Tanto los actores como los comentaristas del conflicto oaxaqueño empiezan a coincidir: la eventual intervención armada eleva sus costos sociales y políticos cada día, y sus consecuencias serían graves en el resto del país. Sin embargo, el gobierno federal, al tiempo que reitera su disposición al diálogo, multiplica las muestras de que la represión sigue siendo, más que posible, probable.
OAXACA, OAX.- Mientras Ulises Ruiz «gobierna» Oaxaca desde un helicóptero y aislado por un fuerte dispositivo de seguridad cuando viaja por carretera, fuentes militares le atribuyen a guerrilleros del Ejército Popular Revolucionario recientes «patrullajes» en la Sierra Sur del estado, la zona donde surgió el grupo armado. La Asamblea Popular de los Pueblos de Loxicha rechaza esa versión. Se trata de un rumor que busca intimidar al pueblo o justificar el incremento de la presencia del Ejército Mexicano, que desde hace 10 años mantiene tres retenes en la zona, sostiene el maestro indígena Donaciano Valencia Juárez.
Un sacerdote que simpatiza con el movimiento popular ofrece su testimonio bajo la condición de mantener el anonimato: «De repente causa escalofrío; jamás pensamos que íbamos a vivir escenarios que vivieron los países centroamericanos en los sesenta, setenta y ochenta, como los policías disfrazados de civiles, cuerpos policiacos que reprimen fuera de toda lógica y control, las detenciones arbitrarias, disparar contra manifestaciones… Es algo muy fuerte, no sucede en cualquier lugar». El entrevistado sostiene que el movimiento «se está expandiendo a estados del sureste del país. Es el fin y el inicio de una nueva etapa, donde se definirán las vías de lucha, aunque el pueblo se manifieste por la pacífica.
Sería una respuesta a la violencia que imponga el Estado. Podrían activarse grupos subversivos, escindidos y fraccionados». Por eso, agrega, las acciones sobre Oaxaca tendrán repercusiones nacionales. Tanto el presidente Vicente Fox como el electo, Felipe Calderón, tendrán que definir el rumbo de la entidad. Por su parte, Florentino López Martínez, vocero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), destapó la estrategia del gobierno estatal para desactivar su movimiento. Se trata, dijo, del Plan Hierro, diseñado por la Dirección General de Seguridad Pública Estatal. El documento que contiene el proyecto, en poder de Proceso, plantea la recuperación, por la policía, de los cinco puntos «donde se encuentran concentrados la mayor parte de los manifestantes»: las radiodifusoras tomadas, la casa oficial, la procuraduría, el Zócalo, los juzgados penales y la Secretaría de Finanzas.
Para el efecto, se diseñaron cuatro agrupaciones que operarían de manera simultánea y contarían, cada una, con tres ambulancias, una pipa de agua, cuatro unidades de bomberos, cuatro agentes del Ministerio Público, un notario público, dos cámaras de video y 300 esposas de plástico. El «servicio de información» de la dependencia policiaca especifica que «los maestros y gente que simpatiza con la Asamblea Popular portan infinidad de armas hechas por ellos mismos, inclusive armas de fuego». Y enumeran ese armamento: «bombas molotov, cinco armas por bloqueo, palos, piedras, varillas, resorteras, hondas, tablas con clavos, tanques de gas, cables atravesados de lado a lado de la calle, etcétera».
En el documento se establece qué área le corresponde desalojar a cada agrupamiento policiaco: al 1, ubicado en Tlacolula, se le asigna el crucero Tlalixtac, la Penitenciaría, la radiodifusora La Ley 710 y Finanzas; al 2, de Viguera, le toca el Canal 9, el Instituto Estatal del Agua y Radio Oro; al 3, con sede en el Campo UPOE, le corresponde la Casa Oficial, la procuraduría y la antena El Rosario; mientras que el Zócalo quedaría a cargo del agrupamiento 4 de la policía. El vocero de la Asamblea Popular, López Martínez, también acusó al gobierno de Ulises Ruiz de contratar a un grupo de sicarios denominado Los Zetas para que, como parte del mencionado plan, asesinen a los líderes del movimiento y generen más caos para justificar el uso de la fuerza pública federal. Sin embargo, algunos analistas ven esta posibilidad cada día más lejana por sus probables costos políticos y sociales.
