Luego de advertir que la permanencia de Ulises Ruiz en el gobierno de Oaxaca no está sujeta a negociación, Mariano Palacios Alcocer aseveró que «haría mal sus cálculos quien suponga que una relación del partido con el gobierno federal por el caso de Oaxaca condiciona la libertad de los legisladores priístas para aprobar alguna reforma.
El PRI no tiene alianzas exclusivas con ninguna organización ni es rehén de ningún aparato público». En entrevista, el líder nacional del tricolor enfatizó además que sería una irresponsabilidad del gobierno foxista no resolver con prontitud el conflicto en Oaxaca y dejar «el campo minado a la siguiente administración», pues, añadió, se trata de un asunto que si bien se da en el terreno de esa entidad, conlleva un cúmulo de obligaciones incumplidas del gobierno federal saliente, «y entendemos que si se da simulación en la convocatoria (al diálogo) o falta de profundidad en los compromisos, las soluciones pueden no llegar jamás».
Poco antes de reunirse en privado con el propio gobernador oaxaqueño, el dirigente priísta se refirió a la posibilidad de que se envíen a Oaxaca elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP). Subrayó que su partido cree en la posibilidad de la política y también sabe que en el sistema federal hay instrumentos para que las entidades federativas tengan el apoyo y la tutela de los poderes de la Unión, pero el PRI «no simpatiza con un acto de intervención que tenga que ver con la represión, sino con el ejercicio de la presencia de la autoridad federal, que ha sido absolutamente omisa.
«Y sería explícito: creo que vale la pena que se revise la utilización que ha tenido la fuerza pública federal cuando, en el caso de Lázaro Cárdenas, Michoacán, se dio sobre una empresa de naturaleza privada. Yo pondría sobre la mesa: ¿es más importante para el gobierno del presidente Vicente Fox la defensa de una empresa privada que la del interés público de un estado de la Federación? ¿Dónde está la jerarquía de valores?» Consideró que «tan errático es un dispositivo mal organizado que genere violencia, como uno, perdón la expresión, cargado de ingenuidad, en el cual se pusieran como escudos humanos a los agentes de la seguridad.
Por tanto, esto requiere ser analizado por los órdenes de gobierno responsables y en atención a los problemas específicos». Y ejemplificó a partir de los acontecimientos en aquella entidad: «están tomadas una serie de estaciones radiofónicas que son concesionarias del espacio federal. ¿Hay o no posibilidades de que intervenga el gobierno federal? Se dice que se han disparado armas de fuego. ¿Es o no responsabilidad federal? Se han estado obstruyendo las vías federales de comunicación. ¿Es o no un delito federal? A mí me parece que si esto no se reconoce de origen, pues entonces una mesa de negociaciones puede ser equivalente en su eficacia política a unos juegos florales».
Añadió que en el ejercicio de las facultades establecidas en la Constitución y en los usos políticos deseables para la República, «ningún problema de la administración saliente debe ser transferido a la entrante», al mencionar que el origen de la movilización de los grupos magisteriales de Oaxaca, en mayo, tenía que ver con el incumplimiento de la rezonificación de los maestros, que toca al orden federal. «El asunto de Oaxaca es una responsabilidad que deben atender, en el ámbito de su competencia, la Federación y el propio gobierno estatal, y de ninguna manera condiciona el comportamiento de nuestras bancadas en el Congreso de la Unión», insistió al reiterarle que en esta coyuntura se han venido dando acercamientos entre las fracciones de ambos partidos que apuntan a una alianza legislativa.
En cuanto a una eventual salida de Ulises Ruiz del gobierno de Oaxaca, Palacios Alcocer insistió en que sobre este punto no puede haber negociación: «nosotros partimos de un principio: el de la defensa de la legalidad y el del respeto a las autoridades legales y legítimamente constituidas. No puede haber legitimidad democrática sin apego a la legalidad electoral. El proceso por medio del cual llegó Ulises Ruiz fue sancionado por las autoridades competentes». Advirtió, además, que «no es posible que (la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca) establezca como base de negociación un punto irreductible, y si éste es sentarse a platicar para que se vaya el gobernador constituido, me parece que el planteamiento es un sofisma tramposo. Para nosotros, en este momento no existe otra posibilidad que el diálogo, la negociación, la solución de los problemas de fondo».
Fuente: Ciro Pérez Silva, La Jornada en Internet,
http://www.jornada.unam.mx/2006/09/29/index.php?section=politica&article=007n1pol 26/01/2012