Ante los “costos políticos” que puede representarles sostener a Ulises Ruiz Ortiz en el gobierno de Oaxaca, el PRI y el PAN empiezan a replantearse el apoyo que, desde el inicio del conflicto oaxaqueño, le dieron al mandatario estatal, al grado de que, ahora, en la bancada panista de la Cámara de Diputados han surgido voces que le piden su renuncia. Mientras tanto, el presidente electo, Felipe Calderón, realiza consultas con representantes de varios sectores de Oaxaca. El pasado miércoles 4, el panista Jorge Zermeño, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, sugirió: “Si el mandatario es un obstáculo, debe valorarlo. Creo que tenemos que hacer lo necesario para que se restablezca el orden y haya condiciones de un gobierno que pueda ser respetado.”
Ese mismo día, el legislador priista Jesús Murillo Karam, presidente de la Comisión de Gobernación del Senado, adelantó que revisará el dictamen de la legislatura pasada, el cual rechazó la desaparición de poderes en Oaxaca. Agregó que esta semana dará a conocer un nuevo dictamen que no intentará proteger a su correligionario Ruiz Ortiz. “Los políticos entendemos cuándo actuamos en función de un partido político y cuándo en función de gobierno o de intereses más altos”, dijo el exgobernador de Hidalgo. Prometió que la comisión que preside “actuará conforme a sus funciones, y las cumplirá de manera imparcial y sin presiones de tipo partidista.”
Así, el PRI y el PAN –al menos en declaraciones– comienzan a darle la espalda a Ruiz, a quien todavía cobijaban hace algunas semanas. Incluso, ambos partidos maniobraron en el Senado para que sus legisladores en esa cámara no cedieran a la presión de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que piden la destitución de Ruiz. Considerado como uno de los principales consejeros de Felipe Calderón para el caso Oaxaca, el exgobernador Diódoro Carrasco dice a Proceso: “Ulises Ruiz ya no está gobernando. Si algo hay en Oaxaca es ingobernabilidad. Eso es evidente.
Y es inaceptable que intente sostenerse a un gobierno estatal por la vía de la fuerza pública.” –¿Entonces debe renunciar Ulises? –se le pregunta al legislador. –Es él quien debe hacer una reflexión autocrítica sobre si tiene o no capacidad para gobernar. ¿Puede hacerlo ante las nuevas condiciones políticas de Oaxaca? Él, mejor que nadie, debe saberlo. – ¿Se está rompiendo la alianza entre el PRI y el PAN para mantenerlo en el gobierno estatal? –Ignoro si exista ese pacto. Pero si lo hay, entonces habrá que revisarlo con pragmatismo político, a la luz de las nuevas circunstancias. No se puede decir: “Vamos a mantener este acuerdo y respetarlo a futuro”. Y menos en el conflicto de Oaxaca, que ha llegado a una condición extrema. “Ambos partidos tienen que evaluar los costos políticos que para ellos implica sostener al gobernador.
Tienen la obligación histórica y moral de hacer esa revisión. Se necesita resolver el conflicto en paz y con civilidad. Son cosas de elemental sentido común.” Desde que dejó la gubernatura de Oaxaca, Carrasco tuvo un duro enfrentamiento con su sucesor, José Murat; las diferencias continuaron entre Carrasco y Ulises Ruiz, el sucesor y protegido de Murat. El conflicto se agudizó debido a que Ruiz compitió en las elecciones contra Gabino Cué, político cercano a Carrasco, pues fue su secretario técnico en el gobierno estatal y subsecretario cuando el exgobernador tuvo la titularidad de la Secretaría de Gobernación. – ¿No hay ningún ánimo revanchista en su actual postura? –se le pregunta a Carrasco, hoy cercano a Calderón. –No, nada de eso. El origen de aquellas diferencias, más que personales, eran por maneras distintas de concebir el ejercicio del poder. Me promovieron un juicio para expulsarme del PRI, mismo que gané. Luego decidí salirme de ese partido y buscar otros espacios políticos para seguir haciendo política como yo la concibo. Yo veo hacia adelante.
Exigencia
El pasado 7 de septiembre, durante una conferencia de prensa ante corresponsales extranjeros, Calderón pidió al presidente Vicente Fox que le dejara resuelto el problema para cuando asuma la Presidencia, “y si no, ya nos tocará resolverlo”, dijo. Días después, el coordinador de su equipo de transición, Juan Camilo Mouriño, reiteró que le están exigiendo una solución pronta al gobierno foxista puesto que, de no ser así, el conflicto oaxaqueño será el primer desafío que enfrentará el nuevo gobierno. Todavía la semana pasada el problema estaba empantanado en las negociaciones realizadas en Gobernación. “No voy a renunciar ni voy a pedir licencia.
Esa no es una salida para resolver el conflicto”, insistió Ruiz ante los micrófonos de los periodistas que, el miércoles 4, lo aguardaron al salir del encuentro en Bucareli. – ¿Se considera usted un factor de inestabilidad en el estado? –le preguntaban. –No, de ninguna manera. – ¿Descarta el envío de la policía, de las fuerzas federales a Oaxaca? –A quien infringe la ley se le debe aplicar la ley, simplemente. La aplicación del estado de derecho no está a discusión. El jueves 5, el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, entregó a la APPO un documento de seis puntos, en el que le pide entregar el control de la ciudad de Oaxaca para que entre la Policía Federal Preventiva (PFP) y establezca “un mando temporal a cargo de un civil”. Éste tendría el rango de “subsecretario” y estaría a las órdenes de las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública Federal.
En el documento, Abascal también pide a la APPO y al magisterio el regreso a clases, y “el cese de cualquier acción que violente los derechos de terceros, incluyendo el regreso de bienes de propiedad particular, como son los vehículos, hoteles y radiodifusoras, así como las instalaciones públicas que se encuentran actualmente ocupadas, destacando el retiro de las barricadas”. A cambio, promete que se “valorarían cuidadosamente los cambios en los mandos de las policías estatal, municipal y en la policía ministerial en la entidad”, así como revisar “los expedientes relacionados con los homicidios de participantes de la movilización popular, y las órdenes de aprehensión ejecutadas (detenidos) y pendientes de ejecutar en contra de sus dirigentes o miembros”.
También ofrece “la rezonificación” de maestros en todo el país en un lapso de seis años, y pagarles a los mentores oaxaqueños sus salarios retenidos. Y deja al Senado la solución a la demanda de desaparición de poderes. Se acordó que el lunes 9, la APPO dará su respuesta. Para ese mismo día se tiene prevista la entrada de su marcha a la Ciudad de México, compuesta por casi 4 mil manifestantes que salieron de la capital oaxaqueña el 22 de septiembre. De esta manera, al Senado le corresponde dar solución a la demanda principal de la APPO: la salida de Ruiz.
Fuente: “Lo dejan solo” Rodrigo Vera. Proceso No. 1562 8 de octubre de 2006
http://senderodefecal1.blogspot.com/2006/10/mas-de-proceso.html