Estallido Anunciado

En opinión de analistas políticos, activistas sociales e integrantes de organismos no gubernamentales, el enfrentamiento del pasado miércoles 6 entre maestros y cuerpos policiacos en la ciudad de Oaxaca es una muestra de que no hay voluntad política del gobernador de la entidad para negociar. Fue necesario que estallara la violencia para que interviniera la Secretaría de Gobernación en busca de una salida negociada a este conflicto que, sin embargo, no tiene visos de solución.

OAXACA, OAX.- “¡Ya cayó, ya cayó! ¡Ulises ya cayó!”, coreaban enardecidos los casi 40 mil maestros que el pasado miércoles 14 retornaban al centro histórico de esta ciudad, armados con machetes, palos y gruesos tubos de metal. Su grito exigía la inmediata destitución de Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca. La madrugada de ese día, los maestros se habían enfrentado con aproximadamente mil policías estatales que intentaron expulsarlos de las calles del centro. Se frustró el operativo de desalojo ordenado por el gobernador. Su policía fue derrotada y humillada, pues numéricamente era muy inferior a las fuerzas del magisterio.

El saldo de la refriega -en la que se usaron armas de fuego, toletes, palos, piedras y gases lacrimógenos- fue de un centenar de heridos. El campamento de los maestros quedó destruido y sus casas de campaña fueron quemadas. Ese “miércoles negro”, los maestros declararon una breve “tregua” y se replegaron momentáneamente hacia algunas escuelas de la periferia, que utilizaron como cuarteles. El jueves ocuparon de nuevo la plaza central y volvieron a levantar su campamento. Amarraban de los postes sus toldos de plástico, instalaban nuevas casas de campaña, acomodaban en el piso cobijas y pedazos de cartón y lanzaban eufóricos su grito de victoria: “¡Ulises ya cayó!”.

Su joven líder, Enrique Rueda Pacheco, dirigente de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), arengaba: “El movimiento magisterial y las organizaciones sociales que nos apoyan vamos a continuar con nuestro plantón masivo y con nuestro paro indefinido de labores. Seguimos pidiendo la destitución de Ulises Ruiz.” Y el gobernador, por su parte, acusaba a los maestros de realizar actos “vandálicos”, recalcando que su líder tiene nexos con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), grupo guerrillero que surgió hace una década en esta entidad: “En 1997, el dirigente de la sección 22 fue detenido por estar dentro del EPR”, aseguró Ulises Ruiz.

Lejos de establecer acuerdos, las partes en pugna se radicalizaron con el fallido operativo de desalojo, por lo que la Secretaría de Gobernación -que durante semanas se mantuvo al margen del conflicto- instaló una mesa de diálogo para lograr una reconciliación entre autoridades y maestros. Este multitudinario movimiento popular ya rebasó las demandas laborales del magisterio que le dieron inicio. Según analistas locales, se ha transformado en “el catalizador de toda la inconformidad social” provocada por el gobierno estatal. Y además puede convertirse en un “foco rojo” que aquí pone en riesgo las próximas elecciones presidenciales.

Orígenes

El conflicto comenzó el pasado 22 de mayo, cuando la asamblea magisterial determinó declarar un paro en las 14 mil escuelas del estado e iniciar un plantón indefinido en la ciudad de Oaxaca, que afecta a 1 millón 300 mil estudiantes. La demanda central consistía en la rezonificación de 70 mil maestros oaxaqueños para que pasen de la “zona económica” II a la III, que es la llamada de “vida cara”. Para ello se necesita -según los mentores- una partida gubernamental de mil 400 millones de pesos. Las jornadas de lucha fueron de menos a más hasta llegar a un alto nivel de radicalización. El lunes 22 de mayo, las protestas se iniciaron con la toma de oficinas del gobierno estatal.

