La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) consideró la posibilidad de que el asesinato del profesor de educación indígena Pánfilo Hernández Vázquez -quien ayer fue velado en su domicilio- fuera provocado para acrecentar la tensión en la entidad. »Qué desagradable y desafortunado que cuando va a generarse una posibilidad del regreso a clases se den estos hechos violentos que enrarecen el ambiente. Es de especial relevancia que el asesinato ocurriera saliendo de una asamblea de la APPO», declaró la procuradora Lizbeth Caña Cadeza.
La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca aseguró esta noche que, independientemente del resultado de la consulta convocada ayer por la sección 22 del SNTE, y de la posición asumida por el secretario general, Enrique Rueda Pacheco, el movimiento se mantendrá y, si los maestros regresan a las aulas, »el pueblo fortalecerá la jornada de lucha y preparará la siguiente etapa para continuar de frente». Inclusive, en su emisión nocturna, la estación de radio La Ley cuestionó la postura de Rueda y calificó el ejercicio gremial de »una mañosa consulta que ya echaron a andar».
El vocero de la asamblea, Florentino López Martínez, también anunció que el pueblo oaxaqueño recurrirá a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para insistir en su demanda principal de la desaparición de poderes, luego de la votación del Senado, a la que definió como »aberración política y jurídica».
Marcha multitudinaria
Por la mañana, la APPO realizó una marcha multitudinaria de la agencia municipal Trinidad Viguera hacia el centro de la ciudad, en demanda de que el Senado declarara la desaparición de poderes -petición desechada por PRI, PAN y PVEM- y en el trayecto la exigencia se enfocó, después, a que la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no decida el regreso a clases, sino hasta la caída del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Las consignas se enfocaron al líder seccional, Enrique Rueda Pacheco, quien este jueves, en el Sindicato Mexicano de Electricistas, anunció la inminente reanudación del ciclo escolar, a más tardar el 30 de octubre.
En ese contexto, los manifestantes gritaron: »¡Magisterio y pueblo unido, jamás serán vencidos!», y »¡Maestro, tú empezaste y tienes que acabar! ¡Ulises no se ha ido, lo tienes que sacar!». De hecho, los mentores que participan en el plantón en la ciudad de México enviaron esta mañana una carta a la estación de radio La Ley, tomada por el movimiento, en la cual cuestionan la postura de su dirigente. La consulta iniciada hoy, de la cual se tendrán resultados el sábado, es contradictoria porque por una parte ratifica que la salida de Ulises Ruiz no es renunciable ni negociable y, por otro, »deja la clara idea de que dentro del magisterio hay posiciones que actúan a favor del estado», al poner fechas para la reapertura de aulas. Ello, advirtieron, »encajona a nuestras bases al regreso inmediato, sin la oportunidad de pensar si esto es lo más conveniente para lograr la salida digna al conflicto que hoy enfrentamos».
Declaraciones de la Procuradora
A su vez, en una entrevista en la cual evaluó el avance de las investigaciones sobre los asesinatos de dos profesores, uno de la sección 22 y otro del Consejo Central de Lucha (CCL), así como del brigadista Alejandro García Hernández -ocurridos entre el 5 y el 18 de octubre-, la procuradora Lizbeth Caña descartó que los tres casos estén vinculados entre sí o se deban a cobro de cuentas entre grupos. No obstante, dejó abierta la posibilidad de que sea llamado a declarar el líder de la sección 22, Enrique Rueda Pacheco, a partir de los señalamientos que el CCL hizo en su contra por el asesinato de García Hernández. »En Oaxaca, cualquier ciudadano que tenga relación con hechos o sea señalado puede ser llamado a declarar», sostuvo la funcionaria.
Poco antes de una ceremonia de entrega de equipo de cómputo a personal de la procuraduría, Caña Cadeza también se refirió a los asesinatos de García Hernández, ocurrido el sábado 14 de octubre, y del profesor Pánfilo Hernández, perpetrado la noche del miércoles. Del primero, aseguró que si bien la prueba de radizonato de sodio practicada al soldado Jonathan Ríos Vázquez no dio positivo, por lo cual no habría disparado contra el brigadista, distintos testimonios de vecinos y documentación suya encontrada en el lugar del crimen constituyeron elementos suficientes para consignarlo ante un juez mixto de justicia en el penal de Tlacolula.
Respecto del profesor Hernández, dijo que se está en la etapa de la averiguación previa, iniciada por el Ministerio Público adscrito al Hospital Civil, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Asuntos del Magisterio, lo cual permitirá dar certeza a las actuaciones judiciales. Informó que aún no se tienen pistas de los atacantes ni del vehículo que usaron, pero explicó que el profesor murió a causa de dos impactos de bala calibre 45 en el abdomen. En el lugar, dijo, la policía recogió tres casquillos percutidos y una ojiva de dicho calibre.
Detalló que al policía Martín Ruiz Martínez, detenido por miembros de la APPO la noche del miércoles en el módulo de vigilancia de la calle Proletariado Mexicano, también se le practicó la prueba para determinar si disparó un arma en las horas recientes. -¿Cuál es su balance de las detenciones de delincuentes por integrantes de las brigadas de la Asamblea Popular? -Es censurable el hecho de que personas vinculadas con la APPO, o bien con el magisterio, tomen justicia por propia mano, lo que es contrario a la evolución jurídica y el respeto a los derechos humanos. -¿Considera que son una coincidencia los asesinatos con las asambleas? -Qué extraño que en momentos en que hay la perspectiva de que pueda decidirse el regreso a clases haya un hecho violento involucrado.
Pero no existe una línea de investigación de tipo político, todos los indicios recaerán en aspectos meramente jurídicos para no tener una visión subjetiva. Mientras, este mediodía se realizaron las exequias del profesor Pánfilo Hernández, en su domicilio de la carretera San Luis Beltrán 201, a media calle de donde fue asesinado. Una miscelánea propiedad de él y su hoy viuda, la también maestra Angelina Martínez Avella, fue habilitada como capilla ardiente.
La familia rechazó la solicitud de la APPO y de la sección 22 para que su cuerpo fuera velado en el zócalo, e inclusive descartó la propuesta de trasladar el féretro a la ciudad de México para rendirle homenaje ante la Cámara de Senadores. Paralelamente, la APPO organizó una marcha hacia el zócalo para insistir en su demanda de desaparición de poderes en el estado y la salida del gobernador Ulises Ruiz. Al término de la caminata, que convocó a miles de personas, Zenén Bravo Castellanos, integrante de la dirección colectiva de la Asamblea Popular, aseguró que el movimiento está »doblemente de luto, no sólo porque nos arrebataron la vida de un camarada, sino porque la credibilidad del Senado se acaba de perder, porque prefiere mantener a un sátrapa que hacerle justicia a un pueblo».
Fuente: Enrique Méndez, Octavio Vélez, La Jornada en Internet,
http://www.jornada.unam.mx/2006/10/20/index.php?section=politica&article=005n1pol 06/12/2011