El viernes 6, en su columna Estrictamente Personal de El Universal, Raymundo Rivapalacio detalló que, «de acuerdo con personas que han visto los informes del Cisen» sobre el conflicto en Oaxaca, alrededor de 3 mil personas se movilizan permanentemente en la entidad como parte del conflicto, de las cuales 800 tienen entrenamiento en la lucha armada «y cuentan con seis depósitos de parque y pertrechos que son movidos constantemente para evitar ser detectados». Según esos reportes, continúa, «en un momento de choque con las fuerzas federales es altamente probable que unidades militares del EPR y de milicias o espontáneos respondan con fuego. Pero además, subraya otro informe, se calculan en 600 aquellos menores de 18 años dispuestos a entrar en la pelea. Para entender la magnitud que entraña lo delicado de una operación de desalojo en estas condiciones, bastaría imaginarse las escenas de uno solo de esos niños o jóvenes muertos por la policía en el enfrentamiento».
Leña al fuego
En la capital del estado se acumulan los motivos de tensión. A las siete de la mañana del 2 de octubre, tres petardos estallaron en sucursales bancarias (Banamex, Santander y Banorte). Las puertas de vidrio tronaron. Ahí se encontró un mensaje firmado por la «Organización Revolucionaria Armada de los Pueblos de Oaxaca» (ORAPO), que se autocalificó como una expresión revolucionaria y le declaró la guerra a los gobiernos federal y estatal. «Estamos preparados y dispuestos a luchar con las armas en la mano para defender a nuestro pueblo y seguiremos implementando acciones de mayor envergadura a instalaciones de la oligarquía. Estamos alertas y vigilantes», advertía el mensaje.
Tanto jerarcas eclesiásticos como organizaciones civiles consideraron que el atentado fue un acto planeado desde el gobierno para justificar la intervención de la Marina contra la APPO y el magisterio. Pero los exguerrilleros Felipe Canseco Ruiz y David Cabañas Barrientos coinciden en que el ataque fue real y creen que el grupo que lo reivindica es una escisión de las guerrillas más conocidas de la sierra oaxaqueña: EPR, ERPI o FARP. Canseco Ruiz fue miembro del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo-Partido de los Pobres (PROCUP-PDLP), y está seguro de que otras apariciones recientes de grupos armados son auténticas.
De ser así, en Oaxaca estarían operando, además de los grupos ya mencionados, el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos (MR-LCB), Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP), Colectivo Revolucionario-Francisco Javier Mina (CR-FJM), Organización Insurgente-1º de Mayo (OI-1º M), Brigada de Ajusticiamiento 2 de Diciembre (BA-2D). La lista tendría que incluir a las Brigadas Populares de Liberación (BPL), que irrumpieron el pasado 30 de agosto en la carretera Oaxaca-Tuxtepec, a la altura de la comunidad de Reynosa, municipio de Santa Catarina Ixtepeji, en la Sierra Juárez, para entregar propaganda de su organización armada, así como al autodenominado Movimiento Armado Revolucionario (MAR), que se dio a conocer mediante un video el 31 de agosto pasado.
Canseco, quien fuera preso político durante siete años, sostuvo que el discurso y los planteamientos de estas organizaciones revelan su carácter revolucionario, pero opina que su irrupción «no es adecuada» en este momento político del estado. En cuanto al gobierno federal, dice, está en la disyuntiva: «O crea las condiciones político jurídicas para la salida de Ulises Ruiz Ortiz, que es una demanda de la gran mayoría del pueblo de Oaxaca, o definitivamente se cierra a esta demanda justa y adopta una actitud de represión e intransigencia». Si el gobierno opta por lo segundo, «estará abriendo una nueva etapa de lucha cruenta y reeditando otra vez los años setenta, cuando se registró el levantamiento de Lucio Cabañas Barrientos. Seguramente los grupos que se han anunciado y muchos más ciudadanos oaxaqueños se van a ver obligados a empuñar las armas de manera legítima ante una cerrazón del Estado mexicano a un justo reclamo, la salida de Ulises Ruiz», afirma Canseco Ruiz.
De esa manera se definirá si la movilización política basta para lograr las transformaciones necesarias con fundamento en el artículo 39 de la constitución para modificar la forma de gobierno, señala. Por su parte, David Cabañas Barrientos, hermano de Lucio Cabañas, coincide en la advertencia de que puede resurgir la lucha armada en Oaxaca. Además, señala que es probable que el problema se extienda a otras entidades donde hay problemas sociales, como el Estado de México (San Salvador Atenco), Michoacán (Sicartsa), Guerrero y «otros lugares donde se le está poniendo leña al fuego». Ambos exguerrilleros hacen un llamado a los grupos armados para que permitan a la APPO desarrollar sus actividades dentro del marco constitucional «y actúen sólo en el caso de que la APPO sea arrasada, reprimida, masacrada, y asesinados o perseguidos sus dirigentes».
