Unos 60 priístas que portaban palos y armas de fuego desalojaron violentamente, durante esta madrugada, una asamblea del ayuntamiento popular de San Antonino Castillo Velasco y mantuvieron retenidos a 13 inconformes con el presidente municipal Joel López Sánchez, denunció la coordinadora del Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, Carmen Santiago Alonso. Estos hechos, agregó, dejaron por lo menos 11 heridos, entre ellos, el presidente del ayuntamiento popular, Juan Valentín Aguilar Pérez, Arturo Hernández,, Víctor Carlos Aguilar Martínez, Ángel Hernández Hernández, Emilio Santiago Ambrosio, Elpidio Tomás Raymundo Caravantes y Eduardo Valencia Aguilar. Es por ello que exigió la inmediata intervención del gobierno federal para que “desarme” al edil Joel López Sánchez y atraiga el caso de Arcadio Fabián Hernández, asesinado el pasado dos de octubre. Así mismo, solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que documente las constantes agresiones de que han sido víctimas los integrantes del ayuntamiento popular que exige la destitución del presidente municipal de filiación priísta, Joel López Sánchez y sus cómplices Antonio Abel Córdova López, Regidor de Hacienda, y Francisco Mateos, Regidor de Seguridad Pública. Las víctimas, entre ellos tres comunicadores de la Radio Comunitaria “Calenda”, denunciaron que a las siete de la noche de ayer miércoles, se realizó una asamblea popular para impedir que el edil priísta continuara con la destrucción del palacio municipal. Sin embargo, alrededor de las 11 de la noche, fueron agredidos por los priístas, quienes los tirotearon pero no lograron dar en el blanco de nadie. Posteriormente, pasada la medianoche, se presentaron unos 60 priístas hasta el palacio municipal donde procedieron a golpearlos con palos, piedras y a patadas, para finalmente llevarse “retenidos” a 12 opositores de la autoridad constitucional. Fue hasta las cuatro de la mañana cuando fueron “rescatados” por la intervención de la secretaría general de Gobierno. Es importante recordar que el dos de agosto del 2006, un numeroso grupo de personas de la comunidad tomaron el palacio municipal en protesta por las graves irregularidades y actos de corrupción en que había incurrido el presidente municipal, Joel López Sánchez. En esa fecha se constituyeron en Asamblea General y tomaron el acuerdo de desconocer al presidente Municipal y a todo su cabildo, así como nombrar a un nuevo ayuntamiento. En una posterior Asamblea General realizada el día nueve de agosto, a la que asistieron alrededor de 3,500 ciudadanos y ciudadanas que representan aproximadamente el 70% de la población con derecho a votar, la comunidad decidió ratificar el nombramiento del nuevo ayuntamiento, quedando a la cabeza, como presidente el Valentín Aguilar Pérez. Todos estos hechos ponen en evidencia el riesgo de un enfrentamiento en la comunidad por lo que desde esa fecha exigieron la intervención de la autoridad federal para restablecer en el estado de Oaxaca las condiciones que permitan encauzar y resolver el problema de ingobernabilidad en el Estado y con ello, los problemas específicos de las comunidades indígenas en relación con sus autoridades municipales conforme a la normatividad internacional en materia de pueblos indígenas, que el gobierno mexicano está obligado a respetar. Finalmente, demandaron el restablecimiento de la paz social en la comunidad, para lo cual consideran que es indispensable que se reconozca a las autoridades surgidas como mandato de la asamblea de la población el dos de agosto y ratificada el nueve de este mismo mes y año, constituyendo un ayuntamiento popular encabezado por Valentín Aguilar Pérez.
Pedro Matías, NOTICIAS 10A viernes 26 de enero de 2007,
Choque entre simpatizantes de la APPO y priístas deja 42 lesionados
Un saldo de al menos 42 lesionados dejó anoche el desalojo de una asamblea de miembros y seguidores del ayuntamiento popular de San Antonino Castillo Velasco, distrito de Ocotlán de Morelos, simpatizante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que realizaron priístas encabezados por el presidente municipal constitucional, Joel López Sánchez. El representante de las autoridades municipales populares, Juan Valentín Aguilar, informó que López Sánchez llegó acompañado de unos cien seguidores armados de palos, piedras, botellas y pistolas para disolver violentamente la reunión. «Nos golpearon con mucha saña, a otros hasta les dispararon, pero gracias a Dios no les pasó nada», señaló. Entre los heridos se encuentra Emilio Santiago Ambrosio, reportero de Radio Calenda, una emisora comunitaria concesionada. El comunicador denunció que los priístas actuaron bajo protección de agentes de la Policía Preventiva estatal, por lo que exigió la intervención del gobierno federal y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para investigar los hechos y castigar a los autores intelectuales. En tanto, el magisterio oaxaqueño celebrará el próximo miércoles en Huajuapan de León, región de la Mixteca, una asamblea estatal en la cual se determinarán las acciones a seguir ante el surgimiento de la sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) presuntamente para reducir la influencia de la sección 22, activa en el conflicto magisterial y popular en Oaxaca, y la elección del nuevo dirigente. «Va a ser una asamblea de mucha polémica», adelantó Daniel Rosas Romero, secretario de prensa y propaganda del Comité Ejecutivo de la Sección 22 de SNTE. No descartó que en la reunión se ponga a discusión el liderazgo del secretario general, Enrique Rueda Pacheco, ante las acusaciones de una supuesta traición al movimiento que reclama la destitución del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. «Esta jornada de lucha no ha acabado y en su momento el compañero (Rueda Pacheco), ya sea ante la asamblea o ante la historia, responderá por sus actos», indicó. Sobre la realización de la asamblea estatal en Huajuapan de León, dijo que se celebrará ahí y no en esta capital «por razones de seguridad», ante las agresiones a varios delegados y al propio secretario general «de gente proveniente del Estado». Por otra parte, para el gobierno estatal la liberación de Jorge Luis Sosa Campos, miembro de la APPO y de la dirección del PRD, «no es el resultado de las protestas realizadas por partidos políticos u organización alguna, sino que es consecuencia del estudio y normal desahogo del procedimiento penal que tanto la procuraduría estatal como el Poder Judicial del estado deben realizar. «En virtud de que tanto el Ministerio Público estatal como el juez competente consideraron que no obran en el expediente los elementos suficientes para sostener una causa penal, se determinó la excarcelación inmediata del señor Sosa», informó la administración estatal en un comunicado. Esta determinación, dijo el gobierno de Oaxaca, se da en el marco del cumplimiento a la instrucción que giró Ulises Ruiz a la procuraduría estatal, para que se revisaran todos y cada uno de los procesos que se encuentran activos, como consecuencia del conflicto que se inició el año pasado. Destacó que el Poder Judicial y la procuraduría estatal continuarán colaborando en la revisión de los expedientes activos, a efecto de deslindar las responsabilidades penales de aquellas personas que aún se encuentren detenidas por la presunta comisión de delitos que habrían sido perpetrados por simpatizantes de la APPO durante 2006.
Octavio Veléz, La Jornada en Internet,
http://www.jornada.unam.mx/2007/01/26/index.php?section=politica&article=013n1pol 08/10/2012
