Mientras algunos actores políticos le apuestan a la solución de las demandas salariales de los maestros de Oaxaca para desactivar el conflicto que ya cumple cuatro meses, los verdaderos protagonistas de la lucha saben que no será tan fácil: los priistas del estado desean la intervención de la fuerza pública, las organizaciones civiles advierten que eso sólo sería el inicio de los enfrentamientos armados, y comienza a oírse con más claridad la voz de los grupos radicales.
OAXACA, OAX.- La negativa del Senado a desaparecer los poderes en Oaxaca cerró las puertas jurídicas e institucionales para arreglar el conflicto popular-magisterial; ahora sólo quedan dos vías: la política y el uso de la fuerza pública. Pero el gobernador Ulises Ruiz no se quiere ir. Es más, el jueves 19 por la noche afirmó, ante las cámaras de Televisión Azteca, que este viernes pediría el uso de la fuerza pública para desalojar a los manifestantes del Zócalo oaxaqueño, quitar barricadas y borrar las pintas de las calles. Marcos Leyva, defensor de derechos humanos y miembro de la Comisión Única de Negociación, coincide con el jurista Juan Manuel Cruz Acevedo en que los oaxaqueños ya no confían en sus instituciones y la decisión del Senado sólo atizó la inconformidad.
Ambos temen que, canceladas las vías legales, sólo parezca viable la salida de “las armas y las botas militares”, la que de concretarse podría dar paso a un movimiento armado. Cruz Acevedo considera que el conflicto es resultado de 77 años de agravios de gobiernos priistas, que Ulises Ruiz Ortiz vino a atizar. A ello le agrega las agresiones que han sufrido los ayuntamientos con suspensiones y desapariciones anticonstitucionales; el nombramiento inadecuado de los titulares de los poderes; la falta de representación legal del Estado compuesto en sus tres poderes, a través de la procuradora que no reúne los requisitos de representación suficientes, y el cambio de la sede de los poderes del estado, que priva al estado de Oaxaca de su domicilio legal.
Por eso, cuestiona, cuando el presidente Fox sostiene que él no quita ni pone gobernadores, elude responsabilidades porque la ley orgánica de la administración pública federal le impone la obligación de garantizar el cumplimiento del pacto federal y garantizar y hacer valer los principios constitucionales. Y sobre el patrullaje de seis vehículos del Ejército “para intimidar a los pueblos de la Sierra Norte”, que el lunes 16 denunciaron indígenas zapotecos, Marcos Leyva admite que podría responder a labores de inteligencia, pero también a la presencia de grupos armados que no participan en el movimiento popular-magisterial y que, sin embargo, “han de estar alertas en la lógica de una intervención de la fuerza pública en Oaxaca”.
Llamado radical
De hecho, el jueves 19 de octubre, la organización guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) difundió un comunicado para llamar a los participantes de la revuelta popular-magisterial a hacer a un lado los intereses de grupo, ya que éstos han sido el factor que ha llevado al movimiento “al despeñadero, del cual ha sido difícil que salga”. La organización, que apareció el 1 de diciembre de 2000 para darle la “bienvenida a Vicente Fox”, acusó a distintos “bloques” políticos del movimiento magisterial, que lo han puesto al borde del rompimiento y del fracaso, lo que demuestra la incapacidad de conducción estratégica de sus líderes. Además, el grupo hizo una lectura política: mientras “unos” –a los que no mencionó– rebajan la lucha ideológica, otros intervienen para posicionarse mejor.
Entre éstos, dijo, se cuentan los senadores Diódoro Carrasco Altamirano, del PAN, y José Murat Casab, del PRI, así como el gobernador Ulises Ruiz Ortiz y el dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Heladio Ramírez López. “Obviamente, el grupo de Diódoro Carrasco tiene las mayores ventajas al estar aliado con el PAN y el gobierno federal”, y Murat Casab “permanece agazapado esperando la menor oportunidad para sacar provecho sin quemar la mayoría de sus cartuchos”, señala el comunicado. Para las FARP, Carlos Abascal juega su propio partido para mantenerse en la Secretaría de Gobernación, mientras que el presidente electo Felipe Calderón ejerce presión porque necesita que el conflicto se solucione antes de que tome posesión, el próximo 1 de diciembre.
Voces por la paz
El 17 de octubre, la organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) envió a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Gobernación y a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) una “iniciativa de emergencia” para “declarar un receso de 100 días en la disputa central del conflicto en cuanto a la salida de Ulises Ruiz del cargo de gobernador del estado”. En el documento, Serapaz reconoce la complejidad del movimiento popular-magisterial, pero también el riesgo de que la solución efectiva “pase por la aplicación de medidas de fuerza”. La propuesta, firmada por el obispo Samuel Ruiz, Miguel Álvarez, Pablo Romo, Jorge Fernández Souza, Gonzalo Ituarte y Dolores González, prevé que en esa “tregua general” se retome la búsqueda de una solución pacífica negociada sobre la salida del gobernador, pero “en mejores y nuevas condiciones políticas”.
A Ulises Ruiz se le solicita que pida así mismo una licencia de 100 días. Además, propone “que se suspenda todo el operativo federal que implique la llegada de Fuerzas Armadas y policiacas, continuar el proceso de negociación en la mesa del secretario de Gobernación con la APPO y el magisterio que permita cumplir las demandas del magisterio, los cambios en los mandos de seguridad y policía estatal; que se instale un Consejo Ciudadano de Seguridad y un plan de depuración bajo la conducción del subsecretario federal. La liberación de los presos políticos, la cancelación de las órdenes de aprehensión –se habla de 15 o de 30–, reparación de daños derivados del conflicto y un programa de reactivación económica” para el estado.
