Mientras el conflicto oaxaqueño sigue atorado en el Congreso y Ulises Ruiz escenifica actos de gobierno para la comisión de senadores, la revuelta de la APPO ya atrajo la atención de instancias internacionales de derechos humanos. Algunas de ellas le han manifestado directamente al presidente Fox su inquietud por una eventual “solución” represiva, ante su falta de recursos políticos para llegar a un acuerdo. OAXACA, OAX.- El gobierno de Vicente Fox se encuentra entre la espada y la pared por el conflicto social oaxaqueño, que ya lleva casi cinco meses y aún no tiene visos de solución.
El viernes 13, la Secretaría de Gobernación lanzó un nuevo ultimátum a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), mientras que organismos internacionales continúan presionando al Ejecutivo federal para que busque una salida negociada a la crisis. Conforme pasa el tiempo, senadores, investigadores, representantes indígenas y de organizaciones de derechos humanos se convencen de que el conflicto es fundamentalmente político.
El caso es que en Oaxaca todo sigue como al principio: los empresarios se encuentran divididos a causa de las pérdidas que les ha causado el prolongado conflicto, mientras que el gobierno federal trata de apaciguarlos con promesas de millonarias inversiones turísticas. Además, en las mesas de diálogo los representantes de Gobernación hablan de una rezonificación salarial –una de las demandas del magisterio–, pero no hay avances claros. Los representantes de la APPO y de los maestros siguen firmes en su petición fundamental: la destitución de Ulises Ruiz.
En los últimos días, se comenzó a hablar ya de la desaparición de poderes en la entidad y algunos legisladores alegaron que esa propuesta es inviable, pero dicha figura jurídica sí está contemplada en la Constitución y su aplicación recae exclusivamente en los senadores, como explican Eduardo Castillo, del Foro Permanente de Abogados, y Laureano Martínez, del bufete Asesoría Jurídica Popular.
Problema desbordado
Yésica Sánchez Maya, representante de la Liga Mexicana por la Defensa de los Dere-chos Humanos, A.C. (Limeddh), sostiene que Oaxaca se ha colocado en el centro de la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el Departamento de Estado en Washington, Amnistía Inter-nacional, la Sociedad Interamericana de Prensa, la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia de Alemania, la Federación Internacional de Derechos Humanos, así como de la Comisión Nacional de Dere-chos Humanos, organizaciones que están preocupadas por el desenlace que pudiera tener el conflicto. México, dice la activista de la Limeddh, es uno de los países con el mayor número de audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De hecho, el próximo 23 de octubre un grupo de representantes de organismos de derechos humanos afines a la APPO acudirán a Washington para presentar ante la Asamblea de la CIDH un informe sobre el estado de ingobernabilidad que vive Oaxaca. En menos de dos años, organismos civiles de la entidad han solicitado ya dos audiencias ante esa instancia internacional para denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidos por los gobiernos de José Murat y de su sucesor Ulises Ruiz.
La del 23 de octubre será la tercera audiencia, aseguran los voceros de la APPO, lo que pone en evidencia que la CIDH muestra interés por la violación sistemática de los derechos humanos y el rezago que hay en la entidad. La delegación también presentará las cartas que organizaciones mexicanas e internacionales han enviado al presidente Fox para pedirle que no desate la represión. Además, el gobierno estatal ha recibido por lo menos 400 solicitudes para que atienda el problema que estalló en mayo pasado, dicen los integrantes de la APPO.
Entre los documentos que se presentarán ante la CIDH se incluye el reporte de la visita que la Misión Internacional de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), integrada por el peruano Javier Mújica Petit y la española Marta Ibero Dolla, hizo a Oaxaca del 21 al 27 de septiembre pasado para constatar que “las instituciones gubernamentales han sido incapaces de ofrecer soluciones concretas a las legítimas demandas de la mayoría de la población, así como de proteger y garantizar los derechos fundamentales de ésta, en particular sus derechos económicos, sociales y culturales”. Agrega dicho reporte: “Hacemos un llamado al Senado de la República y al gobierno de México para que consideren el uso de sus legítimas atribuciones en orden a contribuir a la resolución pacífica, justa y negociada del conflicto desatado en Oaxaca y analicen con sumo detenimiento las demandas planteadas por las organizaciones de la sociedad civil oaxaqueña y nacional”.
Otro de los documentos que esgrime la APPO es la carta enviada a Fox el viernes 6, en la que “las organizaciones afiliadas a la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México apelamos a que evite el uso de la violencia en el estado de Oaxaca y para que garantice el respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos”. La secretaria técnica de la Red Oaxa-queña de Derechos Humanos, Sara Mén-dez Morales, dice que el lunes 9 Amnistía Internacional (AI) también pidió por escrito al presidente Fox, al secretario de Gobernación, Carlos Abascal, y al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, que atendieran con urgencia el conflicto, luego de que se intensificaron los sobrevuelos militares y el despliegue de tropas en varias zonas de Oaxaca. Así mismo, AI manifestó su preocupación por el magisterio, la APPO, los presos políticos Ramiro Aragón Pérez y Germán Mendoza Nube, así como por el estudiante Pedro García García y por el exrector de la Universidad de Oaxaca, Abraham Martínez Alavez.