Posteriormente, la asamblea magisterial no sólo desconoció como interlocutor del gobierno del estado a Jorge Franco Vargas, sino que solicitó su destitución como secretario general de Gobierno. El 25 de mayo, el gobernador fijó su postura “definitiva” al presentar una propuesta de 60 millones de pesos para la rezonificación. Los maestros la rechazaron y el gobernador retiró su ofrecimiento, con lo que se canceló el diálogo. Debido a esta cerrazón, el conflicto se fue polarizando. Como medida de presión, los maestros bloquearon la carretera federal Oaxaca-Puerto Ángel, tomaron -sin obstruir el paso- la vía rápida Oaxaca-México, la casa de Gobierno donde despacha Ulises Ruiz, el Aeropuerto Internacional de Oaxaca, centros comerciales e instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El 2 de junio, el magisterio realizó su primera “megamarcha”, en la que participaron unos 50 mil manifestantes y a la cual se sumaron diversas organizaciones políticas y sociales. Incluso, los maestros recibieron el respaldo del EPR, que el 4 de junio emitió un comunicado en el cual asegura que “el paro magisterial no es responsabilidad de los mentores; es responsabilidad exclusivamente de Ulises Ruiz, Elba Esther Gordillo y Vicente Fox”. El grupo guerrillero advirtió: “La insistencia de imponer la represión lleva a incendiar políticamente al estado; no se dan cuenta de que su actitud autoritaria tiene como respuesta la organización popular y, por consiguiente, acciones políticas de masas que no cesarán hasta encontrar la solución a los añejos problemas de los oaxaqueños”.

En franco reto al gobierno, el 5 de junio, los maestros tomaron el recién inaugurado edificio del Congreso local, donde realizaron pintas y causaron algunos daños. Además, bloquearon el Palacio Municipal de Oaxaca de Juárez, la Procuraduría General de Justicia del Estado, los juzgados penales, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y las obras del cerro de El Fortín. Destruyeron los parquímetros y las cámaras de vigilancia recién colocadas en el centro histórico. En la segunda “megamarcha” -realizada el 7 de junio-, se unieron al movimiento por lo menos 42 organizaciones del estado y las 25 dirigencias seccionales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Así mismo, se han sumado varias organizaciones, como las pertenecientes a la Promotora por la Unidad Nacional contra el Neoliberalismo y las “adherentes” de la llamada Otra Campaña, encabezada por el subcomandante Marcos, como las Organizaciones Indígenas de Derechos Humanos de Oaxaca (OIDHO), el Frente Popular Revolucionario, el Frente Amplio de Lucha Popular y el Movimiento para la Unificación de la Lucha Triqui. Por cierto que cuando la Otra Campaña pasó por la ciudad de Oaxaca, en febrero pasado, el subcomandante Marcos se hospedó justamente en las instalaciones de la sección 22, con la que el encapuchado lleva buena relación.
El día 12, los manifestantes empezaron a tomar oficinas de la Junta Local del IFE; su presidente, Jorge Carlos García Revilla, declaró alarmado que Oaxaca está a punto de convertirse en un “foco rojo”. Y por si fuera poco, ese mismo día aparecieron enormes pintas del EPR en el cerro de San Juanito, lo cual muestra que la organización guerrillera pasó a tomar acciones más directas.

Embestida gubernamental

Para contrarrestar los embates del magisterio, Ulises Ruiz empezó a utilizar todos los recursos a su alcance. Un Comité Estatal de Padres de Familia, presidido por Efraín Morales Sánchez, comenzó un bombardeo de spots en los medios electrónicos oaxaqueños, principalmente en horarios Triple A. En ellos se recomendaba a la ciudadanía cerrar sus casas, no salir a la calle y tener cuidado con los maestros, a quienes se les pedía que dejaran de ser “revoltosos” y regresaran a las aulas.
A esta campaña de miedo contra el magisterio le siguió la postura de los integrantes del Consejo Impulsor de Desarrollo Empresarial, quienes exigieron al gobierno imponer el estado de derecho y, de ser necesario, utilizar la fuerza pública. El 1 de junio, el Congreso local pidió que “los órganos de seguridad pública nacional, en el ámbito de su competencia, procedan, sin dilación, a desalojar las vías públicas y las instalaciones federales, estableciendo la protección que impida futuros atentados”. Al día siguiente, mediante presiones y amenazas del gobierno estatal -según se sabría después-, se conformó el Consejo de Presidentes Municipales, integrado por 310 autoridades, en su mayoría priistas, quienes respaldaron -mediante desplegados de prensa- la postura del poder legislativo de pedir la intervención de las fuerzas públicas federales. A dicho grupo se sumaron el Consejo Impulsor del Desarrollo Empresarial (CIDE) y el Comité de Padres de Familia, quienes no sólo se pronunciaron por la utilización de la fuerza pública, sino por sustituir a los maestros que no regresaran a las aulas a partir del 5 de junio.

