La Unidad Policial de Operaciones Especiales (UPOE) desvía sus funciones y tareas de combate al crimen organizado dispuestos por el Programa Estatal de Seguridad Pública 2004-2010, que aprobó el congreso en 2005, al reprimir las protestas sociales, como sucedió últimamente cuando intentó desalojar el plantón indefinido del plantón magisterial (sic), afirmo ayer la secretaría técnica de la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos (RODH), Sara Méndez Morales.
Esto atenta obviamente contra los derechos humanos por que impide el ejercicio de la Libertad de Expresión, pensamiento, manifestación y tránsito de los oaxaqueños. Sostuvo que el Programa Estatal de Seguridad Pública 2004-2010, dispone como lineamiento combatir la delincuencia organizada “y nunca disolver manifestaciones”. La activista sostuvo que el Programa de seguridad Pública 2004-2010, validado por la legislatura local el 30 de mayo de 2005, dispone como lineamiento general de la labor de este grupo policial de elite-dependiente de la Dirección General de seguridad Pública-, el combate a la delincuencia organizada “y nunca disolver manifestaciones”.
A parte de que la Ley de Seguridad Pública, “no establece ninguna función para la UPOE en ese sentido” y en consecuencia existe un vacío jurídico por que “ninguna corporación policial tiene delimitada esta función”, asentó. De este modo, destaco que la participación de este grupo policial de elite infringe las disposiciones del Programa Estatal de Seguridad Pública 2004-2010 porque su actuación “no está dirigida a combatir el crimen organizado” pues los trabajadores, organizaciones sociales o comunidades “no son parte del narcotráfico, el robo de vehículos o el tráfico de personas”. “Claramente se está usando a este cuerpo de elite como un arma represiva en contra de quienes protesten o piensen distinto a quienes gobiernan”, asentó.
Además, resaltó que la intervención de la UPOE en la disolución de protestas sociales constituye un agravio de los derechos humanos porque atenta contra el derecho a la libertad de expresión, pensamiento, manifestación y tránsito, “los cuales son derechos fundamentales en toda sociedad democrática”. En ese sentido, Méndez morales dijo que la Comisión Permanente de Justicia del Congreso del Estado debe intervenir y tomar nota de las violaciones cometidas por la UPOE al Programa Estatal de Seguridad Pública 2004-2010 y obligar al gobernador Ulises Ruiz Ortiz y al director general de seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas, a recuperar la función de la UPOE para verdaderamente combatir al crimen organizado y hacer respetar los derechos del pueblo oaxaqueño.
Fuente: Octavio Vélez Ascencio, NOTICIAS, 8A.