3 mil 500 agentes preventivos entrarían a campamentos de la APPO con apoyo de militares. A las 4 de la madrugada empezó el despliegue de militares, marinos y elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) -en su mayoría integrantes de la Policía Militar- hacia Oaxaca. Por tierra y aire llegarían a la zona en conflicto para “instaurar el estado de derecho”. Oficialmente, a las 6:30 horas de ayer la Presidencia de la República dio a conocer la movilización mediante un comunicado de prensa: “En respuesta a los acontecimientos ocurridos el día de ayer en la ciudad de Oaxaca, los cuales atentan contra el orden y la paz de los ciudadanos del lugar, el presidente de la República, Vicente Fox Quesada, ordenó la movilización de fuerzas federales a esa ciudad”.
El operativo constaría de dos vertientes: 3 mil 500 elementos con uniforme de la PFP entrarían de manera directa a los campamentos y barricadas, reforzados por 300 policías militares. Por otra parte, poco más de 5 mil efectivos del Ejército mantendrían la marcha del Plan DN-II (contrainsurgente) en cinco zonas de la entidad, para evitar el trasiego de armas, cartuchos y explosivos, y neutralizar cualquier movimiento de grupos armados. Fuentes gubernamentales de alto nivel revelaron a La Jornada que durante la noche y la madrugada, funcionarios de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar) y Seguridad Pública (SSP) federal, principalmente, afinaron los últimos detalles de la acción para desarticular los plantones, protestas y movilizaciones de los integrantes de la sección 22 y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Tres mil 500 policías federales, a los que se agregarían militares y marinos vestidos como agentes de la PFP, se distribuirían en 26 grupos, cada uno con un mando civil, que dependería de un mando general. El objetivo, según datos recabados en las últimas semanas por áreas de inteligencia del gobierno federal, como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la sección segunda de la Sedena, era la capital de Oaxaca, 11 municipios conurbados y otros siete donde la APPO tiene presencia y supuestamente había instalado barricadas o tenía potencial para realizar movilizaciones. Al mismo tiempo, los efectivos militares incrementarían su presencia en las zonas serranas y huasteca de Oaxaca para controlar cualquier intento de movilización de grupos como el Ejército Popular Revolucionario (EPR) o el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Cabe señalar que desde marzo, la Sedena puso en marcha (sin darlo a conocer oficialmente) el Plan DN-II, y para ocultar sus movilizaciones inicialmente bastó que incrementara los puntos de revisión carreteros para la supuesta detección de armas y municiones. El cerco militar sobre el estado se fue extendiendo, como mencionó en su comunicado número 187, fechado el 5 de octubre: “desde el 27 de marzo de 2006 hay un despliegue del Ejército Mexicano patrullando en Oaxaca, en acotamiento de grupos armados. “Actualmente, el Ejército y la Fuerza Aérea tienen desplegados en Miahuatlán 624 elementos pertenecientes al 6º batallón de infantería; Pinotepa Nacional, 645 del 47º; Nopala, 609 del 54º; Juxtlahuaca, 372 del 95º; Tuxtepec, 442 efectivos del 6º regimiento de caballería motorizado; Tlaxiaco, 104 pertenecientes al 95º batallón de infantería; Coxocon, 489 del 13º regimiento de caballería motorizado; Huajuapan de León, 185 efectivos de la 23 compañía de infantería no encuadrada; en los límites con Puebla, 489 elementos pertenecientes al 24º regimiento de caballería motorizado; en los límites con Guerrero, mil 455 del 4º, 48º y 93º batallones de infantería”.
El despliegue, informó la Sedena, se hizo “en previsión de cualquier evento”, pero agregó que en Ixcotel, Oaxaca, hay una brigada de infantería organizada con tres batallones de mil 837 efectivos, que también, tras órdenes superiores, podría desplegarse. “En la base aérea militar ubicada en el aeropuerto de Oaxaca están disponibles, para reconocimiento, cuatro helicópteros (2 Bell 212 y 2 Bell 206). “La Fuerza Aérea Mexicana dispone de aviones Schweizer, siendo su principal característica el ser silenciosos y permitir obtener información sensible”, indicó la dependencia. Así, desde antes de las 12 de la noche del viernes, en la Presidencia de la República se determinó el uso de la fuerza pública para “resolver el conflicto” en esa entidad.
