El pueblo de Oaxaca dejó atrás el miedo. Miles de personas, encabezadas por familiares de ciudadanos detenidos por la policía federal el pasado 25 de noviembre, participaron en una marcha para exigir la liberación de más de 200 «presos políticos». Fue la primera movilización en la que simpatizantes e integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), dirigentes de los partidos que integran el Frente Amplio Progresista (FAP) y los familiares de los presos, muchos de ellos ajenos a las acciones de este movimiento popular, convergen para formar un flanco de resistencia que les permita no sólo insistir en la salida del gobernador Ulises Ruiz o ver nuevamente a los suyos, sino reorganizarse en lo que denominan «segunda etapa de lucha del pueblo de Oaxaca».
Los tres grupos marcaron objetivos y respeto mutuos. En nombre del FAP, Leonel Cota Montaño, dirigente nacional del PRD, presente en todo el recorrido, manifestó su solidaridad con las causas de la APPO y advirtió que el único culpable del conflicto que vive la entidad se llama Ulises Ruiz. En tanto, la directiva de este movimiento convocó a la constitución de asambleas populares en otras entidades para «defender nuestros derechos ante la rapaz política neoliberal», al tiempo que los familiares recibieron múltiples muestras de solidaridad. Las frases «¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!» y «¡Presos políticos, libertad!», retumbó en todo el recorrido.
La valentía se impuso. De un lado, los familiares en la descubierta, alzando pancartas con las fotos y nombres de sus seres queridos, la mayoría presos en Nayarit, una entidad, lejos de aquí, a la que muchos de ellos no han podido ir por falta de recursos. En todo el recorrido, de poco más de 12 kilómetros, nadie dejó de clamar por justicia. «¡Repudio total a la fuerza federal!», se escuchaba. Atrás de ellos, líderes de la APPO, varios de ellos integrantes del magisterio con órdenes de aprehensión giradas en su contra por instancias del gobierno estatal, pero ni por ello desistieron en volver a las calles en la octava «megamarcha» impulsada otra vez por la APPO, en la que una numerosa comisión de seguridad impidió la «infiltración de provocadores», como ocurrió el 25 de noviembre pasado.
«Codo por codo, hombro, con hombro, la APPO somos todos». «Lo quiera o no lo quiera, Ulises va pa’ fuera». Con un amplio y organizado cinturón de seguridad consiguieron que no se registraran incidentes mayores, sólo el reclamo de algunos comerciantes y vecinos por las pintas con aerosol hechas al paso por una decena de jóvenes. La APPO cumplió el compromiso, hecho ante funcionarios de la Secretaría de Gobernación la semana pasada, en el sentido que no habría personas cubiertas con pasamontañas ni uso de bombas molotov, piedras u otros objetos, que han servido para repeler a los efectivos de la Policía Federal Preventiva (PFP), que hoy reforzó sus posiciones en las inmediaciones del zócalo.
La marcha, más allá de las pintas, fue totalmente pacífica.
En las bocacalles, los uniformados se pertecharon con los contenedores del servicio de limpia y algunos de ellos pasearon ansiosos por la plaza de Santo Domingo con sus armas largas. Aparecieron otra vez dos tanquetas en cada esquina, con unos 60 elementos antimotines, listos para intervenir. Al final, se quedaron con las ganas de actuar, ya que los manifestantes ni siquiera los voltearon a ver. De acuerdo con los organizadores, participaron en el recorrido de la agencia Trinidad Vigueras a la Plaza de la Danza, ubicada a tres cuadras de los retenes de la PFP, alrededor de 15 mil personas; en tanto, fuentes del gobierno estatal dijeron que «se calculó la asistencia de entre cinco y siete mil personas».