Posteriormente, el director jurídico de la LIX Legislatura local, Patricio Dolores, declaró que se había iniciado la averiguación previa 579/SC/2006 en contra de los maestros, por el delito de obstrucción al Congreso del estado y daños. No fue sino hasta el 8 de junio, un día después de la segunda “megamarcha”, cuando una misión gubernamental anunció que a partir del 29 de mayo se iniciaban los descuentos salariales a los maestros paristas. Ulises Ruiz reiteró ese día que encarcelaría a los líderes magisteriales por sus actos de “vandalismo”: “A todos los maestros paristas les aplicaremos descuentos salariales por no presentarse a laborar y les levantaremos actas por abandono de empleo. Habrá rescisión de algunos contratos y la aplicación de la ley a quienes están cometiendo actos de vandalismo”. -¿Cómo cuáles?-Como las tomas del aeropuerto y de centros comerciales; así mismo, los daños en el centro histórico, el robo de las cámaras de vigilancia y la destrucción de parquímetros. Ya se presentaron las denuncias correspondientes, se están integrando las investigaciones y, en su momento, se aplicará la ley. El líder magisterial le respondió: “Luego de sonar los tambores de guerra, el gobernador intenta empuñar las armas. No nos asusta, pues ante un eventual desalojo ya estamos organizando grupos de defensa. Nadie impedirá la lucha del magisterio democrático”.

Amenaza cumplida

De los tambores de guerra se pasó a la acción. Desde el cabalístico martes 13, las fuerzas públicas del estado de Oaxaca fueron acuarteladas. El operativo de desalojo estaba programado a las tres de la mañana del miércoles 14 de junio. Eran las cuatro de la mañana cuando comenzó el operativo. Más de mil efectivos de la Unidad Policial de Operaciones Especiales (UPOE), la Unidad Ministerial de Intervención Táctica (UMIT) y del Grupo de Operaciones Especiales del municipio de Oaxaca sitiaron el Hotel del Magisterio y el centro histórico. En cuestión de minutos, los uniformados con equipo antimotines, morteros lanzagranadas, granadas de gases lacrimógenos, rifles de asalto R-15, pistolas calibres .38 súper y .45, apoyados de perros adiestrados y un helicóptero que rociaba gas pimienta, asumían el control del centro histórico.

A estas acciones siguieron cuatro horas de refriegas con los maestros hasta que la policía agotó su parque. De pronto, los uniformados quedaron cercados, sin dirección y sin mando. A las nueve de la mañana, los maestros reagrupados pasaron a tomar el control, y de la defensiva pasaron a la ofensiva. Con piedras, palos y varillas atraparon a los policías, a quienes despojaron de su equipo, golpearon, desnudaron e hicieron correr. Humillados, los policías se quejaron de que sus altos mandos -José Manuel Vera Salinas, director estatal de Seguridad Pública, y Manuel Moreno Rivas, director de la policía ministerial- los habían mandado al “matadero”. Para las nueve de la mañana con 20 minutos los maestros habían recuperado el control del centro histórico y festejaban su triunfo: “¡Ulises ya cayó!” “¡Ulises ya cayó!” “¡Ulises ya cayó!”. Como trofeo de su victoria, ocho policías quedaron en calidad de retenidos y 24 horas más tarde fueron liberados.

El saldo de la fragorosa batalla: 10 maestros detenidos, casi un centenar de heridos por contusiones, entre ellos unos 30 policías, y otros por asfixia provocada por el gas lacrimógeno. A todo esto, se sumó el secuestro y daños a por lo menos ocho autobuses de pasajeros, dos patrullas incendiadas y casi una decena de vehículos dañados propiedad de maestros. Sin embargo, el gobernador negó la existencia de un enfrentamiento, alegando que sólo se trataba de “chismes”. A la agresión, el magisterio, organizaciones y padres de familia respondieron con movilizaciones en todo el estado: tomaron 10 palacios municipales, bloquearon las carreteras al Istmo, a la Costa y a la Mixteca; además, hubo marchas de Organismos no Gubernamentales, de universitarios y de la ciudadanía en general. Ante la derrota de los cuerpos policiacos, Ulises Ruiz tuvo que ceder y liberar a los 10 maestros detenidos.