A decir de las fuentes consultadas, el operativo castrense que había propuesto la Sedena se dejó como último recurso, debido a que “no se trata de un estado de guerra interna y provocaría un efecto indeseable en la visión internacional”. Entonces se analizó la posibilidad de utilizar una fuerza compuesta por agentes federales y estatales, pero finalmente se determinó que ingresara la PFP, ya que en su mayoría son militares adscritos a esa corporación y su sujeción al mando sería inamovible. Las fuentes consultadas revelaron que se acordó realizar el despliegue de fuerzas federales, sujetas a las órdenes de la Secretaría de Gobernación, y mientras no sea necesaria su intervención, los efectivos de las fuerzas armadas mantendrán posiciones en espera de órdenes. Más tarde se sumaron alrededor de 120 elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) de la Procuraduría General de la Repúplica.
El accionar de la PFP -y de los elementos de otras corporaciones que lleguen a tomar parte en el operativo-, según indicaron los funcionarios entrevistados, estaría supervisado por notarios públicos y observadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Los elementos federales no llevarían armas letales, pero sí agentes químicos (como gas lacrimógeno) y equipo antimotines, y en su accionar contarían con el apoyo de 10 camiones antimotines (los mismos que estuvieron varados en las inmediaciones de la Cámara de Diputados el 1° de septiembre, el día en que se impidió que Vicente Fox subiera a tribuna a leer su último Informe.
Un grupo especial, integrado en su mayoría por militares, se haría cargo de la ejecución de las órdenes de captura pendientes, ya que la PGR se mantendría al margen de cuestiones operativas, y únicamente su personal adscrito a la delegación en Oaxaca permanecería en alerta y a la espera de requerimientos específicos para iniciar acciones jurídicas, en caso necesario. Los entrevistados mencionaron que la acción inicial sería abrir las barricadas y retirar cualquier objeto que impidiera el paso de los grupos policiacos, y no efectuar ninguna maniobra de fuerza hasta no ser objeto de agresiones. Durante los encuentros del gabinete de seguridad también se hizo a un lado el factor sorpresa (iniciar acciones en la madrugada o al alba, como se hizo en San Salvador Atenco en mayo pasado), para evitar que surgieran acusaciones de violaciones a los derechos humanos o excesos.
También se consideró que esta medida permitiría que los integrantes de la APPO y de la sección 22 del magisterio se retiraran de las barricadas en el transcurso del sábado y se desistieran de obstaculizar el ingreso de las fuerzas federales. Mera acción disuasiva durante varias horas, a fin de avanzar de manera determinante en las negociaciones en Gobernación. “Estos cuerpos se irán concentrando en la capital del estado en el transcurso del día”.
La base militar que se localiza en el aeropuerto de Oaxaca fue el punto elegido, y luego se desplegarían conforme a los requerimientos operativos. El primer avión con agentes federales tocó tierras oaxaqueñas antes de las 11 de la mañana, y con ello también se suspendió el tráfico aéreo comercial de manera temporal, mientras concluían los seis vuelos programados inicialmente. Se esperaba que el último contingente partiera del aeropuerto de la ciudad de México a las 7 de la noche, hora y media antes de que Gobernación diera un ultimátum a la APPO y la sección 22. Sólo faltaba la orden. Los funcionarios consultados indicaron que a partir de las 7 de la noche todo se “resolvería en cualquier momento del sábado o domingo”.
En Santa María Coyotepec los pobladores fueron instigados contra los maestros
Santa María Coyotepec, que cuenta apenas con 2 mil habitantes, pero alberga la casa de gobierno donde se supone despacha Ulises Ruiz y está la sede de la policía estatal, es hoy un pueblo sitiado por bandas armadas, un día después del violento ataque contra la barricada del movimiento magisterial, que se saldó con dos muertos, decenas de heridos, 17 docentes detenidos, un número indeterminado de secuestrados y desaparecidos y las primeras familias desplazadas que registra este conflicto.