Juan Sosa, uno de los dirigentes de la APPO y activista de la región de los Loxicha preso en el penal de máxima seguridad de Almoloya de 1998 al 2001 manifestó que tras la detención masiva del 25 de noviembre y la de algunos dirigentes como Flavio Sosa, este movimiento «creció cualitativamente, porque pese a la represión, la fuerza y la saña con que ha actuado el Estado, aquí están los convencidos de que esta lucha debe seguir. Ni siquiera los más afectados, los familiares de los detenidos, están claudicando». En un tramo, un grupo de manifestantes aseguró haber visto a policías federales vestidos de civil que tomaban fotos de la cara de algunos de los marchistas y, tras ser descubiertos, fueron a guarecerse al motel La Cabaña. Otros sólo alcanzaron a lanzar mentadas de madre a un convoy de «pefepos», «los del uniforme gris» que pasaron por un costado de la larga fila que formaron los marchistas.
«Ni perdón ni olvido»
Al llegar a la Plaza de la Danza, los manifestantes trataron de encontrar un lugar para guarecerse del sol. En el templete, al igual que en la marcha, compartieron espacios familiares y dirigentes políticos y sociales. Ahí estaban rostros visibles de la APPO, como Zenén Bravo, Erangelio Mendoza y Gilberto Hernández; profesores como Augusto Fernando Reyes que como se dijo ahí no necesitaron de la convocatoria oficial de la directiva estatal de este gremio, encabezada por un ausente Enrique Rueda, para repudiar la fuerza del Estado.
A su lado, el dirigente del sol azteca, Leonel Cota, y el secretario general de esta organización, Guadalupe Acosta, así como la luchadora social Rosario Ibarra, actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, a quien tocó informar a los presentes que lanzaban consignas de «¡asesino, asesino» cuando alguien mencionaba el nombre de Ulises Ruiz, que este domingo había muerto el dictador chileno Augusto Pinochet. Fue sólo el preámbulo para pedirle a las madres, como ella, que claman por el regreso de sus hijos, «no romper la esperanza. Hace rato les dijo Rosario Ibarra que estamos luchando por la desaparición de poderes, por los derechos de este pueblo heroico, para que caiga Ulises Ruiz y se juzgue a los criminales».
Frente a la gradería de este espacio tradicional fue leída la declaración política de la APPO, en la que ésta manifestó su repudio al recorte presupuestal para la educación, por un gobierno «que pretende construir un modelo oscurantista». En cambio leyó en nombre de la APPO Cástulo López, ante la falta de legitimidad, el gobierno que encabeza Felipe Calderón le ha apostado a fortalecer las estructuras militares y policiacas para tapar, por la vía de la fuerza, esa enorme falta de calidad moral y acallar así las voces disidentes. Sin embargo, agregó, la APPO, lejos de desactivarse ha pasado a otra etapa de lucha; la dignidad de este heróico pueblo no ha sido quebrantada ni ha renunciado a su más sentida demanda: la salida de Ulises Ruiz. Aunque Cota insistió en que el FAP no se montaría en la lucha de la APPO, apenas se mencionó al «presidente legítimo» se escuchó el grito colectivo de «Obrador, Obrador».
En nombre del Comité de Familiares de Detenidos, madres, hermanas e hijas de presos destacaron que con la marcha y el mitin lograron romper el cerco de la información, romper el silencio «para que se sepa en todo el país que en Oaxaca se están violando los derechos más elementales, se vive un Estado de excepción». Clamaron por justicia ante «las detenciones arbitrarias»; hoy, agregaron, «nos toca vivir en carne propia la aprehensión de nuestras hermanas y hermanos a quienes se acusa de delincuentes. «¿En dónde queda el estado de derecho que pregonan los políticos? Sin embargo, con todo y eso, vamos a pasar del desánimo y la impotencia de los días pasados a la lucha organizada», porque, como repitieron los familiares, «25 de noviembre, ni perdón ni olvido».
Fuente: Fabiola Martínez, Octavio Vélez, La Jornada en Internet,
http://www.jornada.unam.mx/2006/12/11/index.php?section=politica&article=003n1pol 17/01/2012