Integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y del Comité de Familiares de Desaparecidos, Asesinados y Presos Políticos de Oaxaca (Cofadappo) instalaron hoy campamentos en las afueras de los penales de Miahuatlán de Porfirio Díaz y Tlacolula de Matamoros para exigir la libertad de sus compañeros y parientes. En tanto, la tarde del domingo, 11 personas fueron liberadas de la cárcel regional de Miahuatlán y siete del Cereso femenil de Tlacolula, luego que, según denunciaron, fueron obligados a afirmar que los forzaron a «promover actos violentos».
En uno de los campamentos, Cástulo López Pacheco, miembro de la comisión de prensa y propaganda de la APPO, señaló que la Secretaría de Gobernación se había comprometido a liberar a todos los «presos políticos y de conciencia» antes de que concluyera 2006, con el fin de reanudar el diálogo el próximo 8 de enero. Explicó que la instalación de los campamentos fue por acuerdo de la plenaria del consejo estatal de la APPO y de la Cofadappo para presionar a las autoridades federales para que excarcelen a todas las personas detenidas por la Policía Federal Preventiva (PFP) en noviembre pasado. «No por participar o simpatizar con un movimiento se es delincuente. Además, ha quedado demostrado que quienes incendiaron los edificios públicos y privados fueron policías y grupos de porros del PRI al servicio del tirano (el gobernador Ulises Ruiz Ortiz)», dijo. El campamento que está frente al penal regional de Miahuatlán de Porfirio Díaz, a mil 200 kilómetros de la capital oaxaqueña, fue instalado alrededor de las 8:30 horas de este lunes, aunque desde la noche del 31 de diciembre los familiares se establecieron ahí para acompañar a los 19 detenidos para festejar el Año Nuevo. En la reunión, además de celebrar la tradicional cena, corearon consignas en contra de Ruiz Ortiz, para exigir la excarcelación de sus compañeros y familiares, y en respaldo al movimiento magisterial y popular. Mientras tanto, alrededor de las 19:30 horas de este lunes se estableció otro campamento en las afueras del reclusorio femenil de Tlacolula de Matamoros, situado a unos 30 kilómetros. López Pacheco denunció que un funcionario de la Secretaría General de Gobierno, Diego Ramos Palacios, pretende dividir a los familiares de los presos de Miahuatlán de Porfirio Díaz, «al ofrecer negociar la libertad» de los detenidos. «Los familiares fueron claros. No pueden negociar la libertad de sus seres queridos con un tirano, con quien los mandó a encarcelar y es desconocido por el pueblo», asentó. Por otra parte, Mayé Arellanes, de la comisión jurídica del Comité de Liberación 25 de Noviembre, denunció que los 11 excarcelados de Miahuatlán, la tarde del domingo, fueron obligados a firmar un documento dirigido al gobernador Ulises Ruiz. Según la denunciante, los liberados responsabilizan en la misiva a la coordinadora en Oaxaca de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Yésica Sánchez Maya, de «promover actos violentos y de ser obligados a apoyar a la APPO». Además firmaron bajo chantaje de que no saldrían de la cárcel, «una hoja en blanco, donde solamente venían sus generales», indicó.
Octavio Veléz, La Jornada en Internet,
http://www.jornada.unam.mx/2007/01/02/index.php?section=politica&article=007n1pol 08/102012
