Como una bocanada de aire fresco en medio de un clima de imposiciones reformistas, a finales de septiembre el Congreso de Oaxaca aprobó la creación de una comisión de la verdad, con el fin de investigar los hechos ocurridos durante 2006 y 2007 en esa entidad. Sin el voto de la bancada priísta, los legisladores de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano aprobaron con 24 votos la creación de dicho órgano, promovido por el propio gobernador y el diputado petista Flavio Sosa Villavicencio.
Ambos aseguran que la comisión servirá para investigar las violaciones a los derechos humanos y la posible comisión de delitos por parte de servidores públicos de aquella entidad contra personas vinculadas o no con el conflicto social ocurrido entre el 14 de junio de 2006 y el 16 de julio de 2007 –cuando se formó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca–, que dejó un saldo de 30 asesinatos, más de una decena de desaparecidos e incuantificables detenciones arbitrarias realizadas por policías y paramilitares bajo las órdenes del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz.
De acuerdo con la ley que la crea, la comisión será temporal, autónoma, contará con patrimonio y presupuesto propios, y deberá integrarse formalmente dentro de los 60 días naturales posteriores a la publicación de esa ley en el Periódico oficial del estado. Tendrá una temporalidad continua e ininterrumpida de 18 meses, prorrogables por única vez hasta por seis meses, y estará conformada por tres personas, con voz y voto, designadas por el gobernador, a propuesta de las organizaciones civiles de derechos humanos locales, nacionales e internacionales. Deberán ser mexicanas, en pleno uso de sus derechos civiles y políticos, con probada honorabilidad y trayectoria en la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos, y no ser ni haber sido servidores públicos en ninguno de los tres niveles de gobierno, dirigentes o miembros de partido u organización política alguna, y no estar vinculadas con los hechos o actores objeto de investigación. La comisión contará además con tres representantes, con voz, de las víctimas del movimiento social de los años comprendidos en el periodo señalado, y cuya actuación será honorífica.