La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) emplazó esta noche al gobernador Ulises Ruiz a pedir licencia a más tardar en 72 horas (contadas desde este martes), o realizará un paro estatal y una movilización de carácter nacional a partir del viernes, entre otras acciones. También demandó a la sección 22 del magisterio no regresar a clases hasta que se logre la renuncia del mandatario estatal. Casi a las 11 de la noche, la APPO afinó un documento que hará público este martes, dirigido a los maestros oaxaqueños, en el cual se «invita a la base magisterial» a «no dejar al pueblo solo en la lucha por la salida de Ulises Ruiz», aunque asegura que las organizaciones sociales serán respetuosas de la decisión tomada en la consulta magisterial, que comenzó este lunes y cuyos resultados se conocerán en una nueva asamblea, el miércoles.
En tanto, la indefinición de un eventual regreso de los maestros a las aulas generó este lunes horas de tensión en comunidades del estado, entre padres de familia que decidieron abrir las escuelas y las brigadas móviles de la APPO que trataron de impedirlo. Además, el secretario general de la sección 22 del magisterio, Enrique Rueda Pacheco, acusó que la asamblea estatal del sábado »fue secuestrada por grupos de personas armadas» que presionaron para modificar el resultado de la consulta. A su vez, organizaciones defensoras de derechos humanos informaron que fueron notificados de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enviará a su comisionado para México, Florentín Meléndez, a realizar una visita específica a Oaxaca -en fecha por definir- para analizar las agresiones que ha sufrido el movimiento que exige la renuncia de Ulises Ruiz.
Mientras, en la agencia municipal de Pueblo Nuevo, en la zona conurbada de la capital oaxaqueña, padres de familia y simpatizantes de la APPO tuvieron algunos roces por la apertura de las dos escuelas primarias, el jardín de niños y la telesecundaria de la comunidad. Por la mañana, con el apoyo de dos grupos de trabajo, vecinos de la escuela Emiliano Zapata impidieron que la tesorera del comité de padres de familia, Patricia Evia Sánchez, abriera el plantel, así que optaron por sellar las puertas con soldadura eléctrica. Más tarde, las brigadas móviles de la APPO soldaron los accesos de la telesecundaria y regresaron a la primaria para corroborar que nadie hubiese violado los accesos.
Al otro lado de la agencia municipal, que está dividida por la carretera internacional 200, padres de familia pagaron a un cerrajero para que abriera, primero con una barreta, la cadena que sujetaba las puertas de la escuela Francisco Zarco, y después los salones con ganzúas. Actualmente los alumnos de educación básica toman clases con guías escolares en dos domicilios particulares vigilados por sus padres. Una vez que entraron a la escuela Zarco, limpiaron los salones, barrieron el patio y los pasillos e iniciaron un inventario de los muebles y de los pizarrones electrónicos para evitar que posteriormente se les acuse de robo o destrucción.
La agencia municipal envió un camión de volteo para recoger la basura y la tierra acumuladas y, poco antes de la una, el autobús de la APPO enfiló hacia la primaria para cerrarla, pero los vecinos corrieron tras el vehículo armados con piedras, palos, machetes y hasta resorteras para enfrentar la brigada; ante ello, ésta siguió de frente. Por la noche una comisión se quedó a cargo de la vigilancia de la escuela, debido a que abrirá este martes a las 8 de la mañana para que los menores estudien en sus aulas. Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca descartó que el asesinato del indígena Alejandro López López, perpetrado el viernes pasado en la ranchería El Palmar, San Agustín Loxicha, se deba a motivos políticos y lo atribuyó a »una venganza».
Fuente: Enrique Méndez, Octavio Vélez, La Jornada en Internet,
http://www.jornada.unam.mx/2006/10/24/index.php?section=politica&article=005n1pol 06/12/2011