La represión vislumbrada
Los integrantes de la APPO confían en que el gobernador será destituido, y no los desaniman los signos de una probable intervención armada en su contra: las amenazas públicas del presidente Fox y de funcionarios de Gobernación, los dos helicópteros de la Marina que se dejaron ver el pasado domingo 1 y la avioneta que por la noche sobrevuela sin luces las comunidades de la sierra. «Los estamos esperando», gritan los integrantes de la APPO y del magisterio, aunque saben que en Salina Cruz están preparadas las tanquetas. Sin embargo, la madrugada del propio día 1 se reforzaron las barricadas cerca de la radiodifusora renombrada La Ley del Pueblo.
Se creía que los marinos bajarían de helicópteros para desalojar las estaciones de radio tomadas por los maestros, luego avanzarían hacia las barricadas e intentarías abrir el centro histórico de Oaxaca. En la tarde, se dijo que la acción comenzaría a las 11 de la noche. Después se difundió que a las tres de la mañana y finalmente que al amanecer. Nada de ello sucedió. Pero hubo un muerto: un motociclista que no vio el cable que los maestros atravesaron para reforzar una barricada. Al día siguiente, el rumor se repitió, aunque era improbable que el gobierno federal decidiera intervenir en Oaxaca un 2 de octubre, en el aniversario de la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Posteriormente, se rumoró que la intervención se llevaría a cabo en la madrugada del jueves, como castigo porque la APPO y el magisterio no acudieron al foro convocado por la Secretaría de Gobernación.
Se fijó como límite para el ataque las tres de la tarde, pero la tensión disminuyó al anunciarse que el gobierno federal había entregado una propuesta que implica la entrega de la capital oaxaqueña a un funcionario de Gobernación y que la Policía Federal Preventiva resguarde las calles. En cuanto a la salida de Ulises Ruiz, se dejaría en manos del Senado. Esa distensión es relativa. Todos los días, a las siete de la mañana, policías estatales vestidos de civil salen del campamento de Zaachila en camionetas blancas y realizan rondines por la ciudad. En las noches la posibilidad de balaceras en las barricadas es constante y a veces los miembros de la APPO detienen a presuntos policías o priistas y los exhiben en el Zócalo después de darles «su clase de relaciones humanas», es decir, de propinarles un castigo físico. La madrugada del jueves, los participantes del plantón detuvieron a cinco personas que identificaron como agresores, dos de ellos guerrerenses, y los trasladaron a la Mesa de Incidencias integrada por la APPO y Gobernación. La noche siguiente, apareció el cuarto muerto de este conflicto: el maestro René Calvo Aragón fue degollado.
Tanto la APPO como los maestros sindicalizados se deslindaron del hecho. Y al mismo tiempo que el gobierno federal insiste en que no le apuesta a la represión, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que el 27 de marzo pasado, mucho antes de que los manifestantes tomaran el centro de Oaxaca, fueron enviados a la entidad –»en acotamiento de grupos armados»– 5 mil 414 militares adicionales a los destacados normalmente. Actualmente, las fuerzas del Ejército Mexicano se distribuyen así en el estado: en Ixcotel permanecen 3 mil 837 elementos de Infantería listos para desplegarse; en Mihuatlán hay 624; en Pinotepa Nacional, 645; 609 en Nopala; 372 en Juxtlahuaca; 442 en Tuxtepec; 104 en Tlaxiaco; 489 en Coxocon y 185 en Huajapan de León.
Además, en los límites con Puebla permanecen 489 efectivos, y 455 en la colindancia con Guerrero. Y en el aeropuerto hay cuatro helicópteros (dos Bell 212 y otros dos Bell 206, aviones Schweizer utilizados en el Plan DN-III-E contra el narcotráfico y «para localizar grupos armados». En este contexto, Ulises Ruiz ejerce de manera peculiar su poder: hace visitas relámpago en helicóptero a municipios, pero no da discursos y nadie conoce su agenda. Entre el 2 y el 6 de octubre, sólo se supo que recibió como regalo una virgen labrada en cantera, inauguró una fábrica de muebles de madera en Santa Ana Tlapacoya, supervisó programas sociales en el municipio de Santos Reyes Nopala, y finalmente visitó una planta de tratamiento de aguas residuales y el acceso del boulevard de cuatro carriles en Villa de Mitla.
Fuente: “Oaxaca: Cuenta regresiva” Pedro Matías, Rosalía Vergara. Proceso No. 1562, 8 de octubre de 2006
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