Serapaz sugiere complementar esas acciones con un “Operativo Civil por la Paz” que garantice la seguridad a los plantones y las colonias que lo requieran, para lo cual se solicitaría a la APPO y al magisterio que retiren las barricadas y bloqueos que afectan “el libre tránsito, y la normalidad de la vida económica y turística de la entidad”. Además, la organización civil pide que se promueva la participación de la gente en la consulta sobre la Agenda para la Transformación Política, la Paz y el Desarrollo de Oaxaca, con miras a realizar en enero de 2007 “un gran Foro Oaxaqueño”, donde se valore tanto el pacto por la gobernabilidad que impulsó Abascal como la iniciativa de las comunidades indígenas y las organizaciones sociales.
Pleito intestino
A últimas fechas, la relación entre la APPO y la Sección 22 del magisterio no es cordial, pero tampoco está rota, como consignaron los medios de comunicación cuando Enrique Rueda Pacheco declaró que antes de noviembre los profesores regresarían a clases. Durante la asamblea estatal del magisterio, Rueda Pacheco leyó la consulta de dos preguntas sobre el regreso a clases y hasta le puso fechas: 25, 27 o 30 de octubre. Mientras hablaba, el ala “dura” del magisterio –que era mayoría en esa asamblea– gritaba que no aceptaban esa propuesta. Un ejemplo de la relación que Rueda Pacheco mantiene con sus bases: después de la reunión del 9 de octubre en Gobernación, el magisterio recriminó a sus representantes que sonrieran para la foto con Abascal, mientras la tensión continuaba en su estado.
Cuando el líder les repartió copias de los primeros acuerdos a que llegaron con el gobierno federal, una profesora le soltó: “A mí no me traigas hojas y hojas con cosas huecas, a mí tráeme una línea que simplemente diga que se va Ulises Ruiz”. “¡Maestro, tú empezaste, tú tienes que acabar! ¡Ulises no se ha ido, lo tienes que sacar!”, gritaron simpatizantes de la APPO afuera de la asamblea estatal del magisterio el miércoles 18. En Radio Universidad y en la radiodifusora La Ley del Pueblo tildan de traidor a Rueda por anunciar el regreso a clases antes de que se conozca el resultado de la consulta. A su vez, Rueda Pacheco reconoció ante la prensa que los exgobernadores Diódoro Carrasco y José Murat tienen injerencia en el movimiento magisterial y popular.
Mientras que en las asambleas de la APPO se recriminó al líder Flavio Sosa por recibir dinero del exgobernador y actual diputado priista José Murat. Para completar el cuadro, en el Zócalo oaxaqueño se vive una explicable inquietud por el asesinato de dos simpatizantes del movimiento –el colono Alejandro García y el profesor Pánfilo Hernández–, en tanto que en los pueblos circula un documento en el que supuestos paramilitares priistas acusan a la APPO y al magisterio de ser meros delincuentes y establecen el sábado a las 12 horas como plazo para que la APPO y los maestros retiren su plantón del Zócalo de la capital del estado, entreguen las oficinas públicas y levanten las barricadas, “o de lo contrario se hará uso de la fuerza pública”.
En consonancia, el jueves 19 por la noche, en entrevista con Pablo Hiriart y Jaime Sánchez Susarrey en Televisión Azteca, Ulises Ruiz adelantó que el viernes pediría la entrada de la fuerza pública para desalojar el Zócalo: “No está a discusión la cabeza del gobernador… Tenemos que rescatar nuestra ciudad con todos los instrumentos del Estado que tenemos a nuestro alcance. No tiene nada que ver con los integrantes de la APPO, sino con grupos delictivos que se han escudado en ellos para cometer una serie de desmanes”.
Loxichas otra vez
La mañana del domingo 9 de octubre, indígenas de pueblos aledaños comenzaron a andar hacia San Agustín Loxicha, la cabecera municipal. Un aparato de sonido los invitaba a la reunión constitutiva de la APPO-Loxicha, que se suma a las que se han creado en 10 estados de la República. A cuatro meses del conflicto popular-magisterial y a una década de que el Ejército Mexicano y el gobierno de Diódoro Carrasco los reprimieran por sus supuestos vínculos con la guerrilla, los lugareños bajaron de sus comunidades sin cubrirse el rostro con paliacates. Quizá fue una forma de romper el prejuicio que los relaciona con grupos insurrectos o un indicio de que dejaban las armas para apoyar el movimiento popular.
Ante ellos hablaron Patricia Jiménez, representante del Comité de Mujeres Oaxaqueñas, y el profesor Donaciano Valencia Juárez, quien en 1997 estuvo preso bajo el cargo de estar vinculado al Ejército Popular Revolucionario (EPR). Dicen que el alcalde de San Agustín, Óscar Valencia García, los amenazó con girarles órdenes de aprehensión si asistían a la asamblea. Pero no esperaban apoyo de este funcionario, que primero defendió los usos y costumbres de los Loxichas, pero después se volvió priista.
Dos militares destacados en La Sirena se asomaron a “echar un vistazo” en la asamblea, mientras los indígenas escuchaban el discurso del profesor Dionisio en castellano y zapoteco. “Solamente unidos podemos mejorar nuestras condiciones de vida. Podremos sacar a quien no sabe gobernar”, expresó. Había muchas mujeres. Sus esposos e hijos se fueron a Estados Unidos en busca de dinero. La cifra oficial de migrantes oaxaqueños en el país del norte es de 1 millón. También hay niños, que no van a la escuela desde que estalló el conflicto.
Fuente: “Más allá de Gobernación” Pedro Matías, Rosalía Vergara. Proceso No. 1564, 22 de octubre de 2006
http://lahoradelpueblo.blogspot.com/2006/10/proceso-1564.html