Amnistía Internacional exhortó al gobierno federal a dar a conocer la lista de las personas que han sido aprehendidas con motivo del conflicto en Oaxaca, así como a demostrar que han tenido atención médica, comunicación con sus familiares y que son procesados con base en la ley. Además, exigió que se permita a las organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos tener acceso a los centros de detención, para que constaten la situación en que se encuentran los presos.
En tanto, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) reportó que 19 personas más fueron detenidas en el transcurso de la tarde-noche del martes y la madrugada del miércoles en la capital del estado. Hasta ayer nada se sabía respecto al lugar donde fueron enviados, comentó Jessica Sánchez, integrante de la agrupación. Lo único que se sabe, dijo, es que el operativo para detener a los simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) fue realizado por policías municipales de Santa Lucía del Camino, quienes llegaron a las barricadas durante la madrugada del miércoles y en menos de 15 minutos se llevaron a 14 personas, cuya identidad apenas se está investigando.
Otras tres fueron sacadas del domicilio de un abogado recién egresado de la carrera de derecho conocido como René. Un grupo de individuos vestidos de civil irrumpió en la vivienda y también se llevaron a sus compañeros Mauricio y Benito. Sánchez denunció que además de los cateos y allanamientos de morada ilegales no se informa a los detenidos de los cargos que se les imputan ni el lugar al que serán remitidos. Además, comentó la activista, se supone que existe una fiscalía móvil de la Procuraduría de Justicia del estado, «pero nadie sabe dónde está». Así, los detenidos se encuentran en total indefensión porque los abogados defensores no tienen una instancia a la cual puedan acudir para conocer la situación legal de los miembros de la APPO.
Inclusive, añadió Sánchez, ayer los integrantes del Colectivo Jurídico para la Defensa en contra de la Represión en Oaxaca recorrieron las agencias del Ministerio Público en la ciudad, se trasladaron a la sede de la procuraduría estatal y a las instalaciones de la 28 Zona Militar, pero en ningún lado les dieron informes sobre los presos. La integrante de la Limeddh aseguró que la mayoría de quienes han sido liberados manifiestan haber sido víctimas de tortura física y sicológica, además de que presentan lesiones en las manos ocasionadas por las esposas. Resaltó el caso del abogado Gerardo Jiménez Vázquez, aprehendido el 2 de noviembre y liberado el martes pasado, quien sufrió la fractura de dos costillas.
Por su parte, Amnistía Internacional expresó su preocupación por el destino de las personas detenidas desde el pasado 29 de octubre, principalmente porque las organizaciones civiles han intentado, sin éxito, recabar información sobre su paradero. La falta de información oficial acerca de los detenidos, de su condición física y de los cargos que enfrentan podría significar que están sujetos a un régimen de incomunicación y malos tratos, los cuales constituyen violaciones graves de derechos humanos, destacó el organismo. Resaltó que durante los pasados cinco meses ha recibido informes sobre casos de tortura, malos tratos e incomunicación de varios manifestantes detenidos por las autoridades del estado de Oaxaca. Además, recomendó que las comisiones nacional y estatal de derechos humanos coordinen sus esfuerzos para vigilar el respeto de las garantías individuales.
El organismo también expresó su consternación por los 17 muertos reportados desde el inicio del conflicto hace más de cinco meses y apremió a que se realice una investigación federal imparcial de dichos crímenes. De la misma manera condenó el aparente uso excesivo de la fuerza pública contra los manifestantes. En este punto, Amnistía recalcó la necesidad de investigar imparcialmente las violaciones de derechos humanos. Más adelante, se dirigió a la APPO para condenar la violencia empleada por algunos de sus miembros y exhortó a la organización a que respete el estado de derecho durante sus protestas.
En tanto, el paraguayo Martin Almada, premio Nobel Alternativo de la Paz, condenó las acciones de las fuerzas policiacas en Oaxaca, las cuales, dijo, se asemejan a los «horrores de la Operación Cóndor, pacto criminal entre los gobiernos militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay», por la cual se secuestraba, torturaba y asesinaba a los opositores en los años 1970. Almada aseguró que le tocó estudiar los archivos secretos de aquellos hechos y «advierto una muy peligrosa similitud» con lo que ahora ocurre en México. En una carta enviada a Ernesto Campos Tenorio, embajador de México en Paraguay, el activista subrayó que la causa de Oaxaca es la de todos los pueblos del mundo. Responsabilizó al gobierno del presidente Vicente Fox por el «terrorismo de Estado» que se está aplicando en la entidad.
Fuente: Ángeles Cruz Martínez, La Jornada en Internet,
http://www.jornada.unam.mx/2006/11/09/index.php?section=politica&article=009n1pol 11/01/2012