Prometió que ya no se librarían órdenes de aprehensión contra los maestros y dijo estar “abierto al diálogo”. Sólo hasta que estalló la violencia, el gobierno federal intervino en el conflicto magisterial. Con la intermediación de la Secretaría de Gobernación, se reanudó, después de 22 días, un diálogo “indirecto” entre las partes en pugna. El pasado viernes 16 fue la última demostración de fuerza de la sección 22; realizó su tercera megamarcha, en la que participaron aproximadamente 200 mil manifestantes quienes hicieron un recorrido de 10 kilómetros del crucero de Viguera hasta el parque de El Llano.

Ingobernabilidad

Víctor Raúl Martínez Vásquez, investigador de la Universidad Autónoma Benito Juárez, señala que el uso de la fuerza pública sólo demostró “la ingobernabilidad en que cayó el estado y el fracaso de Ulises Ruiz como mandatario estatal”. Y señala que “el movimiento magisterial es el catalizador de toda la inconformidad social que se ha venido acumulando desde el período de José Murat, el anterior gobernador”.  El sacerdote Francisco Wilfrido Mayrén, coordinador de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz, va más allá: “En Oaxaca se está dando un coctel muy explosivo que puede llevarnos a una guerra civil. El gobierno actual ha criminalizado las protestas públicas: no respeta la libertad de expresión, persigue a los líderes sociales, dicta órdenes de aprehensión contra activistas políticos y destruye espacios públicos que pertenecen al pueblo de Oaxaca”.

Por su parte, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), destaca que, “en los últimos dos años, han ido observadores internacionales a Oaxaca por lo menos unas 100 veces. Esto refleja su preocupación por los altos grados de autoritarismo e impunidad que prevalecen en la entidad, sólo superados por Colombia”. Revela que de cada 10 recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuatro son para Oaxaca. Citó el ejemplo del periódico Noticias, cuyas instalaciones fueron violentamente tomadas en junio del año pasado mediante un operativo montado por el gobierno de Ulises Ruiz. Hasta la fecha, asegura, no se han aplicado las medidas cautelares que solicitó la CIDH para los 113 trabajadores del diario.

A su vez, Minerva Nora Martínez Lázaro, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco, asegura que el gobernador “está más ocupado en promover al candidato del PRI a la Presidencia de la República, Roberto Madrazo Pintado, que en atender las demandas del movimiento magisterial”. Indica que Ulises Ruiz es uno de los principales operadores políticos del candidato priista, a quien públicamente le prometió “1 millón de votos”. Se dice, incluso, que gran parte del dinero que supuestamente destina a las obras públicas de Oaxaca, en realidad va a parar a la campaña de Madrazo. Debido a que en el estado no existe una ley de transparencia y acceso a la información pública, la misma sección 22 hizo una relación de lo que consideró como “multimillonario despilfarro que en una injustificada obra pública realiza el gobernador”.

Dio a conocer estas cifras: “En las obras del zócalo principal, del paseo El Llano, de la plaza de La Danza, del auditorio Guelaguetza y de la Fuente de las Siete Regiones, gastó 3 mil 500 millones de pesos. Para los festejos del bicentenario de Benito Juárez y la pasada fiesta de la Guelaguetza, invirtió 2 mil 199 millones. Y en los 18 meses que lleva como gobernador, Ulises se ha destinado 2 mil 290 millones de pesos para gastos personales”. Según las cifras oficiales, el presupuesto anual del gobierno oaxaqueño es de aproximadamente 24 mil millones de pesos.
Ulises no descarta que detrás del conflicto magisterial haya una “mano negra” que intente bloquear el millón de votos que le prometió a Madrazo: “Pudiera haber mano negra, pues a mí siempre se me ha señalado como operador de un candidato presidencial. Pero aclaro que, para mí, la cuestión educativa es un asunto de fondo, va más allá de los partidos políticos y no la voy a arriesgar por un proceso electoral”.

Fuente: “Estallido anunciado” Pedro Matías, Rodrigo Vera. Proceso No. 1546, 18 de junio de 2006

http://www.expresionlibre.org/site2/opinion/vera_02.php

Publicado en 2006, Archivo, Documentos, Junio Etiquetado con: , , , , ,
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