Integrantes del Frente Amplio Democrático Educativo de Sonora se manifestaron en Hermosillo frente al palacio de gobierno y el Congreso local, en demanda de la salida de la Policía Federal Preventiva (PFP) de Oaxaca, la renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz y castigo por los asesinatos ocurridos en esa entidad. «Nuestro país no puede volver a los viejos tiempos del diazordacismo como método de gobierno, a menos que el Ejecutivo federal y sus aliados del gobierno espurio pretendan hacer estallar mayor violencia y aniquilar a la población», advirtió David Guadalupe Valenzuela, dirigente de la agrupación magisterial.
En tanto, más de 40 organizaciones sociales, así como maestros y estudiantes de diversas escuelas de la Universidad Autónoma de Querétaro, solicitaron al presidente municipal de la capital del estado, el panista Manuel González Valle, que destituya a los secretarios de Seguridad Pública Municipal, Amadeo Valladares, y de Gobierno, Jorge Luis Alarcón, por impedirles manifestarse, detener y golpear a los manifestantes que preten-dían expresar su rechazo a la intervención de la PFP en Oaxaca los días 9 y 10 de octubre, así como el primero y el 2 de noviembre pasados.
De igual forma, los inconformes exigieron que sean sancionados y consignados los elementos policiacos que amenazaron y torturaron a los ciudadanos Antonio Flores, Fidel Vallejo, José Luis Aguilar, Agustín Vilchis, Genaro García y Omar Isaí López tras ser detenidos y acusados de incurrir en faltas administrativas en días pasados. En un documento que turnaron al edil capitalino, con copia al gobernador, el también panista Francisco Garrido Patrón, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a Amnistía Internacional, los firmantes manifestaron su preocupación de que en Querétaro no se respete el artículo 9 de la Constitución, en el cual se establece que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito para tomar parte en los asuntos políticos del país.
De su lado, el pleno del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) avaló sumarse de lleno a la lucha para lograr la salida del gobernador Ulises Ruiz y con ello distender la presión para buscar una salida pacífica al conflicto en Oaxaca. Camilo Valenzuela, secretario general del PRD, manifestó que pugnarán por la salida de las fuerzas federales del estado, ya que se demostró que no son la solución al conflicto, sino al contrario, se han convertido en un agravante más. El pronunciamiento se dio en la reunión previa del CEN del PRD celebrada en Ixtapan de la Sal, estado de México, donde también se convino respaldar a los seis legisladores del sol azteca que han iniciado una huelga de hambre en el patio central del Senado, en demanda de la renuncia del gobernador oaxaqueño.
En Chiapas, la diócesis de San Cristóbal de las Casas pidió al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, que renuncie «en aras de la paz social», ya que «en momentos como el que vive esa entidad no basta invocar la legalidad». En un documento firmado por los obispos Felipe Arizmendi Esquivel y Enrique Díaz Díaz, y por los siete vicarios, la diócesis manifestó que «es tiempo de generosidad, de renunciar a uno mismo para el bien común». A la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y a los maestros oaxaqueños les pidió que «en la exigencia de sus justos derechos no caigan en acciones violentas que sólo les exponen a la represión y a que muchos ciudadanos consideren ilegítima su lucha». A los profesores les recordó que «el regreso a clases es un derecho de los niños y de las familias que no se puede lesionar».
Indígenas chiapanecos envían víveres
En esa misma localidad chiapaneca, la organización civil Las Abejas solicitó al presidente Vicente Fox que «garantice las condiciones de acceso en los retenes policiales» a la caravana que este jueves enviará a Oaxaca para entregar víveres a la APPO y para «romper el cerco en que se encuentra la capital» del estado. «El gobierno mexicano ha recurrido a la fuerza pública y de las armas, agravando la violencia y deteriorando la seguridad pública de la sociedad oaxaqueña en vez de promover e impulsar la paz y la solución justa a las demandas de los pueblos» de ese estado, añadió la agrupación, la cual se prepara para enviar este jueves una caravana de indígenas tzotziles, acompañados por integrantes de la sociedad civil.
Fuente: Cristóbal García, Mariana Chávez, Israel Dávila, Elio Henríquez, La Jornada en Internet,
http://www.jornada.unam.mx/2006/11/09/index.php?section=politica&article=011n2pol 11/01/2012
Crean en Salamanca, España, grupo de solidaridad con el pueblo oaxaqueño
El clamor por denunciar los abusos de poder y las violaciones a los derechos humanos en Oaxaca se escuchó en esta ocasión en la ciudad de Salamanca, donde un centenar de personas recorrieron el centro histórico bajo la consigna que ha dado pie a la solidaridad internacional: «Ulises, dimisión». El movimiento ciudadano, integrado por estudiantes españoles y mexicanos de la localidad de Castilla y León, nació a raíz de la represión desatada contra los miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) por parte de las fuerzas públicas estatales y federales. Ante las noticias que llegaban de «asesinatos, desapariciones y abusos policiacos», un grupo de estudiantes decidió crear la Asamblea de Solidaridad con Oaxaca.
Esta organización, creada para que «nuestros compañeros de Oaxaca sientan el apoyo desde Salamanca», según explicó una de sus integrantes, María García, ha llevado a cabo en los días recientes una intensa campaña de información y denuncia de los hechos ocurridos en la capital oaxaqueña. Hoy mismo, una manifestación de aproximadamente 100 personas marchó por las calles de la capital coreando consignas contra los gobiernos de Ulises Ruiz y de Vicente Fox, a los que instaron a «respetar los derechos humanos y de los pueblos indígenas» de aquella región.
La campaña de protesta también va dirigida «al gobierno español, que si no actúa será cómplice de las barbaridades que se están cometiendo en Oaxaca, pues nos resulta incomprensible que ni siquiera se reconozca por parte del gobierno federal el saldo de muertos dejado por el conflicto», dijo María García, quien reconoció su estupefacción ante la escasa información «veraz» que se ofrece en España sobre estos acontecimientos. La manifestación culminó en la Plaza España, donde dibujaron una bandera mexicana a manera de denuncia, al tiempo que se exigió al gobierno de Vicente Fox que cumpla con lo que marca el derecho internacional y con sus compromisos en diversos foros como la propia Unión Europea de ser un país respetuoso de los derechos humanos.
La organización civil de solidaridad con Oaxaca también entregó una misiva en la subdelegación del gobierno representante del Ejecutivo español en la ciudad, en la que señalan que «hace más de cinco meses, en junio del presente año, los profesores de Oaxaca no aguantaron más y se plantaron, ante la negativa a sus razonables peticiones, que no pretendían otra cosa que reducir las precarias condiciones a las que está sometida su difícil enseñanza (entre otras cosas, por ejemplo, han de pagar su medio de transporte hasta los centros escolares o el material, todo esto con su escaso sueldo)».
Fuente: Armando G. Tejeda, La Jornada en Internet,
http://www.jornada.unam.mx/2006/11/09/index.php?section=politica&article=012n1pol 11/01/2012