Entrada de la PFP, primer paso para militarizar Oaxaca: APPO
Al igual que la sección 22 del magisterio, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) rechazó esta noche la propuesta presentada por el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, y decidió presentar una contrapropuesta en la que se mantiene como demanda principal la desaparición de poderes o la dimisión del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Flavio Sosa Villavicencio, miembro de la coordinación provisional de la APPO, afirmó que el ofrecimiento de Abascal Carranza, esencialmente la entrada de la Policía Federal Preventiva (PFP), fue objetado y refutado porque »abriría el camino para la militarización» del estado.
La propuesta presentada por el titular de Gobernación incluía la destitución de tres funcionarios -principalmente mandos policiacos-, el ingreso de la PFP a la ciudad para realizar tareas de vigilancia y aceptar que una comisión de integrantes de la sociedad civil fuera parte del diálogo con la asamblea. »No podemos aceptar el ingreso de las fuerzas federales porque se pondría en riesgo a miles de oaxaqueños que participan en la jornada de lucha que reclama la salida del señor Ulises Ruiz», señaló. No obstante, consideró que Oaxaca se encuentra en un contexto de militarización por la presencia del Ejército Mexicano y de la infantería de marina en diversas partes.
Ahora, declaró, comenzaron a realizar »incursiones a comunidades indígenas para atemorizar a quienes se han sumado» al movimiento magisterial y popular. Por ejemplo, dijo, está el ingreso de militares la mañana de este domingo a los municipios de San Ildefonso Villa Alta, pueblo zapoteco de la Sierra Norte, y a San Juan Cotzocón, de la zona mixe. »Lo que pretende Gobernación es la misma estrategia que han hecho en San Salvador Atenco y en Lázaro Cárdenas, y eso no lo vamos a permitir», advirtió.
Ante ello, Sosa subrayó que la plenaria de la APPO facultó a sus miembros participantes en la comisión única de negociación (CUN), instancia integrada conjuntamente con el movimiento magisterial, para elaborar una contrapropuesta a fin de ser presentada el lunes al secretario Abascal Carranza. Esta propuesta alterna, dijo, tiene como punto central la salida del gobernador de Oaxaca, »pues no habrá mayores concesiones en cuanto a las medidas de distensión pedidas (por Abascal) si primero no se va el señor Ruiz Ortiz». La APPO dijo que en su propuesta se incluirá la creación de un consejo plural de vigilancia ciudadana, en el que estén representados todos los sectores y se incluyan personalidades de carácter nacional, así como destituir a todos los mandos de las fuerzas de seguridad de Oaxaca, constituir una mesa de incidencias en la que participe la Fiscalía Especial para Asuntos del Magisterio y una representación de la Secretaría de Gobernación.
Asimismo se convocó a un foro ciudadano en que confluyan todos los sectores del estado, incluida la iniciativa privada, y se demandó el cese inmediato de la represión contra el movimiento popular y el regreso del Ejército a sus cuarteles y de la Marina, el retiro de las órdenes de aprehensión giradas contra los líderes y la liberación de »presos políticos», como condiciones para continuar el proceso de negociación en Bucareli. El vocero de la Asamblea Popular, Florentino López, expresó la necesidad de que el Senado agilice la desaparición de poderes en el estado y que la Auditoría Superior de la Federación haga una revisión a las finanzas del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Dijo que se analiza la posibilidad de presentar un recurso ante la Suprema Corte de Justiciad de la Nación, como forma de agotar todas las instancias legales e institucionales para lograr la salida del mandatario.
Universitario torturado
Esta noche se conoció que el estudiante de derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) Pedro García García fue liberado la madrugada, después de que se pagó una caución. Su ilegal detención, el primero de octubre, y el proceso que se le siguió por presunta portación de un arma Magnum 357, reveló -como se desprende de sus declaraciones- una cadena de hechos. Por ejemplo, que el gobierno del estado mantiene acantonados en el reclusorio femenil de Tlacolula, donde fue encarcelado, a 500 policías preventivos que participarían en el operativo Hierro; que se inició un proceso de detenciones selectivas de líderes del Frente Popular Revolucionario, integrado por estudiantes de la UABJO, y que en esas operaciones participarían supuestos policías federales.
En conferencia de prensa realizada en el quiosco del zócalo de esta ciudad capital, García mostró las ropas que vestía el domingo pasado, cuando fue detenido. También la herida que uno de sus captores le hizo en la ceja derecha con la cacha de una pistola, así como los verdugones que le quedaron en estómago y espalda por la tortura a que fue sometido. No sólo lo golpearon, sino que amenazaron con matar a su familia y violarlo, e inclusive en distintas ocasiones le prendieron fuego al espray de un bote de aerosol para acercárselo a la espalda. Por estos hechos será presentada una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Refirió que durante los días en que fue torturado le hicieron firmar una declaración donde se inculpaba de un robo en la Central de Abasto, a las 17:30, cuando su aprehensión ocurrió a las 13:30 en la universidad, y que en los interrogatorios -sin la presencia de un abogado, que no pudo verlo hasta el miércoles 4- le exigieron revelar si ciertos estudiantes estaban relacionados con la APPO y el movimiento, ya que estarían en una lista de próximas detenciones. Entre ellos le mencionaron a Juan Velázquez, Lázaro García y Florentino López Martínez, todos integrantes del Frente Popular Revolucionario, y el tercero además vocero de la APPO.
Además, en las irregularidades del proceso resalta que en su declaración ministerial se incluyó que fue detenido por portar una Magnum 357, pero la tarde del lunes, un día después de la aprehensión, la procuraduría informó en un boletín que Pedro García fue detenido con un rifle AK-47, un cargador y 29 cartuchos útiles calibre 7.62 milímetros, por lo que se inició la averiguación previa 1539/PME/06, pero después la dependencia declinó la competencia a la autoridad federal por la portación de arma prohibida. Presente en la conferencia, la madre de Pedro García, Lilia García Velasco, declaró: »En este momento culpo al gobierno del estado de todo lo que nos pase. Tengo tres hijos, soy madre soltera y los he sacado adelante. Soy una persona muy humilde y no poseo armas, pero podría ser que de hoy en adelante alguien me podría regalar alguna».
Fuente: Enrique Méndez, Octavio Vélez, La Jornada en Internet,
http://www.jornada.unam.mx/2006/10/09/index.php?section=politica&article=003n1pol 23/11/2011