Hasta esta noche los comandos armados organizados por el presidente municipal Jorge Pablo, priísta, mantenían bloqueados todos los accesos del pueblo, carretera, caminos vecinales y hasta las veredas rurales e impedían reiteradamente el ingreso de enviados de las organizaciones civiles de derechos humanos, de párrocos y familiares de los detenidos y periodistas. Sólo ingresaron dos ambulancias de la Cruz Roja que atendieron a 12 heridos, entre ellos una mujer, todos presos en la comandancia. Hasta la tarde de este sábado, el obispo auxiliar Oscar Campos intentaba negociar con las autoridades de Santa María salvoconductos para entrar en el pueblo y constatar las condiciones de los maestros retenidos, pero sin éxito.
El foco más violento
Santa María fue considerada estratégica en la jornada de bloqueos que planeó la APPO y el magisterio para este viernes, por ser la sede de los poderes estatales desde que Ulises Ruiz asumió el cargo y decidió mudarse. Pero, además, la comunidad es la vecina pobre de San Bartolo. En ésta se cuece la famosa cerámica de barro negro; en la otra se tejen los rodeles de bejuco para los cántaros que se venden en todo el mundo. Por la importancia de esa barricada, fue delegada una comisión de 400 maestros. Tocó a la zona Costa resistir en ese punto que, a la postre, se convirtió en el foco más violento de la jornada.
“Teníamos el encargo de resguardar la barricada frente a la casa de gobierno y nuestro campamento durante 24 horas. La orden era mantener la calma y no responder provocaciones. Somos un movimiento pacífico y eso lo hemos tenido muy claro desde el principio”, expresa una maestra que pide se omita su identidad por razones de seguridad. Ella, como muchos luchadores de su región, tierra de finqueros y guardias blancas, tiene órdenes de aprehensión en su contra. Y ahora tiene, además, la herida de una esquirla de bala a la altura de la cadera. En Santa María se echó a andar un operativo similar al de Santa Lucía del Camino, donde fue asesinado en otra barricada el periodista neoyorquino Bradley R. Will. El presidente municipal congregó a algunos policías del pueblo y a otros hombres a beber en la casa de gobierno. Se les entregó dinero y armas. Pero antes se había desatado una campaña de rumores y difamación contra los maestros para predisponer en su contra a la población.
Se dijo que iban a cerrar el centro de salud. Cuando llegó la orden de ataque, los agresores dispararon contra la barricada. “Nos quisimos replegar en orden hacia los lados y hacia nuestro campamento, pero en ese momento oímos un cohete y la balacera se generalizó. Disparaban desde todas direcciones. En ese momento supimos que había caído un poblador, el señor Esteban Zurita. Corrieron el rumor de que nosotros lo habíamos matado y el pueblo se enardeció. Se fueron contra nosotros con armas largas, machetes. Entraron en el campamento donde había muchas compañeras. Ya no fue posible un repliegue ordenado, huíamos en desbandada por la carretera. El padre de la iglesia nos dijo que dejaría abierta la puerta de la parroquia para guarecernos si era necesario, pero la gente nos cerró el paso. “Me percaté de que los tiros no salían solamente del pueblo, sino de los cerros.
Había francotiradores por todos lados. En esa carrera, a 500 metros del plantón, cayó Emilio Alonso Fabián, jefe de educación indígena de la zona 22 con sede en Pochutla.” El párroco de San Bartolo, quien varias veces intentó entrar en Santa María, considera que en ese pueblo “tuvo éxito la estrategia del gobierno de voltear la voluntad de la población contra los maestros”. Por eso, la noche del viernes los maestros intentaban huir por el monte y los pobladores se lanzaban en plan de cacería tras ellos. También se supo que varios heridos no fueron presentados a la Cruz Roja, sino sacados por atrás de la comisaría y subidos en un camión de volteo.
En horas de la madrugada se vio una caravana de vehículos sin luces salir del pueblo. Llevaban a 17 detenidos que fueron ingresados en la cárcel de Miahuatlán, a dos horas de distancia. Muchos maestros se refugiaron en casas de vecinos de Santa María, pero luego los entregaron a la policía. Se cree que algunos todavía están ahí, secuestrados. Un habitante fue detenido y acusado de homicidio por insistir en proteger a los maestros. Hoy en la madrugada el presidente municipal ordenó quemar las pertenencias de los maestros, incluso varios modestos coches.
Fuente: Blanche Petrich, Enrique Méndez, La Jornada en Internet,
http://www.jornada.unam.mx/2006/10/29/index.php?section=politica&article=006n1pol 16/12/2011