de autoridad moral que nos impide hacer el trabajo que deberíamos hacer (…) Cuando uno quiere dar lecciones de derechos humanos es más fácil hacerlo cuando no se le puede a uno criticar o se le critica poco”.
Y continuó: “Quisiera hacerle una pregunta que puede resultarle incómoda: México es un país que en este momento tiene sobre la mesa muchos temas abiertos sobre derechos humanos: el caso de Atenco, la situación preocupante de Oaxaca, el caso no resuelto de los feminicidios, los hechos de Guadalajara (…) ¿Cómo, desde la dificultad de ser mexicano, aspira a afrontar estas cuestiones?”. De Alba respondió: “Con una política exterior activa no estamos buscando esconder las realidades. No hay ningún país que haya recibido el mismo número de visitas que México en seis años: 14 ó 15 relatores especiales, todos los mecanismos habidos y por haber de Naciones Unidas, del sistema interamericano, bilaterales (…) Donde está el problema es en el seguimiento de las recomendaciones, tenemos más de 400 a las que hay que darle seguimiento (…), algunas urgentes de implementar”.
Los cuestionamientos de los parlamentarios europeos también se han enfocado en la designación del ex gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, como secretario de Gobernación. Le achacan responsabilidad en la detención y presunta tortura de decenas de manifestantes durante la cumbre UE-América Latina, celebrada el 28 de mayo de 2004. –El nombramiento de Ramírez Acuña mandó un mensaje negativo a Europa –comentó este corresponsal a De Alba en una breve entrevista, realizada el pasado 18 de diciembre en Bruselas. –Al haber sido designado secretario de Gobernación por el presidente Calderón, (Ramírez Acuña) se ha comprometido de una manera muy clara con el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos humanos. –Por coherencia,
¿Ramírez Acuña debe reconocer que hubo abusos en los hechos de Guadalajara? –Lo que hay que hacer es transparentar la información sobre las acusaciones, sobre las investigaciones que se hayan realizado y sobre la identificación de responsables, en el caso de que haya habido. –En cierto sentido, ¿la relación con Europa se ha dañado por el deterioro de los derechos humanos en México? –En Europa hay dos corrientes de opinión: una que, con justo derecho, señala las deficiencias; y otra que reconoce la apertura de un régimen democrático, que reconoce que no se ha hecho uso de la fuerza de manera generalizada y mucho menos con ánimo de violentar los derechos humanos, que ha habido moderación (…) La petición de Europa, y de los mexicanos, es que cuando el uso de la policía sea necesario, que se haga con absoluto respeto a los derechos humanos. –¿Y está convencido de que así se ha hecho? –Se ha hecho un gran esfuerzo por hacerlo. Si hay excepciones, también hay voluntad de castigarlas, y en esa medida me siento muy tranquilo.
Fuente: “Condena en Europa” Marco Appel. Proceso No. 1573 24 de diciembre de 2006.
http://europafocus.wordpress.com/2011/12/28/del-archivo-ulises-ruiz-condena-en-europa/