El presidente de la FIDH, Sidiki Kaba, también envió una carta a Fox para externarle su preocupación por la “tendencia represiva en México”, como lo muestran los casos de San Salvador Atenco y Oaxaca. Pese a la crudeza del reclamo, la FIDH reconoce los avances positivos del gobierno Mexicano en la materia, como la ratificación del estatuto de la Corte Penal Internacional y la supresión de la pena de muerte. La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Colombia (ACIN), se solidarizó con el pueblo oaxaqueño por los graves hechos y la brutal represión que ha padecido en los últimos meses, muy parecida a la que, dicen, han padecido los indígenas en ese país sudamericano.
Todas esas manifestaciones de apoyo al movimiento popular, insiste Yésica Sánchez, se deben a que “en Oaxaca se consolidó la forma autoritaria en el ejercicio del poder que representa una abierta amenaza al estado de derecho, a la democracia y a la paz social; por eso Oaxaca no es un problema local, es un problema de envergadura nacional e internacional”. México, dice la representante de la Limeddh, se ha situado en los niveles de Perú, Colombia, Nicaragua y Guatemala por la magnitud de sus crisis políticas. El gobierno de Fox se encuentra en una encrucijada, agrega, porque tiene que demostrar que su discurso de democracia tiene una base real. El viernes 13, la Unicef hizo un llamado a las partes involucradas para que lleguen a una solución pacífica, a fin de que los niños afectados por el conflicto puedan volver a clases.
El simulacro de Ulises
Ante la posible desaparición de poderes en el estado, que solicita la APPO, el Senado creó la Subcomisión de Gobernación, cuyos integrantes visitaron la ciudad de Oaxaca para comprobar si existía gobernabilidad. El gobernador Ulises Ruiz recibió en un hangar del aeropuerto local a los senadores Alejandro González Alcántara, del PAN; Tomás Torres Martínez, del PRD, y Ramiro Hernández García, del PRI, para persuadirlos de que él sí estaba gobernando en la entidad. La APPO y el magisterio trataron de mostrar lo contrario.
El martes 10, antes de que arribaran los legisladores, pintaron las bardas del centro de la ciudad de Oaxaca con leyendas contrarias al mandatario, que éste mandó borrar en la noche; además, la APPO reforzó sus barricadas, cerró más calles, bloqueó avenidas, tomó otros edificios públicos y se enfrentó con policías vestidos de civil y “porros” de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), quienes les dispararon a quemarropa frente a las instalaciones de la Secretaría de Protección Ciudadana. Finalmente, el jueves 12 llegaron los senadores en una visita relámpago.
En menos de 24 horas recabaron información para armar un reporte sobre la crisis en Oaxaca, que va para cinco meses. Visitaron el Congreso local –aunque desde hace varias semanas los diputados no sesionan ahí–, fueron a los tribunales –donde tampoco asisten los magistrados ni los jueces– y, sin previo aviso, una comitiva del gobierno los trasladó al hangar del aeropuerto para que los recibieran el gobernador Ulises Ruiz y su gabinete para intentar demostrarles que todavía gobiernan. “A mi modo de ver, se ve montadito”, reconoció el panista González Alcántara. Los senadores también se entrevistaron con representantes de comunidades indígenas, de organizaciones gubernamentales, así como con académicos y empresarios descontentos por la falta de solución al conflicto.
Sin embargo, lo que más tensión causó a los senadores fue su visita a la zona aledaña a la radiodifusora La Ley del Pueblo, tomada por la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas el 1 de agosto. Pero no mostraron miedo. Juntos, el priista y el perredista vieron las casas pintadas, las barricadas, las fogatas y a los hombres, mujeres, ancianos e incluso niños que las vigilaban. El panista González Alcántara, impresionado, aceptó tomarse un café en la “cocina” instalada frente a la puerta de la radiodifusora, mientras un anciano le agradeció que volteara la vista a Oaxaca. Ya en confianza, el senador panista les preguntó si no habría forma de seguir su movimiento sin afectar a terceros.
“No”, le respondieron al unísono alrededor de 25 personas. Y acabó por aceptar que Ulises Ruiz cometió el error de querer gobernar como cacique y “trató de movilizar políticamente ciertas cosas para darle en la torre a algunos que él consideraba más radicales; pero le salió mal el tiro”. Al hacer un resumen de su visita, González Alcántara reconoció que el Congreso local es muy unido y que el tribunal trabaja a medias; para que desaparezcan los poderes, dijo, se necesita que ninguno funcione. – ¿Entonces, no procede la desaparición de poderes? –se le pregunta. –No aplica, claro. Sin embargo, el jurista Juan Manuel Cruz Acevedo asegura que en Oaxaca no hay gobierno, las instituciones tampoco están funcionando y por supuesto que no se necesita un enfrentamiento armado para decir que hay un desajuste político en Oaxaca.
“Lo evidente es que esta situación de ingobernabilidad puede ser motivo para documentar un juicio político al gobernador Ulises Ruiz”, advierte el abogado. En su opinión, el Ejecutivo local no está ejerciendo sus funciones. Muestra de ello son los paros, los movimientos, las marchas y la toma de oficinas del gobernador en Santa María Coyotepec, que ya podría considerarse la nueva capital del estado. Y concluye Cruz Acevedo: el cambio forzado de la sede del gobierno a este municipio podría considerarse un elemento para establecer la inexistencia de poderes en la entidad.
Fuente: “Presión internacional por Oaxaca” Rodrigo Vera. Proceso no. 1563, 15 de octubre de 2006
http://senderodefecal1.blogspot.com/2006/10/notas-de-proceso_15.html